Personalmente considero como antecedente inmediato de las hoy propuestas zonas económicas especiales (ZEE), a la forma en que se instrumentó la apertura petrolera hecha por Chávez y su manejo en la zona petrolífera del Orinoco. Se trató de empresa mixtas, a las que le entregaron porciones del territorio nacional, que administraban en forma casi soberana, pues el Estado redujo su presencia en las mismas. De hecho, no había libre tránsito en estos enclaves y las condiciones laborales no estaban sometidas a las regulaciones, que supuestamente las norman en el resto del país. Los socios extranjeros de nuestra industria petrolera gozaban también de una serie de prerrogativas desde el punto de vista impositivo, además de facilidades cambiarias, de importación y de repatriación de capitales.
Otro antecedente que hay que
señalar es que, en las contrataciones referidas, el Estado renunciaba a la
inmunidad de jurisdicción, por lo que los conflictos que surgieran en la
instrumentación de las mismas no se resolverían en los tribunales venezolanos.
Esa disposición es la misma que hoy existe en la proposición de Ley de ZEE.
Pero incluso podríamos irnos mucho más atrás, a la discusión y aprobación por
la Constituyente de 1999 de la actual Constitución. El artículo 151 de la Carta
Magna, presentado a la Constituyente, señalaba que en todos los contratos de
interés público estaría incorporada una cláusula, aun si no estuviera escrita,
que obligaba a resolver las controversias surgidas en los tribunales
venezolanos. A ese artículo, antes de aprobarlo, Chávez le incorporó una
coletilla que dice “si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de
los mismos”, disposición que anula en la práctica el artículo.
Estos antecedentes significan que, desde el inicio mismo de la llamada revolución bolivariana, sus dirigentes máximos tuvieron en mente la posibilidad del desarrollo de relaciones económicas, similares a las que hoy aparecen como novedosas y necesarias, para enfrentar la grave crisis económica que todos sufrimos. En 1999, un grupo de venezolanos impugnamos y solicitamos ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la derogatoria del artículo 151 o la eliminación de la coletilla señalada, pues estaba en contradicción con el artículo primero de la Constitución aprobada. El TSJ negó nuestra petición, pese a que la argumentación era más que clara y evidente. No se puede establecer, por ejemplo, una diferencia entre empresarios nacionales, obligados a litigar en tribunales de la república, y empresarios extranjeros que litigarían en tribunales internacionales.
La violación de la inmunidad de
jurisdicción está entonces presente desde la misma aprobación de la actual
Constitución. Ha sido una política de Estado de todos los gobiernos de este
siglo, como lo demostró la sentencia del TSJ ya mencionada. Hoy, Maduro
simplemente aplica ese claro legado, lo cual por supuesto no lo libera de
responsabilidades. En todo caso, su participación protagónica fue la de generar
tal deterioro de la economía y del país, que hoy se asume como imposible explorar
opciones distintas de la propuesta planteada. Recuerdo en este momento a Fidel
Castro en el Hotel Eurobuilding en 1989, cuando quiso convencer a un grupo de
dirigentes de la izquierda venezolana, de que Carlos Andrés Pérez no tenía
alternativa al paquete económico de entonces, por lo que era obligatoria su
aplicación. Tanto nadar para ahogarse en la orilla.
Luis Fuenmayor Toro
lft3003@gmail.com
Venezuela
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