JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ, ¿VENEZUELA, ELECCIONES LIBRES, JUSTAS Y TRANSPARENTES?

Evaluar la posibilidad de celebrar en Venezuela, en presencia de un régimen tiránico, un evento electoral libre (obrar a su gusto), justo (las partes reciben un trato apropiado) y transparente (honestidad,ética y responsabilidad), pasa por la obligante necesidad de repasar ciertos hechos acaecidos en nuestro país que alteraron (y alterarán, ceteris paribus) cara al futuro) la legitimidad (en concordancia con lo estable-cido en el ordenamiento jurídico) y legalidad (acto realizado dentro del marco normativo) de todo proceso electoral. En tal sentido, en opinión de expertos, el sistema automatizado implementado por la empresa Smartmatic en 2004 hizo posible que los miembros del “crimen organizado se atornillaran en el gobierno venezolano” (Rubén Bustillos, octubre 2017), apuntalados por el “sistema electoral más se-guro del mundo” (¿?); que en efecto le ha facilitado al chavismo-madurismo “reflejar triunfos inobjeta-bles” (¿?) con excepción de las Elecciones Parlamentarias del 5D-2015, en razón a que los técnicos de Smartmatic no participaron (“diferencias”financieras entre el régimen y los accionistas) y por ende la dictadura no pudo alterar los resultados.

Es de acotar, que en función a la supuesta “realidad numérica de los resultados” la auditoría en las mesas electorales (conteo de votos) no han reflejado (ni reflejarán) la existencia de disparidades, anorma-lidades y trampas (acción que tiene como fin engañar) habida cuenta que los “resultados” siempre los ajustaron (y ajustarán) a una verdad contable” (¿?); al punto que la auditoría mesa por mesa siempre certi-ficó (y certificará) una exactitud numérica, habida cuenta que el Registro Electoral contiene una altísima cantidad de electores (más de un millón) con cédula de identidad con ilegalidad de origen pero validadas electoralmente.

Las cédulas de identidad emitidas fraudulentamente con fines electorales (principalmente), procedie-ron (y procederán) bien por duplicidad de documentos pertenecientes a votantes nacionales, o bien surgidos de la cedulación de extranjeros incorporados “legalmente” a dicho Registro Electoral en aras de “transformarlos” en “legítimos votantes”, los cuales fueron (y serán) ubicados en Centros Electorales de “características especiales” que les permitió (y permitirá) “ejercer el derecho al voto” en al menos dos Centros Electorales, muy específicamente en aquellos que permanecieron (y permanecerán) abiertos “hasta tanto haya votantes en espera”. De igual modo, en la mayoría de los casos estos centros de votación estaban (y estarán) ubicados en zonas inhóspitas y de difícil acceso para los miembros, testigos y votantes contrarios a la dictadura; lo cual facilitó (y facilitará) una triquiñuela adicional: los integrantes de las mesas fueron (y serán) seleccionados al momento de iniciarse el proceso de votación, con obvia prevalencia de votantes vinculados con el régimen previamente preseleccionados.

Desde una visión complementaria, es propicio señalar que la malvada estrategia de extender el horario de votación, justificaba (y justificará) la prohibición oficial de emitir resultados parciales, estimaciones y

proyecciones hasta tanto se cumpliera (y se cumpla) la perversa acción de retrasar la culminación del evento de votación; constituyendo una diabólica espera durante la cual el infame (que carece de honra y estimación) organismo electoral (léase cne, en minúscula) procedía (y procederá) al “ajuste contable” de la votación previo al anuncio de las “tendencias irreversibles” (¿?) que, como es de suponer, siempre eran (y serán) distintas a las que hasta ese instante manejaban (y manejarán) los partidos políticos y los medios de comunicación, pese a estar sustentadas en la base de datos digitalizada de los resultados oficiales obtenidos y suministrados por los propios miembros de las “mesas tempranas” (aquellas que habían culminado en el tiempo establecido) que en la mayoría de las oportunidades proyectaba una “tendencia irreversible” en favor de la oposición (más correctamente: contra el régimen) que luego se desvanecía (y desvanecerá) por la acción de una avalancha de “votos falsos-verdaderos” provenientes de las “mesas tardías” (aquellas donde votaron, después de vencido el horario, los “doble cédula” y los extranjeros ilegales). A tenor de lo descrito, vale recordar que el régimen venezolano le entregó hace mucho tiempo a Cuba tanto el control del sistema de cedulación como el del registro de ciudadanos (¡sobran los comentarios!).

