Según la organización no gubernamental de reconocida
trayectoria Scholars at Risk, en su informe de 2018, la lista de
arbitrariedades contra el normal desenvolvimiento de la educación superior a
escala mundial es larga. Incluye desde ataques suicidas de extremistas hasta la
restricción de permisos de viaje, el encarcelamiento de académicos y amenazas a
la autonomía institucional, ejemplos todos de cuánto se teme al pensamiento
crítico. Sin embargo, el tema se discute raras veces en los organismos
internacionales y no aparece en las declaraciones y los documentos de trabajo
de organizaciones como la Unesco o el Banco Mundial.
A propósito del centenario del Movimiento de Córdoba y los acontecimientos recientes en Venezuela, es necesario llamar la atención sobre el cerco que se quiere imponer a la libertad de pensamiento en las universidades. Los atropellos de los que han sido víctimas los universitarios constituyen un retroceso histórico. Violan la Ley de Universidades —creada en 1958 y reformada parcialmente en 1970— y con ella los ideales promovidos por el Movimiento de Reforma Universitaria originado en Córdoba, Argentina, en 1918; considerado el más importante movimiento de protesta de la universidad latinoamericana, enmarcada por esa época en estructuras coloniales elitistas a pesar de los procesos independentistas del siglo XIX.
La Ley de Universidades de 1958, que dio origen a la
universidad autónoma, popular y democrática en Venezuela, fue producto de un
largo proceso de desarrollo, cambio y transformación para garantizar la
independencia y la capacidad crítica de la comunidad universitaria frente a la
injerencia de los gobiernos o cualquier otra forma de dominación. Fue elaborada
en el marco de la transición democrática, luego de la caída de Pérez Jiménez,
por profesores de la Universidad Central de Venezuela que formaron una comisión
presidida por Francisco de Venanzi.
Esa ley no solo fue el primer instrumento que dio
verdadero estatuto autonómico a las universidades venezolanas, sino que también
ayudó a definir la estructura y el funcionamiento del Consejo Nacional de
Universidades, los distintos órganos democráticos de cogobierno y las
autoridades en sus diversos niveles de dirección y organización académica.
Señalaba aspectos importantes sobre composición, funciones, estabilidad y
seguridad social del personal docente y de investigación, sin olvidar el
bienestar de los estudiantes. Además, sentó las bases para la creación del
Consejo de Fomento, el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, y las
direcciones y comisiones de Cultura y Deporte.
Hoy esta concepción global e integral de la
universidad en todos sus componentes, esa autonomía, cónsona con el espíritu
del Movimiento de Córdoba que costó tanto alcanzar, está en entredicho no
obstante su incorporación con rango constitucional en el artículo 109 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Los
universitarios elevan su voz de protesta en un discurso enmarcado en la
construcción de la paz, vía la defensa y la promoción de la democracia y los
derechos humanos.
La I Conferencia de las Américas sobre Libertad
Académica, Autonomía Universitaria y Derechos Humanos en el Ámbito
Universitario se celebró en Caracas los días 12 y 13 noviembre de 2018, bajo la
convocatoria de la organización no gubernamental venezolana Aula Abierta y
reunió a autoridades rectorales, profesores, estudiantes y representantes
gremiales de las universidades de Venezuela y de otros países de las Américas,
además de activistas por los derechos humanos.
Si algo quedó claro es que la libertad académica va de
la mano con la democracia. Los cambios necesarios en la educación superior en
Venezuela deben ser liderados por su estructura representativa e institucional,
con pleno respeto a la autonomía en el marco del Estado social de derecho, no
impuestos por el gobierno de manera autoritaria. El ejercicio de la autonomía
implica el ejercicio de la ética de la responsabilidad. No es solo un derecho,
es un deber. Al ir contra la autonomía de las universidades se limita su poder
legítimo, reconocido como tal en la Constitución. El Estado debe proteger y
fomentar el derecho a la educación como servicio público, sin menoscabo de la
autonomía universitaria.
matacarnevali@gmail.com
@mariagab2016
Venezuela
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