OJOS DEL MUNDO SOBRE VENEZUELA
El abuso del poder por parte del régimen que preside Nicolás Maduro,
pone de manifiesto la violación consuetudinaria de los más elementales
principios democráticos, como la pretensión de desconocer a la Asamblea
Nacional, que ha servido de pretexto para que el Tribunal Supremo de Justicia
(¿), actúe en nombre del Parlamento, afectando sin escrúpulo de ninguna
naturaleza el proceso político institucional del país, lo cual genera
indignación, impotencia e indefensión
frente a tantas barbaridades y atropellos, de los que no se salva ni la propia
Constitución Nacional.
La flagrante y recurrente violación de la Carta Magna tiene visos
inusitados que el régimen de Maduro exhibe como normal, pero constituye sin
lugar a dudas un peligroso síndrome, que no es otra cosa que una severa crisis
de conciencia, fenómeno psicosocial e ideológico, que lo ha llevado a realizar
actos que el país viene reclamando, tales como el destape de la corrupción, el
gasto de los recursos públicos sin rendición de cuenta ante la Asamblea
Nacional, entre otros tantos, los cuales el país observa entre incrédulo,
estupefacto y desengañado, sin que existan las debidas sanciones contra quienes
han burlado la buena fe y confianza de un pueblo, cansado de tanta abulia,
abusos y humillaciones.
Estos predicadores del populismo endémico y defensores de la “justicia
social” han perpetrado tanto abuso que PDVSA, otrora empresa estatal petrolera
orgullo de los venezolanos, se ha constituido en la caja chica del régimen, y por desgracia en el foco infectante de
corrupción en la que algunos funcionarios han acumulado inmensas fortunas, sin
que se apliquen los correctivos pertinentes y se juzgue a sus autores, como es
el caso de los directivos denunciados por el diputado Carlos Andrés Michelangeli,
quien señaló que la captura llevada a cabo en fecha reciente fecha por
funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgdim), en
el estado Anzoátegui es tardía, ya que por años se ha solicitado investigar a
los gerentes de la petrolera: Director adjunto de Producción de la Faja
Petrolífera del Orinoco; Gerente de la División Ayacucho, ubicada en Campo
Norte de San Tome y el Gerente Ejecutivo de la Faja Petrolífera.
De nada ha servido a la Fiscalía General de Venezuela, Contraloría
General y demás órganos competentes del país,
que los empresarios venezolanos detenidos en Estados Unidos, Juan José
Hernández Comerma y Charles Quintard Beech III,
se hayan declarado culpables de haber participado en un esquema de
sobornos para obtener contratos de Petróleos de Venezuela, al mismo tiempo que
acordaron suministrar información a la Fiscalía de Texas, en donde serán
sentenciados el 14 de julio del presente año, según información ofrecida por la Corte del
Distrito Sur de esa ciudad.
El caso Odebrecht, al que nos referimos en anterior columna, con
detalles sobre las investigaciones que realizan en las otras 8 naciones
latinoamericanas, en los que la empresa constructora brasileña realizó
contratos, en nuestro país, el régimen guarda el más absoluto silencio. Maduro
solo manifestó que las obras serán concluidas, pero en ningún momento hizo
referencia acerca del soborno recibido por funcionarios del régimen
chavista-madurista, que según cifras aportadas por autoridades gubernamentales de
los Estados Unidos, en Venezuela supera
el orden de los 98 millones de dólares. El cólera de la corrupción alcanzó la
médula del cuerpo gubernamental del régimen socialista, marxista y mal llamado
bolivariano.
Preconiza Maduro sobre la genuina democracia participativa que exhibe su
gobierno, pero a menudo se observa en las acciones que ejecuta, su talante nada
democrático, afianzado por lo que en la jerga populista la ha dado en denominar
el gobierno “cívico-militar”, en el que juegan papel preponderante los
militares. A tal extremo, que el Ministro de Defensa, Padrino López, devenido
en actor político, expresó sin más ni más: “Exigir elecciones es un plan
desestabilizador”, agregando luego que “La constante presión geopolítica,
ejercida por países imperialistas para garantizar el control de nuestra patria
por cualquier medio, usando como pretexto la restauración de los derechos
humanos, la democracia, las libertades públicas, la liberación de presos
políticos, el derecho al voto, entre otras, buscan desprestigiar al gobierno
bolivariano del presidente Nicolás Maduro Moros y dar un viraje al proceso
revolucionario”. Esto lo afirmó ante miembros del alto mando militar y
comandantes de guarniciones, reunidos en el auditorio de Fuerte Tiuna.