Resulta una manifiesta obviedad, señalar que el escenario en comento fue (y será) solo posible gracias a la complicidad del cne ( de nuevo minúsculas intencionales) que permitió ( y permitirá), entre otras irregularidades, mantener las mesas abiertas más allá de la hora oficial de cierre sin la presencia de electores, en pro de dar tiempo para coordinar la votación de aquellas personas con doble y hasta triple cédula de identidad (único documento exigido) evidentemente incluidos previamente en el Registro Electoral, y que evidentemente aparecían (y aparecerán) en los libros de votación; o lo que es lo mismo la trampa estaba (estará) ya orquestada por la sencilla razón que dicho Registro Electoral se encontraba (y encontrará) viciado con electores inflados; al punto de perfeccionar la ¡simbiosis trampa-legalidad!.

Es de perogrullo afirmar, que la imposibilidad (desafortunadamente) de demostrar algún tipo de fraude electrónico asumido como una alteración de los sistemas o una sustracción de datos y archivos, siendo además un evidente hecho de “corrupción electoral” que ha facilitado la instrumentación de acciones incorrectas, no se ha podido detectar (descubrir) estructuralmente ante la dificultad de encontrar “prue-bas”, aunado a la complicidad de delincuentes electorales y de cooperantes fraudulentos que operaron (y operarán) con plena impunidad ante la ausencia, inducida, de miembros de mesa opuestos a la dicta-dura; tal como al momento de la instalación de las respectivas mesas cuando se suscribe el Acta de Iniciación equivalente a un “escrutinio de inicio” para verificar que las máquinas no contengan datos (deben estar en cero); e igualmente cuando se realiza el Escrutinio Nominal y se genera el denominado “chorizo” contentivo de los “resultados auténticos” (¿?) donde queda plasmada la paridad (¿?) entre el cuaderno de votación de electores y el número de votantes registrados.

Reflexión final: A manera de síntesis, vale la pena afirmar (con implícita insatisfacción) que el régimen dictatorial ha sabido instrumentar una estrategia equivalente a un “fraude legalizado” (digital-contable) que materializan complementariamente mediante, por una parte, la reubicación de mesas (usualmente efectuado de manera extemporánea) hacia zonas con críticas condiciones de inseguridad personal, y, por otra parte, por el funcionamiento de la denominada “hora loca” (unas cuatro o más horas) tiempo durante el cual se mantiene un “silencio sepulcral” que se interrumpe con una cadena nacional de radio y tele-visión para anunciar, con total hipocresía y falsedad, las “tendencias irreversibles” hacia la potencial ins-tauración de una dominación social en tránsito a un totalitarismo.

Econ. Jesús Alexis González 

jagp611@gmail.com

@jesusalexis­­­_Gon

VICTOR RODRIGUEZ CEDEÑO, ELECCIONES LIBRES Y JUSTAS, DEMOCRACIA Y COMUNIDAD INTERNACIONAL.

La expresión “elecciones libres y justas” tiene un sentido particular en el Derecho Internacional. No es una frase vacía, tampoco de simple contenido político.  Se trata de un principio íntimamente relacionado con los derechos humanos y con los conceptos democracia y estado derecho que se ubica en el ámbito de interés de la comunidad internacional, lo que permite que  ante su violación los gobiernos, las instituciones internacionales y la sociedad civil puedan pronunciarse legítimamente sin que ello pueda ser considerado, como usualmente lo argumentan los regímenes totalitarios, una injerencia en los asuntos internos del Estado.

Los pueblos tienen el derecho a la democracia que se basa en elecciones no solamente periódicas, sino libres y justas. El Estado tiene en consecuencia el deber de garantizarlas, lo que significa en pocas palabras asegurar la participación libre y sin discriminación de todos los candidatos, incluido el acceso a los medios de información en igualdad de condiciones; el respeto pleno al electorado que debe participar y expresar sus preferencias sin temores y una autentica e imparcial observación internacional que garantice transparencia y legalidad.

La realidad nuestra es que el régimen violenta estos componentes del principio de “elecciones libres y justas”. El régimen no solo incurre en un ventajismo sin límites, grosero y absolutamente inmoral, sino que viola todos los derechos de los candidatos y del electorado, principalmente, el derecho relativo a su seguridad e integridad física y moral,  el derecho de desplazarse libremente por todo el territorio nacional y el derecho a expresarse y reunirse sin restricciones.

