Hemos
observado los distintos llamados a participar en las convocatorias realizadas
por actores oficiales, hacia distintos sectores de la sociedad civil que
incluye a sindicatos, instituciones académicas, gremios empresariales, entre
otros, para promover un diálogo que busca soluciones a la crisis que nos
agobia, la cual ha sido causada principalmente por la aplicación de políticas
públicas que nos han conducido a la compleja situación en la cual nos
encontramos. Ya han transcurrido algunas semanas de esos intercambio de
opiniones y propuestas, sin que se hayan logrado a la fecha, algunos resultados
que nos indiquen algún tipo de soluciones a la complejidad que afecta a la
sociedad Venezolana en su conjunto.
Diversos
anuncios indican que a través de la ley antibloqueo, se realizan negociaciones
con inversionistas privados internacionales para ceder el control de empresas
estatizadas que no están funcionando adecuadamente, se habla que son decenas
las que están siendo ofrecidas a estos grupos interesados, hasta el momento no
se observa una destacada participación de inversionistas nacionales en tales
negociaciones o asociados con estos grupos internacionales. Lo cual solo
significa que esas empresas a las cuales se les cedan a estos grupos de
inversores tienen como objetivo mejorar su producción y ya dejen de ser una
carga financiera para el Banco Central, que es el organismo responsable de
proveer el dinero, vía pagarés para cubrir las inmensas pérdidas del
conglomerado empresarial público. Este sostenimiento financiero por el BCV es
el causante de la hiperinflación que empuja hacia arriba el costo de vida y
afecta el consumo de las familias.
Pero
lo que observamos en esta radicalización del modelo político es que no existe
ninguna disposición para cumplir con las expectativas creadas, a las
solicitudes expresadas públicamente por distintos voceros de esa sociedad civil
al cual se convoca, al no ser consideradas o simplemente son echadas en saco
roto. Tales como la devolución de las empresas, haciendas, hatos y fincas
tomadas sin ningún pago a sus propietarios privados. Los constantes pedimentos
de las asociaciones de productores de que se les doten de los insumos
necesarios para la activación de la producción nacional la cual se encuentra en
sus mínimos históricos de los últimos 120 años. Garantizar la seguridad
jurídica y que cesen las invasiones que se siguen produciendo a lo largo y
ancho del país, sobre todo en viviendas y fincas. Lo más preocupante es el
control por parte del partido oficial de todos los consejos comunales
existentes en el país, concentrando todos los recursos públicos asignados para
ser invertidos a través de los bancos comunales o cualquier organismo público
bajo su tutela, lo cual incluye la totalidad de los planes productivos públicos
para mejorar la producción nacional.
Todo
lo cual nos indica que no hay definición de rumbos que conlleven a una
modificación del modelo, sino lo que se observa es una radicalización del
mismo, sostenido en el poder comunal donde el estado se convierte en el que
todo lo puede y hace.
vicent.brito@gmail.com
@vicentejbrito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución Vicente Brito
Venezuela
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