Por
ello resulta cuesta arriba hacerse de una idea clara de cuánta razonabilidad
contiene el informe emanado de la CIDH a raíz de las protestas que mantuvieron
al país en ascuas durante los meses de abril, mayo y junio que dejaron un saldo
de heridos, muertos, secuestrados y un daño sustantivo a la economía,
La
referencia en el informe a testimonios de particulares sobre tratos crueles,
inhumanos y degradantes que podrían configurar casos de torturas pone sobre el
tapete posiciones subjetivas frente a los hechos de parte de sujetos
interesados. Estos testimonios no pueden ser deleznados, si duda, pero de allí
a que la Comisión afirme poder calificar sobre esa base a la reacción oficial
como excesiva y desproporcionada en el uso de la fuerza, hay un trecho
importante.
La
calificación de los actos de violencia observados como “acciones basadas en
género, con base en la discriminación étnico-racial, contra periodistas, contra
misiones médicas; irregularidad en los traslados por protección, denuncias de
desaparición, el uso de la asistencia militar de manera inadecuada” luce algo inconsistente,
sobre todo cuando el propio informe asegura “no contar con información sobre
instrucciones u órdenes de altos mandos para cometer esas violaciones de
derechos humanos. Por lo tanto, no puede hablar de una sistematicidad en
ellas”.
Al
no configurarse estos hechos como violaciones originadas en actos
institucionales sino más bien como el producto de actuaciones torcidas o
criminales de los individuos - uniformados o no-, las recomendaciones de la
Comisión al gobierno de Iván Duque lucen por igual, desproporcionadas. Es que
en el aparte referente a las acciones a seguir, la presidenta de la Comisión,
Antonia Urrejola, efectúa 40 recomendaciones a cual más invasivas. Por ejemplo,
insta a los actores gubernamentales a evitar cualquier perspectiva militar
“separando a la Policía y a su Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) del
Ministerio de Defensa para garantizar una estructura que consolide y preserve
la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos”.
En
donde la CIDH si pone el dedo en la llaga es en el hecho de que el país
neogranadino atraviesa un clima de polarización en el que es corriente
encontrar discursos estigmatizantes además de la infiltración de grupos
vandálicos en todos estos eventos violentos.
Así
pues, una posición poco apegada a hechos objetivos y unas recomendaciones fuera
de lugar que no corresponden a los objetivos de este órgano del sistema
interamericano, no pudo recibir una reacción diferente de parte del gobierno.
Lo
que el país fue obligado a presenciar y a sufrir fue un muy bien articulado
movimiento insurreccional desestabilizador que en nada se compadecía con los
reclamos
de los particulares o de las instituciones que promovieron las marchas
pacíficas.
Fue
más que razonable la posición de Iván Duque al anunciar que “la Policía seguirá
siendo parte del Ministerio de Defensa porque así es como mantiene una
coordinación con todas las fuerzas y puede cumplir labores humanitarias y de
protección”.
Pero
más que nada, el Jefe del Estado fue refractario frente a la velada sugerencia
de ser tolerante con la criminalidad instigada y promovida desde afuera con el
fin de minar las instituciones democráticas, lo que fue la característica
resaltante de ese triste episodio.
No
deja de ser inquietante el momento que vive el hermano país colombiano. Detrás
de estas revueltas insensatas y tergiversadas por órganos de tanto nivel como
la CIDH, se esconden movimientos fraguados en la oscuridad capaces de promover
crímenes de odio para provocar una reacción institucional susceptible de ser
interpretada como brutalidad policial , lo que es fácil de confundir con
violaciones de derechos humanos.
Beatriz De Majo
bdemajo@gmail.com
@BeatrizdeMajo1
Venezuela – España
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