La expresión “elecciones libres y justas” tiene un
sentido particular en el Derecho Internacional. No es una frase vacía, tampoco
de simple contenido político. Se trata
de un principio íntimamente relacionado con los derechos humanos y con los
conceptos democracia y estado derecho que se ubica en el ámbito de interés de
la comunidad internacional, lo que permite que
ante su violación los gobiernos, las instituciones internacionales y la
sociedad civil puedan pronunciarse legítimamente sin que ello pueda ser
considerado, como usualmente lo argumentan los regímenes totalitarios, una
injerencia en los asuntos internos del Estado.
Los pueblos tienen el derecho a la democracia que
se basa en elecciones no solamente periódicas, sino libres y justas. El Estado
tiene en consecuencia el deber de garantizarlas, lo que significa en pocas
palabras asegurar la participación libre y sin discriminación de todos los
candidatos, incluido el acceso a los medios de información en igualdad de
condiciones; el respeto pleno al electorado que debe participar y expresar sus
preferencias sin temores y una autentica e imparcial observación internacional
que garantice transparencia y legalidad.
La realidad nuestra es que el régimen violenta
estos componentes del principio de “elecciones libres y justas”. El régimen no
solo incurre en un ventajismo sin límites, grosero y absolutamente inmoral,
sino que viola todos los derechos de los candidatos y del electorado,
principalmente, el derecho relativo a su seguridad e integridad física y moral, el derecho de desplazarse libremente por todo
el territorio nacional y el derecho a expresarse y reunirse sin restricciones.
La persecución de los candidatos es la regla; ella
se traduce en aberrantes inhabilitaciones políticas, como las decretadas a
Vecchio y Maria Corina. También se les persigue, se les amedrenta, se les ataca
con violencia para impedirle hacer su campaña electoral en forma libre y sin
riesgos, tal como ocurriera con Pizarro y otros en distintos Estados del país.
Pero no basta la presión sobre candidatos, sino
sobre el mismo elector para impedir que se exprese, que participe, que vote y
elija. Al aplicar un auténtico terrorismo de Estado a través de las bandas
armadas creadas, sostenidas y financiadas por el régimen, buscan alejar al
ciudadano de la contienda electoral, simplemente impedir su participación en el
proceso. Los candidatos y los electores no solamente están impedidos de
desplazarse por la persecución de las bandas paramilitares oficialistas, sino
por la imposición de medidas arbitrarias, como las incluidas en los nefastos e
injustificados estados de excepción decretados en algunos Estados del país.
Los candidatos opositores no tienen acceso a los
innumerables medios del Estado sometidos al Ejecutivo y a la orden del partido
oficialista, tampoco a los tantos “privados” obligados por una censura sin
precedentes, para expresarse libremente en campaña electoral. Hay una
discriminación absoluta en su contra. El oficialismo, con Maduro y Cabello al
frente, acompañados por los animadores de los shows del régimen en las
televisoras del Estado, no sólo ocupan el espacio informativo electoral en
forma absoluta y grosera y a tiempo completo, sino que aprovechan su secuestro
para descalificar a los opositores, dentro de la mayor impunidad, sembrando
odio y violencia, bajo forma de paz y tranquilidad, ignorando que tales actos
van más allá de delitos electorales simples, tal vez parte de crímenes
internacionales que en algún momento conocerán los órganos de justicia penal
internacional.
Otro componente del concepto “elecciones libres y
justas”, igualmente violentado por el régimen, es el de la “observación internacional imparcial” que el régimen ha
interpretado a su manera para adaptarla a sus intereses. La aplicación sesgada
del principio por las “autoridades” no sólo se muestra insuficiente sino
perversa, negando la necesaria transparencia que exige todo proceso electoral.
El “acompañamiento” es una fórmula hecha a la medida por el régimen en forma de
triquiñuela, para instrumentar el fraude continuo que ha caracterizado este
proceso. Pero se equivoca de nuevo el régimen pues a pesar de su insistente
negativa sobre la transparencia y la “observación internacional”, habrá una
“observación virtual” que permitirá detectar el fraude en todas las etapas del
proceso.
Los gobiernos y los demócratas de la región y del
mundo se han por fin percatado de lo que realmente ocurre en el país en donde
las instituciones llamadas a defender los derechos de los ciudadanos, el CNE,
el Defensor del Pueblo y la Fiscal General, se hacen cómplices del oficialismo
al tolerar, apoyar y encubrir las violaciones. Ya no se trata de ex-presidentes
y dirigentes demócratas del mundo los que se manifiestan, sino de mandatarios
en ejercicio que “exhortan” a Maduro a respetar las reglas electorales en
especial las relacionadas con las “elecciones libres y justas”.
La comunidad internacional ha constatado las
violaciones por el régimen de las reglas y de los principios electorales
fundamentales. Espera, sin embargo, para pronunciarse, el desarrollo del
proceso del 6D que podría estar marcado por la violencia de las hordas
chavistas en los centros electorales y por tentativas de fraude de todo tipo al
final del día y después del 6D, por un eventual desconocimiento de la nueva
Asamblea como Poder independiente del Estado, tal como lo establece la
Constitución de la República lo que se acercaría a un autogolpe o “fujimorazo”
cuyas consecuencias son bien conocidas.
En definitiva, si el régimen viola las normas y
principios electorales e irrespeta los derechos de los venezolanos a expresarse
libremente y escoger sus autoridades, simplemente abandonaría el estado de
derecho y el orden democrático, es decir, incurriría en una ruptura del orden
constitucional lo conllevara a la activación de las cláusulas democráticas
vigentes en América, en especial, la incluida en la Carta Democrática
Interamericana.
Victor Rodriguez
Cedeño
vitoco98@hotmail.com
@VITOCO98
Caracas - Venezuela
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