Gabriela Calderón De Burgos indica que el estado ecuatoriano gastó $1.016,40 por cada estudiante el año pasado y que más de la mitad de las instituciones educativas privadas del país educan a los estudiantes a un costo inferior.
Los problemas con el sistema educativo nacional anteceden a la pandemia. La falta de libertad para elegir de los padres la educación de sus hijos, sobre todo aquellos de ingresos más bajos, deriva en un sistema donde muchos no están contentos. Cuando se trata de una vaca sagrada como esta es difícil tener una discusión racional, pero vamos a intentarlo.
Pululan algunos mitos. Primero, que la educación pública es gratuita. Pero no hay almuerzo gratis y esta le costó a la sociedad ecuatoriana $3.294 millones en el año lectivo 2019-2020. Si dividimos este presupuesto por los 3.240.794 estudiantes inscritos en el sistema fiscal, vemos que el Estado ecuatoriano gastó $1.016,40 por estudiante el año pasado. Eso equivale a una pensión mensual de alrededor de $100.
Esto podrá sonar barato para aquellos padres de estrato medio y alto, pero altísimo para los que han continuado optando por la educación particular de bajo costo. Aquí nos topamos con otro mito: la educación particular es solo para los ricos. De hecho, según cifras del Ministerio de Educación, el 47% de las instituciones educativas particulares del país cobra una pensión menor a $61 y un 77% inferior a $121. Podemos decir que más de la mitad de las instituciones particulares, que son elegidas libremente por los padres, educan a un costo inferior que el sector fiscal.
Muchos dicen que aquellas instituciones que cobran igual o menos que lo que gasta el sector público por estudiante tienen una calidad deplorable. ¿Según quién y comparado con qué? ¿Según las autoridades o los expertos que no tienen ni escogerían poner a sus hijos en una institución estatal? ¿Según los padres de familia que han elegido libremente entregar sus dólares a los dueños de esos colegios particulares, teniendo la opción de la educación fiscal “gratuita”?
Aquí nos enfrentamos a otro mito: los expertos, políticos, sindicalistas y burócratas de la educación saben mejor que los propios padres lo que les conviene a los hijos de otros. Hay una creencia enraizada de que alguien tiene que decidir por esos padres porque se presume que ellos no saben lo que les conviene a sus hijos y son irresponsables. Y ese alguien suelen ser los políticos con sus intereses propios, no el interés de los hijos de otros. Ambas cosas contradicen la realidad palpable del abandono evidente en muchos planteles fiscales y la dedicación de padres de recursos bajos por suplir todo aquello que falta en estas escuelas supuestamente “gratuitas”.
La cuestión de si la calidad de las escuelas fiscales es siempre mejor que cualquier alternativa siempre será una pregunta sin respuesta conclusiva hasta que se le de a los padres la libertad para elegir. Mientras tanto, todo es propaganda para mantener un status quo.
No se trata de proponer eliminar la educación pública. Simplemente de poner en el asiento del conductor a los padres de los estudiantes. Es importante que el estado financie la educación, pero no que provea el servicio. También es importante introducir la competencia. Países tan diversos como Australia, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Corea del Sur, financian la demanda (los padres) vía bonos escolares. El financiamiento estatal sigue al niño por donde este vaya. Deberíamos apuntar a eso: financiar a los estudiantes, no a un sistema único.
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Gabriela Calderón de Burgos
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Ecuador
Gabriela Calderón de Burgos es editora de ElCato.org, investigadora del Cato
Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 7 de agosto de 2020.
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