En el mundo político
venezolano, en el bando democrático y republicano, contamos con un grupo grande
de abogados constitucionalistas de la vieja escuela kelsiana; éstos abogan por
una democracia más procedimental que sustantiva, lo que limita de manera
importante sus juicios valorativos, y permitió que un asunto como la
nacionalidad de quien fuera candidato a la más alta magistratura del país, el
caso del ciudadano Nicolás Maduro Moros, cuando el CNE lo reconoció como apto
para postularse como aspirante a la presidencia de la república, fuera asumido sin
mayores aspavientos, a pesar de que algunos sectores de la oposición
cuestionaran enérgicamente el asunto.
De hecho, varios
importantes líderes de la oposición desestimaron el asunto como “poco
importante”, entendiendo que si un órgano de los poderes públicos, como el
Consejo Nacional Electoral, había admitido tal postulación, se daba por
descontado que los procedimientos de constatación de un asunto tan elemental
como la verificación de la nacionalidad, eran una rutina para el CNE y dejaron
pasar el asunto; eso a pesar de que voceros del CNE declararan que ésa no era
su competencia, que ellos sólo pedían la cédula de identidad, no la partida de
nacimiento.
Y es que este “poco
importante” detalle se perdía ante la enormidad de la situación nacional para
aquel momento, el país descubría que el presidente Chávez tenía un cáncer
mortal y que su vida corría peligro; y, ante el apuro de un inminente vacío de
poder, Chávez designaba a Maduro, su Vicepresidente para aquel momento, como su
“sucesor” y candidato para las elecciones presidenciales, y el partido PSUV, el
más grande e importante partido político del momento, inicia los trámites ante
el CNE en forma expedita para inscribir la nueva candidatura.
Fue de esta manera
como se consumó un fraude continuado contra los intereses del país en una
concertación de personas e instituciones que convenientemente “obvió” el
detalle de verificar si el señor Nicolás Maduro Moros era de nacionalidad
venezolana, como lo exige la Constitución Nacional.
Las voces que
alertaban sobre esta situación irregular iniciaron investigaciones que
condujeron a un misterio: el señor Maduro decía una cosa, que era venezolano,
nacido en la parroquia de El Valle, en Caracas, y la documentación y
declaratorias de testigos decían otra, que Maduro era un ciudadano Colombiano,
nacido en Bogotá, de madre natural de la ciudad de Cúcuta, en Colombia.
Las declaraciones del
diputado Walter Márquez del estado Táchira, afirmaban que sus indagaciones
terminaron en un Registro de Bogotá, donde el Libro de Actas en el cual estaba
supuestamente asentada la partida de nacimiento del ciudadano Maduro tenía
varias páginas faltantes; en su opinión, personas interesadas en borrar esta
evidencia, habían arrancado las páginas del libro.
Lo más extraño del
asunto es que la partida de nacimiento venezolana del señor Maduro no aparece
por ningún lado, aparentemente el CNE posee una copia entregada por el Sr.
Maduro, pero que jamás se ha mostrado, a pesar de la controversia.
Nos encontramos
entonces frente al problema de la identidad del Sr. Maduro Moros.
Todos los ciudadanos
venezolanos debemos tener por ley, nuestra identidad debidamente acreditada
como ciudadanos de este país; la expedición de la partida de nacimiento es un
derecho que adquirimos al nacer y es un deber que todo padre y madre
venezolanos tiene, de presentar el niño a las autoridades.
Los padres deben
presentar a las autoridades competentes los recaudos necesarios que prueben la
existencia de todo nuevo ciudadano, y el documento emanado de ese trámite es la
base elemental de toda una estructura documental-legal que le da a los
ciudadanos la posibilidad de actuación en el plano jurídico y que sirve como
prueba ante terceros de que es la persona quien dice ser.
Los documentos de
identidad son parte integral de la seguridad jurídica de las personas, al punto
que ha sido reconocido como un derecho humano fundamental.
A las personas que no
pueden probar de manera documental quiénes son, se les dice “indocumentados” y
son una anomalía en el sistema que se puede corregir de muchas maneras; en el
sistema de identidad venezolano existen los documentos supletorios, que por meras
acciones declarativas pueden subsanar el problema; pero siempre se prioriza que
la persona disponga de documentos de identidad que le permitan desenvolverse
sin problemas en la sociedad, por eso se exige un mínimo al otorgar esta
documentación, que cumpla con las exigencias de ley, la veracidad de sus datos
y que dicha información pueda ser verificable, esto para evitar justamente la
posibilidad de fraudes y otras actividades ilícitas amparadas por falsas
identidades.
