La
Conferencia Episcopal, numerosas organizaciones de la sociedad civil y
distintos sectores académicos y políticos han alertado sobre los peligros que
encierra el proyecto de Ciudades Comunales entregado hace algunos meses por
Nicolás Maduro a su Asamblea Nacional. La iniciativa la toma a pocos meses de
las elecciones regionales, cuando el gobierno supuestamente trata de refrescar
su imagen frente a la comunidad internacional y busca legitimar las autoridades
locales, tan devaluadas durante los años recientes. Un paso adelante, dos
atrás. En unas ciudades donde la descentralización fue derogada, y no funcionan
ni siquiera los semáforos, Maduro se muestra muy interesado en que los
habitantes se organicen en comunas, sueño de Hugo Chávez, quien asomó la idea
en la fallida reforma constitucional de 2007.
Los
obedientes diputados maduristas ya discutieron la primera versión del proyecto,
que consta de 59 farragosos artículos. Luego pasaron a ‘consultar’ al pueblo.
En la Exposición de Motivos se insiste en que la ciudad comunal constituye la
base de una nueva organización político territorial. Sus principios se orientan
a la construcción del socialismo, el autogobierno comunal y el fortalecimiento
del poder popular, con el fin de desarrollar la democracia directa y
participativa de la cual habla la Constitución.
Ninguno de
los artículos de la CRBV se se refiere al poder popular, ni al modelo
socialista. Se dibuja sí una nación laica, diversa, inclusiva. Ni capitalista,
ni socialista, ni comunista. Al referirse al modelo económico, se destaca el
carácter mixto de la economía, con la participación y cooperación de los
sectores público y privado. En cambio, en el proyecto de Ciudades
Comunales
se bosqueja una sociedad confesional. Quien no sea socialista pierde sus
derechos civiles. La ciudad comunal es como un enorme monasterio medieval,
dirigido por monjes encargados de vigilar la correcta aplicación de los
principios socialistas. Carlos Marx no se habría atrevido a escribir un texto
tan monacal.
El proyecto
de ley es un bazar de ideas decimonónicas. Entre los valores socialistas se
encuentran la honestidad, la solidaridad, la inclusión, la democracia y el
respeto a los derechos humanos. Irreal percepción de lo que ocurre en Venezuela
desde hace más de dos décadas. La honestidad no es un valor que guíe el
ejercicio de la función pública. Los asaltos a Cadivi y Pdval quedaron impunes.
Lo ocurrido con la modernización del tendido eléctrico es otro episodio turbio
de cómo se han manejado los fondos públicos. Los informes de Transparencia
Internacional Venezuela son demoledores. En una nación donde rigió por años la
Lista Tascón, se exige el Carnet de la Patria para conseguir las bolsas CLAP o
recibir las miserables transferencias monetarias que da el régimen, hablar de
inclusión y democracia resulta una ironía obscena. De los derechos humanos,
basta con citar el caso de Fernando Albán. En realidad, las Ciudades Comunales
están concebidas para segregar y excluir a todo aquel que no se identifique con
el credo socialista.
La
escogencia de la complicada burocracia que se propone para cada ciudad comunal
-Arts. 8 y 14- se realizará sin respetar el derecho al voto popular directo y
secreto, establecido en la Constitución y en la Ley del Sufragio. La elección
de los representantes comunales es de segundo grado y en asambleas, a mano
levantada, lo que garantiza el control de los comisarios del PSUV. La propiedad
privada también es colocada en la picota. Uno de los objetivos de la comuna
consiste en combatir el ‘espíritu
capitalista’
y sustituirlo por el ‘espíritu socialista’. Con ese fin, se estimulará la
‘propiedad social directa’, Arts. 56 y 57.
La Ciudad
Comunal es un proyecto diseñado para desmontar la descentralización, tal como
esta fue diseñada por la Copre hace un poco más de tres décadas. Las
gobernaciones y los municipios quedan anulados. En la práctica perderían toda
importancia. Maduro retoma los conceptos contenidos en la ‘Nueva Geometría del
Poder’, proclamados por Hugo Chávez en 2007. Se empodera a los consejos
comunales dotándoles de recursos financieros e, incluso, de una policía comunal
-versión venezolanizada de los CDR cubanos- cuya misión real consiste en espiar
a los opositores del socialismo; es decir, del gobierno.
Más que
contribuir a crear un Estado comunal, el proyecto introducido en la AN se
dirige a armar un Estado descomunal, más autocrático y centralista que el
existente en la actualidad. A través de las ciudades comunales se atomiza la
fuerza de la ciudadanía. Se le fragmenta en miles de micro organismos, mientras
las instituciones regionales (gobernaciones) y locales (municipios) se
debilitan, y la cúspide del Estado (el Ejecutivo) se fortalece. El Presidente
pasa a ser omnipresente y omnipotente.
La ciudad
comunal agravará todos los problemas existentes en el país. No es una solución
al déficit de los servicios públicos, sino un costoso y dañino capricho del
régimen. Un guiño a los sectores más radicales del oficialismo, que acusan a
Maduro de neoliberal. No le auguro un destino luminoso a ese desatino. Sin
embargo, está allí. Pronto podría ser aprobado por la AN, especialmente si la
oposición obtiene un buen número de gobernaciones y alcaldías. Conviene
desenmascararlo y enfrentarlo desde ahora. ¡No a las ciudades comunistas!
Trino
Márquez
trino.marquez@gmail.com
@trinomarquezc
Venezuela
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