Aunque esta realidad pareciera suscribir el caos que
su asincrónico, desarticulado y descompuesto funcionamiento ha provocado, la
situación derivada de dicho desbarajuste va más allá de un escueto diagnóstico.
O de una azarosa declaración política.
En principio, debe confirmarse que por encima de
incompatibilidades jurídicas, organizacionales y gerenciales, así como de
coordinación, planificación, administración y de evaluación, está la incidencia
directa que encierra la desidia del funcionario. Su actitud de displicencia o
indolencia, ha sido determinante en el desbarajuste que derivó en el caótico
desarreglo del aparato público venezolano.
Pero no porque tan abrumadora situación haya tenido
una fecha de inicio. Lo que sí detenta, es un origen. Un antecedente que
coincide con el surgimiento de la Venezuela urbana. Condición esta animada por
la irrupción de la Venezuela petrolera. Hecho éste ocurrido en los años veinte
del siglo XX. Específicamente en diciembre de 1922. Fue cuando Venezuela dio a
conocer su inmenso potencial petrolífero incitado por la explotación de
petróleo. Desde entonces, se ha convertido en fuente primordial de ingreso
nacional. Asimismo, de cambio de conducta social, política y económica del
venezolano.
Fueron tiempos de inicio de un populismo precario. Ahí
comenzó a verse desplazado el sistema político dominado por el caudillismo
propio de la Venezuela rural de entonces. Profundamente agrícola y pecuaria.
El hecho causado por un modelo político que posibilitó
decisiones de gobierno capaces de encubrir actitudes prestadas a manejos
impropios del aparato público, degeneró en gruesos problemas. Problemas que
traban procesos de desarrollo a todos los niveles operativos del Estado
venezolano.
Los años siguientes corrieron apegados a determinaciones
que diferían de propuestas anunciadas en coyunturas político-electorales. Las
realidades evidenciaban gruesas brechas entre el discurso y la praxis. Los
procesos de desarrollo fueron rezagándose con excusas casi siempre achacadas a
causas administrativas, financieras, operativas o político-partidistas.
La crisis venezolana en la transición
La década de los sesenta, trajo consigo el compromiso
de lidiar con rémoras arrastradas por aquellas excusas. Por tanto, el país ganó
algún espacio que permitió superar ciertas distancias señaladas por planes de
desarrollo de entonces. Sin embargo, su cumplimiento fue limitado dado el
carácter normativo de esos planes. Aún cuando en rubros relacionados con
educación, industrialización, infraestructura y vialidad, no pueden negarse
resultados satisfactorios. Incluso, referidos por organismos internacionales
dedicados a indagar los correspondientes procesos.
Pese a los esfuerzos para entonces llevados adelante,
las políticas públicas pretendidas no adquirieron la formalidad institucional
propia de su importancia. Tampoco, la consistencia que implica su elaboración,
planificación y evaluación necesaria como puntales confiables de toda gestión
de gobierno.
En Venezuela, las políticas públicas terminan siendo
compromisos convertidos en órdenes emanadas a manera de dictados oficiales. Son
generalizadas mediante mecanismos de poder administrados por despachos
gubernamentales. O a través de cuerpos militares o policiales imprimiéndole un
aire de coacción y represión.
La crisis de servicios públicos que derivó de la
apatía gubernamental, ya en el curso de los primeros años del siglo XXI, copó
las realidades venezolanas. Las tecnologías de información y comunicación
necesarias para soportar las exigencias del desarrollo anunciado sin mayor
fundamento por el populismo imperante, no traducían las necesidades de
conciliar necesidades con recursos.
Esto provocó la crisis que sumió a Venezuela en un
desvergonzado retraso de gestión de su administración de gobierno. Fue la crisis
de sus estamentos e instancias gubernamentales. La crisis envolvió conceptos y
prácticas que marcaron los desvaríos que encauzaron al país en grado
superlativo. Sus efectos alcanzaron un insólito nivel de intensidad que
históricamente son casi comparables con causales similares.
La relación entre institucionalidad gubernamental y la
sociedad en su total exposición, se dio inversamente proporcional a la relación
entre necesidades clamadas y los recursos a disposición de dichas exigencias.
Tal vez, sea la razón que mejor explique la ligereza e inconstancia que trazó
el país en su desviado discurrir. Y de los consiguientes análisis se
supeditaron decisiones públicas que forzaron políticas asumidas como medidas de
Estado.
En el fragor de tales precariedades, que además
continúan asumiéndose entre recurrentes improvisaciones, acontece una crisis
política, económica y social. Ahora complicada con una profunda crisis de salud
provocada por la pandemia del Covd-19.
He ahí el problema del cual da cuenta la actitud del
funcionario. En todos sus rangos de autoridad. Esto ha sido el cauce para tener
un país en los últimos lugares de los índices de gobernabilidad, transparencia
y desarrollo económico y social.
En medio de tan profunda crisis, casi en grado de
colapso total, es bastante difícil despejar las incógnitas que lucen como
abrumadoras ecuaciones políticas y económicas. Ellas engrosan la interrogante
de: ¿hacia dónde va la administración pública en el marco de las actuales
contingencias? Es casi inminente admitir o predecir, que anda perdida. O sea,
va en dirección equivocada.
antoniomonagas@gmail.com
@ajmonagas
Venezuela
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