El enredo constitucional, legal y normativo existente, generado por decisiones contrarias a derecho, a la lógica elemental y a todo asomo de sensatez, es realmente monumental. Cada vez que oigo a abogados “expertos” y no tan expertos, tratando de explicar situaciones insólitas, me convenzo más y más que las salidas a las mismas no son en absoluto legales ni constitucionales. Son en primera instancia de naturaleza política, sin que esto niegue la acción ulterior de verdaderos constitucionalistas y expertos jurisconsultos, para poner en orden todo el desorden generado en estos más de 20 años, por las acciones de un gobierno y una oposición desquiciados. Con esto quiero decir que se requiere primero alcanzar un acuerdo mayoritario sobre la ruta a seguir, para lograr la estabilidad que permita iniciar el largo proceso de normalización de la República. Siempre quedarán fuera los enfermos mentales metidos a políticos, que repetirán sin ningún cambio sus fracasadas propuestas.
Fíjense en este enredo, a manera de ilustración. El TSJ declara la omisión legislativa de la AN, pues no designó a tiempo a los nuevos rectores del CNE. Pero no habría ninguna omisión si se considera que los rectores actuales no han finalizado su período, por lo que no hay entonces que nombrar unos nuevos. Sin embargo, la AN había designado un Comité de Postulaciones con este propósito y por ello el TSJ le pide un informe sobre la evaluación de los candidatos.
Y se lo pide el mismo TSJ que declaró a la AN en desacato y a todas sus decisiones como írritas. Pero es que la figura del desacato no se aplica a cuerpos como la AN. Entonces, al no estar en desacato y no haber designado a los miembros del CNE a tiempo, habría una omisión parlamentaria y el TSJ debe proceder en consecuencia. Pero es que parte del TSJ fue designado por la anterior Asamblea violando los procedimientos, por lo que sus decisiones serían cuestionables. Y así podríamos continuar y no terminar nunca sino en un círculo vicioso que nos regrese al principio.
Otro caso parecido: La AN decide no reconocer las elecciones de mayo de 2018 en las que Nicolás Maduro fue electo Presidente de la República. No discutamos aquí la inexistencia de base legal ni constitucional de esta decisión, para no complicar todavía más las cosas. Al no haber Presidente, hay falta absoluta del mismo y el Presidente de la AN debe asumir la Presidencia de la República por 30 días. Pero Guaidó lleva año y medio siendo “Presidente Encargado”. Y pareciera, por declaraciones que he leído de algunos “guaidoistas”, que seguirán prorrogando esta situación ad infinitum, a pesar de que se elija una nueva AN este año. Y es que una de las quejas principales opositora es que no existen en Venezuela división de poderes y el Ejecutivo controla todo. Pero, Guaidó, Presidente encargado, sigue siendo también Presidente de la AN, tiene las dos presidencias, lo que lo hace el hombre Estado y nos retrotrae a etapas anteriores a la República, en las que no había división de poderes. ¿Entonces?
Y no incorporo las disposiciones de la Asamblea Nacional Constituyente, ni las sentencias del TSJ contra las leyes promulgadas por la AN, ni todo el desorden legal y constitucional anterior a Maduro, producido luego de rechazada la reforma constitucional en 2007. Un acuerdo de todos los que puedan acordarse nacionalmente. Un acuerdo que respete que la salida es nacional, soberana, independiente, democrática, lo más plural posible y sin hegemonías. Un acuerdo que privilegie la toma de decisiones por los ciudadanos en procesos electorales universales, de votaciones directas (un hombre un voto) y secretas, dónde se rescate la proporcionalidad electoral, se habilite para participar al mayor número de partidos y organizaciones posibles y sin la inhabilitación ilegal de dirigentes políticos.
Luis Fuenmayor Toro
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@LFuenmayorToro
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