El asunto es que,
sobre la base documental de la partida de nacimiento, se empieza a otorgar otra
serie de documentos, el principal es la cédula de identidad, y se parte de allí
a otros de diferentes alcances, como pasaportes, certificados, títulos,
permisos, credenciales, nombramientos, asensos, etc. Es por eso que los delitos
contra la identidad son no solo normativamente sancionados, sino moralmente
repudiables, pues atentan directamente en contra de la seguridad en las
relaciones humanas.
Debemos hacer una
especial mención a la identidad de los individuos cuando intervienen en asuntos
públicos, sobre todo en política y donde está en juego la representación de
otros ciudadanos; quiero referirme al momento en que una persona accede a una
posición de poder en la administración pública, en cargos tan importantes como
diputado, o presidente de la Asamblea Nacional, o Canciller de la República, no
digamos como Presidente de la República, cargos que tienen que ver con la fe
pública y con aspectos claves de la seguridad de Estado.
Lo usual para acceder
a estos cargos es una exhaustiva investigación sobre la persona, y más
específicamente sobre sus documentos de identidad; esto es importante, ya que a
muchos de esos cargos se accede por medio de nombramientos formales y sus
responsabilidades conllevan a que emanen decretos y actos de gobierno que
comprometen muchas veces la seguridad del estado y que sólo son válidos si son
refrendados con la información sobre su identidad personal, no digamos nada de
aquellos actos que implícitamente compromete a la nación frente a otros
gobiernos.
Vale recordar que
para que un nombramiento quede formalmente sellado se estila hacer un
juramento, donde lo primero que se declara es el nombre de la persona y la
condición en la que se presenta, si la persona que hace el juramento no dice la
verdad, está cometiendo perjurio que, entre otras consecuencias, hace nulas, de
nulidad absoluta, sus actuaciones como funcionario… así de grave es la
usurpación de identidad.
Es necesario recordar
estas cosas, ahora, cuando nos encontramos ante la difícil situación de una
confrontación de poderes, entre el Ejecutivo y el poder Legislativo y que va a
arrastrar al poder Judicial. El 6D la
voluntad popular quedó claramente expresada en una Asamblea Nacional con una
mayoría calificada en manos de los partidos de la oposición, voluntad ésta que
el presidente Maduro quiere desconocer y está maniobrando para hacer írrito el
proceso electoral que perdió de manera aplastante.
Veo con incomodidad y
estupor como nuestros más avezados constitucionalistas se están enredando en
aspectos normativos de una situación que podría sumir a la recién electa
Asamblea en un largo proceso de discusiones, todo en medio de la más espantosa
crisis económica de nuestra historia republicana, a la que necesitamos
responder de inmediato con medidas heroicas y sacrificios muy duros para
nuestro pueblo.
El mandato que la
Asamblea Nacional ha recibido del pueblo debe ser honrado, aún contra la
situación absurda de un presidente que no le quiere rendir cuentas al país y
que no permite que se tomen las medidas necesarias para enfrentar la crisis.
Es por ello que
propongo como punto único en la agenda parlamentaria, emplazar al CNE para que
aclare el asunto de la nacionalidad del actual presidente, citar al ciudadano
Nicolás Maduro Moros para que aclare su supuesta condición de persona
indocumentada, de su presunto fraude continuado de usurpación de identidad y de
sus presuntos delitos de falsificación de documentos, perjurio al ocupar altos
cargos públicos; se debe contactar a las autoridades colombianas para que
aclaren el asunto de la presunta nacionalidad del ciudadano Nicolás Maduro
Moros, citar a las autoridades del partido político PSUV para investigar sus
actuaciones como concurrentes en la conspiración de postular a un ciudadano
extranjero para el cargo de presidente de la República y que exponga sus
intenciones detrás de esta violación a la seguridad de la nación.
En las actuales
circunstancias, la oposición debe ir directo a la yugular que le ha dado vida a
este esperpento de gobierno; por el bien y la tranquilidad del país, deberá
exigir la renuncia inmediata del señor Maduro a la presidencia de la República
y su posterior enjuiciamiento en caso que se demuestre, no tanto que es un
extranjero, sino un indocumentado. -
Saul Godoy Gomez
saulgodoy@gmail.com
@godoy_saul
Miranda – Venezuela
