El próximo 5 de enero es la fecha establecida
por la Constitución para que se instale la nueva Asamblea Nacional y se inicie
así el primer periodo de sesiones ordinarias del año 2016. Se trata de la primera
asamblea o parlamento no dominado por el partido de gobierno desde aquel
Congreso Nacional instalado el 23 de enero de 1999, donde el Movimiento V
República integrante del denominado Polo Patriótico, obtuvo 12 senadores y 41
diputados, convirtiéndose así en la segunda fuerza política dentro de aquel
Poder Legislativo, que en los comicios del 8 de noviembre del 2008 ganara
Acción Democrática con una exigua mayoría que no le permitía, por si sola, dominar
el Congreso sin los votos de Copei y de Proyecto Venezuela. Una situación, en
términos generales, parecida a la de hoy en día, aunque con una oposición más fragmentada
en pequeños partidos políticos, pero con una armonía entre ellos, que quizás no
existía en 1998, solamente amalgamada por la necesidad y el dialogo en eso que
se denomina Mesa de la Unidad Democrática.
Han transcurrido diecisiete años desde entonces
y pareciera que la historia vuelve a repetirse. Cambian los actores y las
circunstancias, pero la trama es la misma. Ya no está Chávez, es verdad, pero
el presidente del país, ahora es Maduro, el ungido por Chávez; ya no hay
Congreso bicameral, ahora se le llama Asamblea y no hay senadores, todos son
diputados; hasta los partidos han cambiado de nombre, desaparecido algunos o
transformado en otros. Pero lo cierto es
que hoy al igual que ayer, la oposición ganó las elecciones legislativas, el
presidente del gobierno es chavista y se anuncia un choque de trenes entre
ambos poderes, como también se presagiaba a comienzos del año 1999.
Puede decirse que hasta se respira una cierta
tensión, similar a la que precedió la llegada del 25 de agosto del 99, cuando
la Asamblea Constituyente decretó la desaparición del Congreso de la República.
Como se recordará, ya mucho antes de que la corriente del Polo Patriótico arrasara en
el proceso comicial, efectuado en junio de
aquel año, para designar los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente,
el propio Chávez se había encargado de calentar el ambiente político con
declaraciones frecuentes y altisonantes en contra del nuevo Congreso, del cual demandaba
una “ley habilitante”, su máxima colaboración para que el proceso constituyente
fluyese sin contratiempo, y ninguna traba política a sus decisiones como
presidente. En relación con esto último, fue precisamente
el rechazo de la Comisión de Defensa de la Cámara del Senado, al ascenso de 34 oficiales, agregados por el propio
Chávez a una lista de más de doscientas promociones, que incumplían con los
requisitos de la ley, específicamente con el tiempo máximo exigido para poder
ser promovido y con las condiciones requeridas para optar al grado inmediato
superior, la gota que derramó el vaso de la paciencia de Chávez, quien amenazó
al Congreso con su disolución por la Asamblea Constituyente que sería elegida
por el pueblo el 25 de julio próximo; lo cual efectivamente ocurrió.
Un hecho este último absurdo
por ilegal, amén de ilegítimo, que acabó
con el otrora Congreso Nacional meses antes de que la nueva Constitución fuese
promulgada y un nuevo Poder Legislativo fuese conformado. Pero la mentira
convertida en verdad, por muchos que hoy se esconden, de que aquella Asamblea Constituyente
era “originaria”, sirvió para defenestrar a unos senadores y diputados, electos
por el pueblo, incluso con más votos que los que habían obtenido sus verdugos,
es decir, los constituyentes, pues no se debe olvidar que en las elecciones
parlamentarias de noviembre de 1998 votaron más de seis millones de personas,
mientras que en las elecciones del 25 de julio de 1999, donde se eligieron a los
miembros de la Constituyente, sufragaron un poco menos de cinco millones de
ciudadanos. Algo que no tiene justificación posible.
Claro que aunque en el escenario de hoy en
día, no hay una Constituyente en ciernes, que amenace con disolver a la nueva
Asamblea Nacional, el miedo persiste y está aún latente, en la memoria colectiva,
pues ya el oficialismo ha dado señales de querer hacer lo mismo, desde el
momento que anuncio la instalación un “parlamento comunal”, la impugnación de
la elección de varios diputados de la oposición y la defensa con el pueblo en
la calle, si la nueva Asamblea Nacional
legislaba en contra de los logros de la revolución.
Un temor frente al cual algunos líderes de la
oposición han reclamado la protección ese día 5 de enero, de los diputados, por
parte de la Guardia Nacional, avisado como ya ha sido que los “círculos bolivarianos” y
algunos otros colectivos, podrían salir a la calle en dicha fecha, como
lamentablemente ocurrió de manera similar el 25 de
agosto de 1999. Aquel día, cuando los congresistas opositores al régimen,
después de un receso, quisieron volver a entrar al edificio sede del Congreso,
fueron repelidos por simpatizantes del chavismo, resultando varios de ellos
heridos en el momento en que intentaban
saltar la reja que rodea al edificio. Ocurría además, al mismo
tiempo, la ocupación por la mayoría oficialista constituyente de las
instalaciones del Palacio Federal Legislativo, la
suspensión de la sesiones del Congreso y la reducción del Parlamento a una
simple Comisión Delegada conformada por 23
congresistas que podían legislar, pero siempre sujetando sus decisiones al veto
de la Asamblea Nacional Constituyente en
las materias importantes.
Demás está decir, que la opinión pública de
entonces, interpretó las protestas de los parlamentarios opositores que
calificaron el incidente de “golpe de estado”, como vanos intentos de la
desprestigiada clase política tradicional de detener los cambios.
Esperemos que en esta ocasión impere la
cordura por parte del gobierno y que la nueva Asamblea Nacional se instale sin
contratiempos y vituperios, algo de lo que no existen garantías. Pero de lo que
si podemos estar seguros, es de que la opinión pública ha cambiado.
Jose Luis
Mendez
Xlmlf1@gmail.com
@Xlmlf1
España
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