Los estados pueden actuar como centros de poder, donde se toman las decisiones de acuerdo a la conveniencia de quienes lo dirigen, sosteniendo una política de estado donde se imponen lo que aprueban los que ejercen el poder, poniendo a un lado cualquier opinión o propuesta que no sea aceptable a su conveniencia. También pueden actuar como los grandes facilitadores, al promover todas las iniciativas para alcanzar mejoras sociales sostenidas en un crecimiento económico dentro de un marco de leyes que beneficien principalmente a los ciudadanos, con lo cual se crean mejores niveles de calidad de vida y desarrollo humano para sus habitantes.
Las Naciones Unidas consideran que los mayores niveles de desarrollo humano se alcanzan en aquellos países donde el estado actúa como el promotor del crecimiento social, otorgando a los ciudadanos el mayor número de derechos establecidos por esta institución. Lo podemos observar en las naciones donde no solo se le da prioridad al desarrollo social sostenido en buena calidad de vida, altos niveles educativos, empleos bien remunerados, facilidades para obtener vivienda o vehículo, seguros de vida y salud, etc.
Los derechos ciudadanos se hacen evidentes en la participación activa no solo en los procesos electorales para elegir a las autoridades públicas, responsables en la conducción de los distintos órganos de poder del estado, también en organizar asociaciones políticas o civiles que actúen como centros de opinión donde los ciudadanos expresen sus opiniones favorables o no, a las decisiones públicas que hayan tomado los responsables de la conducción de las distintas instituciones del estado. Lo cual se observa en los países donde se sostiene el equilibrio entre el estado y los ciudadanos, lo que se convierte en elevados niveles de desarrollo social sostenido en el crecimiento económico llevado adelante por la iniciativa de los propios ciudadanos.
El estado siempre debe actuar como un ente promotor de los derechos ciudadanos, sosteniendo una política de participación que facilite las mejoras sociales que los habitantes de sus países así lo requieran. En Venezuela el estado es dueño de todos los recursos minerales y naturales que poseemos, siendo el principal beneficiario de su explotación y manejo, por lo cual se constituye en el responsable de sostener el gasto público y la inversión social que la nación necesita. No obstante a pesar de los grandes recursos recibidos no se han alcanzado los niveles de bienestar esperado por los ciudadanos, sosteniendo el estado su estrategia política de un todopoderoso que controla el 80% de la actividad económica nacional limitando a los ciudadanos en su capacidad de desarrollar iniciativas en los sectores económicos controlados por el estado incluyendo las empresas y tierras tomadas a privados. Sostener éste conglomerado empresarial le ha traído grandes pérdidas a la nación, lo cual se ha traducido en desmejoras sociales al tener el Banco Central que financiar estas necesidades de recursos que se han convertido en inflación, con sus consecuencias en la calidad de vida de las familias y los preocupantes niveles sociales.
Vicente Brito
vicent.brito@gmail.com
@vicentejbrito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución
Venezuela
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