La persecución de los candidatos es la regla; ella se traduce en aberrantes inhabilitaciones políticas, como las decretadas a Vecchio y Maria Corina. También se les persigue, se les amedrenta, se les ataca con violencia para impedirle hacer su campaña electoral en forma libre y sin riesgos, tal como ocurriera con Pizarro y otros en distintos Estados del país.

Pero no basta la presión sobre candidatos, sino sobre el mismo elector para impedir que se exprese, que participe, que vote y elija. Al aplicar un auténtico terrorismo de Estado a través de las bandas armadas creadas, sostenidas y financiadas por el régimen, buscan alejar al ciudadano de la contienda electoral, simplemente impedir su participación en el proceso. Los candidatos y los electores no solamente están impedidos de desplazarse por la persecución de las bandas paramilitares oficialistas, sino por la imposición de medidas arbitrarias, como las incluidas en los nefastos e injustificados estados de excepción decretados en algunos Estados del país.

Los candidatos opositores no tienen acceso a los innumerables medios del Estado sometidos al Ejecutivo y a la orden del partido oficialista, tampoco a los tantos “privados” obligados por una censura sin precedentes, para expresarse libremente en campaña electoral. Hay una discriminación absoluta en su contra. El oficialismo, con Maduro y Cabello al frente, acompañados por los animadores de los shows del régimen en las televisoras del Estado, no sólo ocupan el espacio informativo electoral en forma absoluta y grosera y a tiempo completo, sino que aprovechan su secuestro para descalificar a los opositores, dentro de la mayor impunidad, sembrando odio y violencia, bajo forma de paz y tranquilidad, ignorando que tales actos van más allá de delitos electorales simples, tal vez parte de crímenes internacionales que en algún momento conocerán los órganos de justicia penal internacional.

Otro componente del concepto “elecciones libres y justas”, igualmente violentado por el régimen, es el de la “observación  internacional imparcial” que el régimen ha interpretado a su manera para adaptarla a sus intereses. La aplicación sesgada del principio por las “autoridades” no sólo se muestra insuficiente sino perversa, negando la necesaria transparencia que exige todo proceso electoral. El “acompañamiento” es una fórmula hecha a la medida por el régimen en forma de triquiñuela, para instrumentar el fraude continuo que ha caracterizado este proceso. Pero se equivoca de nuevo el régimen pues a pesar de su insistente negativa sobre la transparencia y la “observación internacional”, habrá una “observación virtual” que permitirá detectar el fraude en todas las etapas del proceso.

Los gobiernos y los demócratas de la región y del mundo se han por fin percatado de lo que realmente ocurre en el país en donde las instituciones llamadas a defender los derechos de los ciudadanos, el CNE, el Defensor del Pueblo y la Fiscal General, se hacen cómplices del oficialismo al tolerar, apoyar y encubrir las violaciones. Ya no se trata de ex-presidentes y dirigentes demócratas del mundo los que se manifiestan, sino de mandatarios en ejercicio que “exhortan” a Maduro a respetar las reglas electorales en especial las relacionadas con las “elecciones libres y justas”.

La comunidad internacional ha constatado las violaciones por el régimen de las reglas y de los principios electorales fundamentales. Espera, sin embargo, para pronunciarse, el desarrollo del proceso del 6D que podría estar marcado por la violencia de las hordas chavistas en los centros electorales y por tentativas de fraude de todo tipo al final del día y después del 6D, por un eventual desconocimiento de la nueva Asamblea como Poder independiente del Estado, tal como lo establece la Constitución de la República lo que se acercaría a un autogolpe o “fujimorazo” cuyas consecuencias son bien conocidas.

En definitiva, si el régimen viola las normas y principios electorales e irrespeta los derechos de los venezolanos a expresarse libremente y escoger sus autoridades, simplemente abandonaría el estado de derecho y el orden democrático, es decir, incurriría en una ruptura del orden constitucional lo conllevara a la activación de las cláusulas democráticas vigentes en América, en especial, la incluida en la Carta Democrática Interamericana.

Victor Rodriguez Cedeño

vitoco98@hotmail.com

@VITOCO98

Caracas - Venezuela