LA LEGITIMIDAD
La
gobernabilidad es fundamental en el mantenimiento del orden social. Tiene que
ver con la capacidad de un gobierno para sostener la estabilidad social y
política dentro de un marco de respeto al orden jurídico establecido. El origen
del término "gobernabilidad" viene del verbo latino
"gubernare", que puede traducirse como "pilotar un barco".
En
el caso que nos ocupa podríamos resumir el concepto como la capacidad de un
gobierno para pilotar el barco del Estado.
Venezuela
está atravesando por lo que probablemente sea una de las peores crisis de toda
su historia. La podemos comparar con una tormenta en medio del océano con olas
encrespadas. Quien conduce el buque parece haber perdido la capacidad de
sortearla. Peor aún, fue su incapacidad la que condujo el buque al vendaval,
cuando todos le advertían que ese rumbo lo llevaría al desastre.
Los
buques están diseñados para superar estos temporales, tal como los Estados lo
están para superar las crisis, por severas que estas sean. Hay una sola
condición para que puedan lograrlo: la legitimidad.
Mientras
la sociedad perciba que el gobierno es legítimo, los miembros de la misma
tienen la obligación moral de acatar al gobernante. La situación cambia cuando
este pierde la legitimidad.
¿En
qué consiste la legitimidad de un gobernante? La misma puede ser de dos
tipos: de origen y de desempeño.
Hay
legitimidad de origen cuando se han respetado las normas electorales. Tal como
lo señala la Constitución, el soberano no es el régimen, es el pueblo, quien
puede ejercer esa soberanía directamente o "indirectamente, mediante el
sufragio por los órganos que ejercen el Poder Público".
Ahora
bien, cuando después de haber cumplido con todas las condiciones el régimen
violenta el derecho del pueblo a convocar un referendo revocatorio previsto en
la Carta Magna -en arreglo con una Sala Constitucional a su vez también de
dudoso origen- o cuando por las mismas vías el CNE retrasa o impide la
convocatoria a elecciones de gobernadores, la consecuencia es que ese régimen
pierde su legitimidad de origen.
Por
su parte, la legitimidad de desempeño depende, tal como lo expresa la propia
Carta Magna, de que el gobierno respete "la Constitución y la ley". Y
es que "los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella
están sometidos". Al violar el equilibrio de los Poderes que es una de las
condiciones "sine cua non" de la democracia, el régimen está
desconociendo la soberanía popular y el sometimiento que a ella le debe, con lo
cual destruye la legitimidad de
desempeño.
Así,
cuando la Sala Constitucional dicta sentencias sin juicio para declarar en
"desacato" a la Asamblea Nacional, viola la soberanía del pueblo,
porque la tal figura del desacato de la Asamblea no está prevista en la Constitución.
Y
cuando la Sala Electoral dictamina que hubo irregularidades en la elección de
los diputados por Amazonas, pero no lo prueba ni adelanta un juicio, ni convoca
a nuevas elecciones, también está violando la soberanía popular.
Y
cuando organismos vinculados al Ejecutivo se niegan a acatar las órdenes de un
Tribunal de liberar a un detenido, también violan esa soberanía. Y cuando el
régimen mantiene numerosos presos políticos violenta expresos mandatos de la Carta Magna, así como
cuando desconoce sentencias de organismos internacionales derivados de Pactos y
Tratados debidamente suscritos y ratificados por la República. Vale la pena
recordar que el Art 23 de nuestra Constitución declara de manera expresa que
"los tratados, pactos y convenciones relativas a derechos humanos,
suscritos y ratificados por Venezuela , tienen jerarquía Constitucional ... y
son de inmediata y directa aplicación por los tribunales y demás órganos del
Poder Público"
Y
cuando los casos de corrupción y narcotráfico llenan de vergüenza a una nación
entera, la legitimidad de desempeño rueda por el fango.
De
manera pues que en nuestro país se ha producido un desconocimiento masivo de la
soberanía popular por parte de un régimen que en consecuencia ha perdido
totalmente la legitimidad de desempeño.
Perdida
la legitimidad y sumido el país en una crisis económica sin precedentes que se
manifiesta en una escasez perniciosa de alimentos y medicinas, en la inflación
más alta del mundo, en un déficit fiscal inmanejable y en la destrucción del
aparato productivo, resulta altamente improbable que se pueda mantener la
gobernabilidad.
Como
se dijo al principio, el régimen ha perdido la capacidad para sostener la
estabilidad social y política dentro de un marco de respeto al orden jurídico
establecido. Pareciera que sólo por la vía de una represión desmedida intenta
aferrarse a un poder que se le escapa como sal y agua entre las manos.
Y
a todo lo anterior conduce a la actuación de los organismos internacionales que
ya no pueden seguir indiferentes ante la tragedia que vive Venezuela. De allí
las acciones de Mercosur y de la OEA. Amanecerá y veremos.
Jose Toro Hardy
petoha@gmail.com
@josetorohardy
Miranda - Venezuela
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