En estos
días, 28 de mayo a 12 de junio, transcurre en Ginebra la 103ª sesión de la
Conferencia Internacional del Trabajo, bajo la responsabilidad de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), reunión anual en la cual los 185
Estados miembros discuten asuntos relativos a las relaciones entre el Estado,
los patronos y los trabajadores.
En esta
oportunidad, la OIT revisa, entre otros temas, los casos de 19 países que
irrespetan los convenios internacionales, entre ellos Venezuela, país que ha
sido sometido en años recientes a la evaluación exhaustiva de la Comisión de
Encuesta de la OIT. El documento generado por la comisión recoge una larga
lista de exigencias al Estado venezolano, para su cumplimiento antes del 1º de
septiembre de 2020. Bajo el argumento de que ellas violarían la Constitución de
la república, el régimen rechazó las recomendaciones, lo cual podría traducirse
en la declaratoria de Venezuela como país transgresor de los derechos humanos
laborales.
Impenitente,
el régimen añade pimienta al caldo convocando estos mismos días la discusión
del proyecto de convención colectiva única de trabajadores del sector
universitario, con un único interlocutor: la Federación de Trabajadores y
Trabajadoras Universitarios de Venezuela (FTUV), organización paralela, creada
al margen de las legítimas asociaciones y sindicatos que históricamente han
defendido a sus representados en las discusiones de contrataciones colectivas
universitarias en el pasado.
Para que no
quede duda de la «representación universal» de la FTUV, la cláusula 6 del
proyecto define a los universitarios como «las trabajadoras y los trabajadores
docentes y de investigación, administrativos y obreros, en condición de fijos o
contratados bajo relación de dependencia, de las instituciones de educación
universitaria». Los antes llamados profesores-investigadores, ahora
«trabajadores docentes y de investigación», son detalladamente definidos en el
numeral 6.1 de dicha cláusula, por si quedaran dudas.
La cláusula
10 (vinculación universidad-defensa integral de la patria) ofrece el
batiburrillo usual de unión cívico-militar, democracia participativa, ideario
bolivariano y chavista (sic), construcción de la sociedad socialista y otras
zarandajas por el estilo, para justificar (tomen aire) «la creación y
consolidación de cuerpos de combatientes en cada institución de educación
universitaria (IEU), bajo el estandarte del sentimiento patriótico, ético y
revolucionario, alistados y asimilados como ejército universitario con la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en la gloria de cumplir y ejecutar
las estrategias de defensa integral de la Nación» (sic). A los fines de tal
gloria, la infraestructura física y tecnológica de las IEU serán puestas a
disposición del Consejo Nacional Universitario de Defensa de la Patria, a ser
creado como órgano de control de los Cuerpos de Combatientes, constituidos con
los trabajadores universitarios, según han sido definidos en la cláusula 6 ya
mencionada.
*Lea también;
Joe Biden: crecen las tensiones, por Félix Arellano
La cláusula
51 establece el compromiso del Ministerio de Educación Universitaria a
contratar a los trabajadores, con la participación de los sindicatos
signatarios (es decir, la solitaria FTUV) que tendrán derecho de asignar la
contratación del 75% del personal requerido por las IEU. La clase trabajadora
universitaria, obreros, administrativos y docentes deben y pueden asumir la
gestión directa de la función universitaria en cuatro áreas de acción
fundamental: formación, generación de conocimientos, vinculación social y
producción (cláusula 52).
Las
cláusulas 54 y 56 abundan sobre la gestión directa que tendrán los trabajadores
en la conducción interna de las IEU a través del «Consejo de Participación
Protagónica de los Trabajadores y Trabajadoras en el Modelo de Gestión
Socialista Universitaria».
En fin, son
94 cláusulas cuyo destino es acabar con la noble misión universitaria tal como
la conocemos, para convertirnos en combatientes de cuartel, donde los campos
universitarios, venidos a menos en sus infraestructuras, servirán para los
ejercicios militares que disponga el Consejo Nacional Universitario de Defensa
de la Patria, bajo las «sabias orientaciones» de la FANB.
Faltará ver
qué haremos los universitarios ante este panorama desolador, actualmente en
discusión para su ejecútese a la brevedad, con efecto retroactivo al 1º de
enero de 2020 (cláusula 88). ¿Seremos absorbidos mansamente por la turba
organizada al estilo de los gruppi universitari fascisti de Mussolini? O, por
el contrario, ¿actuaremos como los universitarios pensantes que decimos ser,
asumiendo una activa postura antifascista en la defensa autonómica de nuestro
derecho a estudiar, criticar y crear en paz y libertad?
Gioconda San-Blas
gsanblas@gmail.com
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Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales,
Individuo de Número, Sillón
XX
Caracas, Venezuela
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“El castigo por rehusarte a
participar en política es ser gobernado por personas inferiores a ti”.
Platón
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