Algunos, desde la lectura del título de este artículo de opinión, mostrarán su desagrado y desacuerdo con lo de “nuevo” y pasarán a descalificar la decisión con mil argumentos legales y constitucionales, aparte de señalar que no se ha avanzado nada desde el punto de vista político y que el gobierno hizo lo que quiso con los “colaboracionistas” de la Mesa Nacional de Diálogo. He escrito varias veces (https://t.co/fxiJlp9PQv?amp=1; https://t.co/RddtNqhFZ0?amp=1) que los entuertos legales y constitucionales producidos por gobierno y oposición son de tal magnitud, que es imposible que ninguno de ellos pueda actuar de acuerdo a derecho, por lo que debe construirse acuerdos políticos que eviten la parálisis y permitan avanzar en un proceso de regularización.
Al dividirse la Asamblea Nacional en enero de este año, perdió la posibilidad de designar al CNE con los 2/3 de los votos que la Constitución señala. Esto sólo hubiera sido posible si las “Asambleas” presididas por Parra y Guaidó se reunían en forma conjunta. Eso no ocurrió y la elección de la Asamblea Nacional tiene que hacerse este año, pues su período de cinco años vence el 5 de enero venidero. Hasta ahora, la mayoría de las designaciones de los rectores del CNE han sido hechas por el TSJ y así ha sido aceptado por todo el mundo. Así designaron al TSJ que organizó las elecciones de diputados de diciembre de 2015, donde se eligió la AN considerada legítima por la oposición guaidoista, por lo que no voy a insistir en argumentos.
Hoy tenemos un CNE con tres rectores principales del gobierno y dos de la oposición, uno de ellos acordado entre los partidos de la oposición democrática y el gobierno en la Mesa Nacional de Diálogo, quien además es el Vicepresidente del organismo, y el otro acordado entre el gobierno y el partido Acción Democrática, según información pública dada por el hasta hace poco Secretario de Organización de dicho partido. La oposición tiene además un rector suplente incorporado y tres rectores suplentes. La diferencia es clara si comparamos esta nueva situación con la del CNE saliente, en el cual la oposición tenía entre los principales un único rector. El organismo además sólo ha tenido una reunión formal. Se instaló, pero no ha comenzado a actuar ni a producir decisiones. Descalificarlo “a priori” no parece convincente ni nada sensato. Se trataría de un acto de fanatismo político o de extrema desesperanza en relación con el futuro.
El nuevo CNE debe convocar ya las elecciones de diputados a la AN, pues estamos en el límite de los lapsos que deben cumplirse. La fecha no podría pasar del domingo 13 de diciembre. Hay que efectuar desde ya la solicitud de observadores internacionales del proceso electoral a los organismos que se crea conveniente, entendiendo que deben ser instituciones serias, no prejuiciadas y que no hayan tomado posición en la diatriba política venezolana.
Creo que la ONU, en la persona de su Secretario General, debe recibir una invitación para el envío de una misión de observación. Y no estoy utilizando los términos en forma alegre: hablo de observación nacional e internacional y no sólo de acompañamiento. La depuración y actualización del Registro Electoral Permanente sería la tercera decisión urgente a ser tomada, dado el tiempo que lleva un proceso de este tipo, sobre todo si entendemos que la crisis económica ha generado una migración interna importante, por lo que deben tomarse medidas para que la gente vote donde actualmente vive.
Luis Fuenmayor Toro
lft3003@gmail.com
@LFuenmayorToro
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