Si la corrupción administrativa no es otra cosa que el
manejo doloso de los dineros públicos, o el uso indebido de los bienes o
servicios de naturaleza pública; si socava la legitimidad de las instituciones
públicas, y así lo señala expresamente
el primer considerando de la Convención Interamericana contra la Corrupción; si
esta práctica malévola causa tanto daño a los patrimonios de nuestras naciones
y atenta contra la sociedad misma; si muchos funcionarios ayer y hoy han
ocupado cargos, siendo que sus vidas no han estado precisamente libres de
procesos criminales y de estafas al Fisco, entonces debe asumirse con firmeza y
suficiente voluntad política la tarea de afrontar las averiguaciones orientadas
a esclarecer los hechos denunciados, procesar a los presuntos responsables y
decidir en consecuencia.
Así las cosas, que se recuerde no ha habido antes un
caso que alcance las cotas de poder, las mil millonarias cantidades de dólares
robados, birlados al erario, ni tejido la urdimbre de corrupción como el que
vincula al barranquillero Alex Nain Saab Morán, abogado colombiano de
ascendencia libanesa con nacionalidad venezolana y antiguana, mencionado
en los Panamá Papers, en las excelentes investigaciones del portal web
armando.info y solicitado por las autoridades estadounidenses por la presunta
comisión de delitos de diversa naturaleza, todos relacionados con mafias de
corrupción, lavado de dinero o blanqueo de capitales, y narcotráfico. Él como
cabecilla, jefe o sujeto activo del delito, y la República de Venezuela como
sujeto pasivo de aquellos hechos delictivos. O sea, nuestro país como víctima
del daño.
El patrimonio venezolano, el erario, nuestro
presupuesto gravemente afectado por las supuestas fechorías del malhechor
nacido en Barranquilla, ciudad de la vecina Colombia.
Conviene advertir que con una buena parte del dinero
supuestamente birlado a la República (personificación jurídica del Estado),
bien se hubiera podido cubrir o atender tantos problemas y calamidades que hoy
padece el país nacional. Sobre todo, en tiempo de pandemia, en este paisaje de
desgracias en que se nos ha convertido la cotidianidad.
No sé si al momento de pergeñar esta nota, el
barranquillero, suerte de diplomático venezolano a juro, ya está en tierras
gringas vestido de procesado anaranjado y dispuesto a atender el llamado de la
justicia.
Lo que sí queda claro es que, a todo evento, dinero
también ha habido para su defensa nada barata, donde el mago Baltasar Garzón,
exjuez español y quien ejerce de su abogado, ha intentado hacer toda clase de
magia para sacarlo de ese atolladero.
La verdad es que los conejos no han salido de la
chistera, tampoco las cartas han respondido a las destrezas del Garzón ni los
trucos ni malabares han funcionado, a pesar de los esfuerzos del mago por
cumplir con su función en estrados caboverdianos.
El orden moral y la justicia, el desarrollo de los
pueblos, y la democracia misma que debe sustentar la estabilidad política y la
gobernabilidad del país, exigen la participación de todos en la cruzada para
combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas. Eso
no lo debe ignorar el abogado español, ni su homólogo barranquillero, quien al
propio tiempo es su defendido.
De un lado, los órganos de gobierno y las
instituciones del Estado ejerciendo las funciones y competencias que tienen
asignadas por el ordenamiento jurídico que rige en la República, y los
ciudadanos todos cumpliendo con su
responsabilidad en el control social de la función pública, pues no
olvidemos que el funcionario es responsable de sus actos, y el ejercicio de la
función para la cual aquel fue elegido o designado está sujeto no solo a la
obligación de rendir cuentas, sino también al escrutinio público.
Llama la atención cómo los voceros de la defensa del
barranquillero y también sus férreos protectores en Venezuela no tocan, ni de
soslayo, ni se refieren al fondo del asunto. Es decir, no lo defienden de las
numerosas acusaciones que obran en contra del colombiano, sino de su supuesta
condición de “diplomático venezolano”.
No es fácil, pues la corrupción tiene muchos rostros,
y muchas veces alcanza el nivel de metástasis, y para combatirla es
responsabilidad del Estado la erradicación de la impunidad. Por otra parte, la
cooperación entre las naciones, y entre estas y sus respectivas sociedades
civiles organizadas será siempre necesaria para que su acción en esta cruzada
sea efectiva. Nunca serán suficientes los esfuerzos para prevenir, detectar,
sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de la función pública y en
los actos dolosos que la afectan.
En el caso de marras, donde el barranquillero y su
banda no dejaron sector, área ni hueso sanos; robaron en todos lados prevalidos
de poder y sin duda, con el apoyo de quienes permitieron tantas tropelías en
contra del erario venezolano, es y será difícil en este estado de cosas contar
con una investigación responsable, seria y profesional que se encargue de
aclarar esas aguas turbias.
Ni Pdvsa se salvó. La teta importante que surtía de
alimento presupuestario a la nación, que proporcionaba los ingentes recursos
económicos que generaba la renta petrolera y servían al desarrollo del país,
también sufrió los embates de aquella cuerda de bandidos.
Por mi parte seguiré buscando la esperanza en todas
mis cajas, revolveré, inventaré, desocuparé los refugios. Toca unir los vidrios
rotos, procuraré no asquearme. Escribiré en la certeza de que las palabras no
se atreverán a crucificarme. No llevan la valentía para amedrentarme ni la
cobardía tampoco de correr.
Confío en que llegará el día del juicio, todos
entrarán a la sala donde la justicia terrena juzgará sus crímenes, se oirán
gritos y consignas, mientras otros callarán sus penas y sus culpas. La justicia
hará su trabajo, quizá reos lloren o se burlen al escuchar la sentencia.
Comenzará la reconstrucción.
Y si notas alguna indignación, no hagas caso, no es
contigo. Es contra el silencio, la vergonzosa mudez, la tranquilidad de la
indiferencia.
Jesús Peñalver
penalver15@gmail.com
@jpenalver
@ElNacionalWeb
Venezuela
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