La compañía telefónica de Venezuela había sido uno de
los primeros ensayos de privatizaciones de empresas estatales del segundo
gobierno de Carlos Andrés Pérez; no obstante, tardó cinco años en completarse
hasta que las acciones del Estado fueron transferidas al consorcio ganador,
conformado por las empresas GTE (51%), Electricidad de Caracas (16%),
Telefónica de España (16%), Banco Mercantil (12%) y AT&T (5%), con una
oferta de 4.712 millones de dólares por el 40 por ciento de las acciones, “con
lo cual Venezuela obtuvo una ganancia del 120 por ciento con respecto al precio
base establecido en el momento de la licitación de la empresa, que era de 851
millones de dólares” (El Tiempo, 12.05.1996).
Aunque no le faltaron denuncias y oposiciones
desleales y descabelladas al gobierno de CAP, reclamando incluso la nulidad del
proceso, lo cierto es que cumplió con el requisito de licitación ajustado a
derecho, en la que participaron dos importantes grupos de empresas.
Afortunadamente, la oposición mayoritaria encabezada
por Eduardo Fernández, líder de la democracia cristiana venezolana, apoyó esta
medida como la forma más responsable de hacer frente a la crisis socioeconómica
y al colapso financiero que veníamos arrastrando: transferir bienes y servicios
a la empresa privada era la única forma de atender más y mejor las demandas de
la población.
En el año 2007, Chávez anunció retomar el control de
lo que consideraba sectores “estratégicos para cualquier país”:
“Todo aquello que fue privatizado nacionalícese.
Recuperemos la propiedad social sobre los medios estratégicos de producción”.
Asfixiado económicamente, el gobierno adelanta una
serie de reformas de aparente liberalización y apertura económica, reiniciando
un nuevo ciclo de privatizaciones en el país, que incluye los denominados
“sectores estratégicos”, lo cual hace pensar que la decisión obedece más a la
desesperación financiera del gobierno que al cambio de modelo económico;
postura que despierta todas las alarmas y desconfianzas.
Además, tratándose de sectores estratégicos, el
chavismo intenta llevar a cabo estas privatizaciones de manera oscura,
arbitraria y bajo cláusulas de confidencialidad para, supuestamente, evitar el
bloqueo (situación que preocupa, incluso, a la relatora ONU sobre el impacto de
las sanciones), con gobiernos aliados y enemigos de la democracia, poco o nada
interesados en la reinstitucionalización del país, como Rusia, China,
Bielorrusia, Irán, México, Turquía.
En lugar de licitaciones abiertas, se abre un proceso
de privatizaciones cerrado: un capitalismo clientelar o capitalismo de amigos.
Por eso nos oponemos a la forma de llevar a cabo estas
privatizaciones: al margen de la justicia y de la eficiencia; con socios,
testaferros y benefactores particulares provenientes de grupos afectos a
intereses de poder; con funcionarios del gobierno, componentes militares y
policiales, responsables de la represión, de la persecución y de todo el
aparato de dominación del estado, muy al estilo ruso.
Paradójicamente, se trata de una apertura censurada,
sectaria, de intereses parciales, donde ni siquiera organismos gremiales como
Fedecámaras tienen participación protagónica; basada en principios clientelares
y mafiosos cuyo único fin es crear un músculo económico afín a la hegemonía en
el poder, en lugar de impulsar un sector privado fuerte y autónomo, lo que
fortalecería a la sociedad en su conjunto, situación absolutamente contraria a
sus propósitos de dominación y sometimiento de la población.
Todo ello explica cómo, al tiempo que buscan cerrar
sus negocios de privatización, incrementa el sistema de dominación y abolición
del régimen democrático y constitucional con propuestas como las del parlamento
comunal.
Los ciudadanos debemos exigir que las reformas
económicas se hagan ajustadas a derecho, en el marco de la Constitución, y que
sean conocidas por la población. Que se lleven adelante con seriedad, criterios
de transparencia y garantías de respeto a la iniciativa privada.
La Ley Antibloqueo es inconstitucional desde su mismo
origen, se desconocen los mecanismos de implementación y nada garantiza que,
una vez levantadas las sanciones económicas, perduren sus efectos.
Todo parece indicar que el gobierno actúa
desesperadamente en contra de su misma naturaleza:
Acabaron con el aparato productivo
Destruyeron la industria petrolera y las empresas
básicas
Detuvieron y revirtieron el proceso de
privatizaciones; expropiaron y estatizaron la mayoría de las empresas e
industrias del país
Fomentan el proceso de aislamiento de Venezuela de los
principales aliados económicos de América Latina, como son los países europeos
y de América del Norte, simplemente porque son las naciones que más han
presionado por garantías democráticas e institucionales que el gobierno no está
dispuesto a conceder.
Permanecen negados al financiamiento de organismos
multilaterales como el FMI, el BID y la CAF pues rechazan reformas
democratizadoras que permitirían a esos organismos evaluar el uso y la
administración de esos recursos.
Solo un plan de reformas económicas ajustadas a la
Constitución nacional e implementada en un clima de cooperación y equilibrio
institucional, mediante un proceso de reinstitucionalización democrática, puede
llevarse a cabo con éxito y sostenibilidad un plan de reformas socioeconómicas
del Estado venezolano. De lo contrario, esas inversiones, además de ser tímidas
y escasas debido al clima de desconfianza, solo servirán para incrementar el
escandaloso abismo que, en pleno socialismo obrero, media entre las grandes
mayorías depauperadas —sin comida ni salario, sin servicios básicos ni
educación— y una minoría sumamente opulenta.
Mercedes Malavé
mmmalave@gmail.com
@mercedesmalave
@mercedesmalaveg
Directiva de Unión y Progreso
Venezuela
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