Ello
genera aberraciones evidentes, por ejemplo, en la militarización de sus
funciones y particularmente en el terreno propio de actuación del Escuadrón
Móvil Antidisturbios (ESMAD). Hace más
de un año miles de ciudadanos acudieron a las calles en protesta en contra de
la brutalidad que se ha hecho costumbre en el manejo de las manifestaciones
ciudadanas. Ello es una consecuencia del trato impuesto por la defensa nacional
a la violencia guerrillera, una situación que debía haber sido revertida – o al
menos temperada- una vez firmado en 2016 el acuerdo de paz con la insurgencia.
El
gobierno de Iván Duque ha pasado por alto- es difícil decir que ha olvidado-
obligaciones que derivaban de la paz pactada en La Habana y debería haber hecho
lo propio para desmantelar procedimientos que venían utilizándose por décadas
de cara a la guerrilla. Es más, las fuerzas armadas debían haber sido reducidas
y reorganizadas, pero ello está igualmente retrasado o post-puesto siendo la
única explicación posible la nueva arremetida violenta del ELN.
El
caso es que la brutalidad policial sigue siendo vista con demasiada holgura por
los órganos del estado y ello va a incidir en sus relaciones con los Estados
Unidos. Las ejecuciones extrajudiciales y brutalidad policial contra los
manifestantes son dos vertientes de un mismo fenómeno que molestan
especialmente al nuevo gobierno de Joe Biden.
Además, las torturas siguen en el orden del día.
La
Unión Europea, gran aliada del gobierno de Colombia, también se inquieta por la
ola de violencia de no tiene origen en el combate antiguerrillero e incluso
algunos parlamentarios plantean la suspensión de la ayuda del Viejo Continente
al país sudamericano si la escalada continua. En el año 2020 hubo 35 masacres y
en lo que va de este año ya unas cuantas también están acabando con vidas de
ciudadanos. Solo en las protestas civiles que tuvieron como escenario a Bogotá
en septiembre pasado los enfrentamientos entre policía y manifestantes dejaron
un saldo de 13 muertos y más de 400 heridos.
El
gran argumento del Palacio de Nariño para explicar esa otra suerte de violencia
subsistente es que, en fechas más recientes, han nacido en el país
organizaciones criminales e incluso los carteles del narcotráfico que se
fortalecieron durante los gobiernos de Juan Manuel Santos requieren de mano muy
fuerte en su desactivación y control.
Cualquier
excusa es buena pero lo cierto es que hay otra paz que lograr en Colombia que
no es la surgida del enfrentamiento con la guerrilla de las FARC o el
paramilitarismo de antaño. Muertos en las manifestaciones callejeras al igual
que represión y torturas a los encarcelados crean infinito malestar interno y
tienen buen eco en la prensa local y mundial. Las izquierdas, por su lado, se
encargan de potenciarlo al tiempo que hacen referencia al hecho de que en el
curso del actual gobierno la desigualdad en el país se ha profundizado. Poco
importa si el COVID tiene un papel que jugar en el descalabro económico
colombiano al igual que en el resto de los países latinoamericanos.
Así es
como el gobierno de Iván Duque tiene en su contra, a nivel interno y a nivel
internacional, una gruesa falencia que es tradición en Colombia y que está
siendo observada y seguida con detenimiento por propios y por adversarios. Hace
horas apenas que el Ministro de la Defensa del régimen madurista se refirió de
manera altisonante a casos de ejecuciones extrajudiciales de antaño como uno de
los gruesos pecados del gobernante actual.
Un
golpe de timón en el tema de la violencia interna es imperativo para poder
hablar de paz.
bdemajo@gmail.com
@BeatrizdeMajo1
España- Venezuela
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