En artículo anterior dijimos que “…nos imaginamos a una Venezuela libre del militarismo soez que hemos tenido, pero algunos nos enfrentan creyendo que la solución política actual se soluciona con una intervención militar y llaman a los militares, como si fueran marionetas de un teatro, a alzarse contra Maduro para que cese en su usurpación, como si Maduro fuera el problema que enfrentamos, olvidando que este no es el problema, sino la ruptura de una democracia tendente e la sanidad y pureza, en lo posible, que cayó en manos de una sarta de aventureros anti políticas, que han creído que la riqueza de Venezuela, que existe, debe ser repartida por igual entre todos, por el hecho de ser naturales por sangini y soli sin aportar ninguna pisca de trabajo.”
Muchos opositores reclaman al régimen y a todos los políticos, comprender que lo más grave del sistema policial que ha sido implantado en Venezuela ha sido la manida militarización de la investigación por diferentes cuerpos de inteligencia militar, y el absurdo equívoco de la contrainteligencia militar; todos estos cuerpos con fanfarrias ortodoxas y denigrantes, que aplican los desmanes sobrehumanos y dantescos execrados al término de las dos grandes conflagraciones mundiales y de la guerra fría.
Sin dudas, una de los peores morbosidades del régimen militarista implantado por el chavismo, hoy madurista decadente, es la tortura militar que va en contraposición de la implantación del Derecho Internacional Humanitario, la novedosa fórmula del derecho justiciero militar brotado en la fórmula del ejército moderno, surgido con el fin de la guerra fría y el derrumbe del muro de Berlín.
Hoy aparece un decreto presidencial con el “indulto de más de cien opositores, en aras de promover la reconciliación nacional y la búsqueda de paz"; y como es obvio. Han comenzado a surgir excentricidades jurídicas disímiles, a sabiendas de que tal acto presidencial, es una acción estratégica que tiende a corregir entuertos a toda una parafernalia de incongruencias, surgidas con el mismo mencionado régimen del “socialismo del siglo XXI” desestructurador del Estado de derecho.
En aras de la verdad, no debemos considerar este acto como un medio de impulsar o mantener el régimen, que sabemos esa es su intención, si consideramos que cuando dice que “la intención del gobierno es profundizar el proceso de reconciliación nacional para que los asuntos políticos sean llevados por la vía pacífica”, es una acción que ayuda en el proceso que busca a estabilización en cuanto lo veamos como una forma pacífica para el cese de la usurpación necesario para dar vigencia y vigor al gobierno de transición y adecentar el proceso electoral también propuesto.
El decreto de marras, sin dudas surge de conciencias e inconciencias. No debemos olvidar, que por muy perverso que sea un gobernante, llega el momento en que tiene que subirse a la balanza de la justicia; y que ninguna responsabilidad personal estará por encima, no será mayor de los adulantes, que para buscar posiciones y gananciales, se valen cualquier aventura, a sabiendas o en la creencia de la responsabilidad compartida. Es más, como decía el difunto “bufón”, ¡yo respondo!, surgiendo así el perverso generalato de incapaces que defienden su postura a como dé lugar, no importa que sea con tortura militar.
Enrique Prieto Silva
enriqueprietosilva@yahoo.com
@Enriqueprietos
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