Y por si fuera poco, Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del
régimen y del partido socialista unido de Venezuela (PSUV), sin empacho alguno
y con el mazo en la mano expresó con tono cuartelero, cual sargento de tropa:
“Siempre le hemos hablado con la verdad a la oposición, le dijimos que no
habría elecciones y no habrá elecciones de ningún tipo, le dijimos que Maduro
no se iba y aquí sigue mandando el presidente”.
Esta triste situación que vivimos los venezolanos por fin ha comenzado a
despertar la conciencia de muchos países y organismos internacionales, entre
otros la Cámara de Diputados de Chile
que aprobó un documento para pedir a la Organización de Estados
Americanos (OEA), la activación de los artículos 20 y 21 de la Carta
Democrática Interamericana, la misma que el Secretario General de la
Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro solicitó hace varias
semanas, y que en días recientes exigió apurar su aplicación, pues según sus propias palabras: “la situación en
Venezuela llegó a su límite”.
La Carta Democrática Interamericana es un mecanismo que se aplica en el
caso de que se produjera una ruptura del proceso político institucional
democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente
electo, en cualquiera de los Estados miembros de la organización. Venezuela es
uno de ellos. Con la activación de la Carta Democrática Interamericana se puede
acordar la suspensión temporal del Estado Miembro, del ejercicio de su derecho
de participación en la OEA. Para que ello se materialice se requiere del voto
de los dos tercios de los Estados que conforman la Organización (34 países).
Para Maduro y su pléyade de camaradas, la aplicación de la Carta
Democrática Interamericana sería una injerencia en los asuntos internos del
país, por lo que en sus populistas discursos (¿) refiere que la oposición solo
pretende que fuerzas militares extranjeras invadan al país, cosa totalmente
incierta porque la intervención extranjera directa (Cascos azules u otras
fuerzas) no está prevista en ninguno de los contenidos de la Carta Democrática,
ya que eso iría en contra de los principios de no intervención, soberanía e
independencia de los Estados, fundamentos que rigen el espíritu de la Carta de
la Organización de los Estados Americanos (Art.3). Pero, la aprobación de una
resolución por parte de una Asamblea General de la OEA, condenando el
comportamiento antidemocrático del gobierno de Maduro, representaría un triunfo
para los sectores democráticos.
Asimismo, la exclusión del sistema interamericano limitaría la capacidad
de acción del régimen madurista, y este internacionalmente se encontraría
igualmente aislado y en entredicha su gestión administrativa. La aplicación de
las sanciones previstas en la Carta Democrática representa un activo moral para
los sectores de oposición.
En materia internacional, ante una alteración del orden constitucional,
cualquier Estado miembro de la OEA o su secretario general pueden solicitar la
convocatoria del Consejo Permanente para analizar la situación y adoptar las
decisiones diplomáticas o de buenos oficios que se estimen convenientes, a fin
de promover la normalización de la situación alterada.
Señores del mundo, hermanos de Latinoamérica, Venezuela enfrenta una
gravísima situación que está generando un éxodo jamás visto de hombres, mujeres
y niños en busca de nuevos horizontes, cuya cifra sobrepasa de los dos millones
y medio, aunado a una emergencia alimentaria y de medicinas, amén de la
corrupción, inseguridad y nepotismo que impera en el régimen de Maduro. La
aplicación de la Carta Democrática Interamericana es el salvavidas de un país
en ruinas, aquejado de todos los males económicos, políticos, sociales y
militares.
Carlos E. Aguilera A.
careduagui@yahoo.com
@_toquedediana
*Miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas (CNP.122)
Aragua - Venezuela
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