Ha transcurrido casi un año desde que la oposición de la Asamblea Nacional presentó a los venezolanos la ruta del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Para ello se llamó a manifestaciones públicas de calle, se organizaron acciones puntuales de grupos violentos (guarimbas) y actividades golpistas y se trabajó en función de lograr apoyo internacional, principalmente de EEUU y sus gobiernos adláteres en la región y de la comunidad europea. Hubo inicialmente nutridas marchas en todo el país, que sin embargo nunca fueron como las ocurridas en 2001 y 2002. También se produjo la violencia de baja intensidad ejercida por grupos juveniles dirigidos por mercenarios, pero lo que avanzó mucho más fue la acción internacional, con el reconocimiento a Juan Guaidó como Presidente de la República de más de 50 países, la creación del grupo injerencista de Lima y sobre todo la imposición de sanciones económicas por parte de EEUU.
El gobierno respondió convocando a las calles a sus partidarios, para lo cual utilizó su control de la administración pública y los recursos del Estado; reprimiendo fuertemente las acciones violentas de calle e interfiriendo y limitando también las protestas pacíficas, militarizando las principales ciudades, judicializando la represión contra sus adversarios y desatando una costosa acción propagandística digna de mejores causas. Adicionalmente, fue tomando medidas de liberación del mercado, que lo han llevado al extremo de permitir y defender una dolarización anárquica de la economía y un mercado prácticamente sin ningún control estatal. Ha reducido la emisión de circulante y ha tratado, con muchas dificultades, de mantener algunos programas sociales, principalmente los de ayuda alimentaria a la población, para los cuales está muy lejos de tener las divisas que tuvo, y ha manejado intensamente sus relaciones internacionales.
Luego de casi un año de lucha los adversarios no han podido acumular suficientes fuerzas para derrotar al contrario. Las marchas opositoras se han venido reduciendo, lo cual también le ha pasado a las movilizaciones gubernamentales, situación que indica un resquebrajamiento de los apoyos y de la obediencia. El golpe de Estado no se ha producido, a pesar del insistente trabajo interno y externo efectuado para seducir a la FANB, y la anunciada invasión militar extranjera tampoco y está hoy aparentemente más lejos que nunca. Hay que responsablemente señalar que esa política está hoy totalmente fracasada. El gobierno, por su parte, tampoco ha sido exitoso. Su respaldo popular sigue muy disminuido, no ha podido conjurar la crisis ni ha logrado derrotar a la oposición extremista, hecho más que evidente si vemos la libertad total con la que se mueve Juan Guaidó en todo el territorio nacional.
Hay un empate técnico entre estas fuerzas polarizadas y la única derrotada ha sido la nación venezolana, arruinada por ambos sectores y sin futuro claro a la vista, con excepción de la valiente iniciativa tomada por cinco partidos de la oposición democrática, que asumieron la constitución de una mesa de diálogo nacional con el Ejecutivo. Ésta, a pesar de la lentitud gubernamental en la toma de sus decisiones, ha ido avanzando positivamente en forma constante y, guste o no guste, quiérase o no, tiene resultados cualitativamente mayores que los diálogos de Santo Domingo y de Barbados. “No terminarán en nada”, dicen algunos iluminados. Puede ser. Está dentro de lo posible. Pero prefiero trabajar para que termine con la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral más equilibrado, el establecimiento de la representación proporcional constitucional y la realización de las elecciones venideras dentro de un marco de equidad, participación total y transparencia.
Luis Fuenmayor
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