LA PRINCIPAL FALACIA GOBIERNERA
Iniciemos con una imaginaria declaración de
cualquier cínico miembro del actual equipo de gobierno (¿?): Con
los CLAP se estimula y estabiliza la producción, en pro
de derrotar la guerra económica que
adelanta la oligarquía apátrida contra
la revolución, la felicidad y la sana alimentación
alcanzada por el pueblo”.
La expresión
guerra económica tiene un origen marcadamente venezolano en íntima vinculación con el chavismo-madurismo
bajo el supuesto señalado por H. Chávez (que aún
sostienen) que desde el año 2000 se estaba desarrollando en el país un
conjunto de acciones encubiertas destinadas a afectar negativamente el desempeño
de la economía venezolana; cuando en realidad era el propio “proceso” quien
echaba las bases para la construcción
del socialismo-comunismo.
Dicha expresión, fue retomada por N. Maduro a finales del
2013 en momentos cuando afloraba con ímpetu la ineficiencia del incoherente y amorfo socialismo
del siglo XXI mostrada por una ralentización (disminución de la velocidad de crecimiento) de nuestra economía,
en mucho inducido por el marcado despilfarro fiscal para apuntalar el populismo (entre
1999-2015 “desaparecieron” por ineficiencia y corrupción
unos US$ 995.000 millones de ingresos petroleros), el cual no pudieron
continuar por esa vía (la sustituyeron con emisión de
dinero inorgánico) ante la caída a
nivel internacional del precio promedio del petróleo;
cuyos efecto perversos persisten para el caso venezolano como consecuencia de no haberse aplicado algún “plan de ajuste”, y en su lugar iniciaron un cínico
plan comunicacional de externalidad (desviar la culpa) dirigido contra la “burguesía apátrida”, “el
golpismo opositor de extrema derecha”
y el “imperialismo
estadounidense” entre otros culpables.
Posteriormente, concentraron bajo el vergonzoso
reduccionismo la invisible “guerra económica” (que
según los “revolucionarios” lleva
unos 15 años) en un marco de infamia
continuada (una maldad
materializada en repetidos comentarios con la intención de
desplazar la verdad). A tenor de ello, resulta oportuno recordar que el “proceso
revolucionario” creó en 2008 el Sistema Integral de Control
Agroalimentario (SICA) con el fin de mantener bajo su influencia la distribución de los alimentos, ampliado en 2012 con la Guía Única de Movilización
y Control de Alimentos con
el propósito de supervisar la movilización y
traslado de los alimentos. Tal estructura se gesta, luego de la ratificación de H.
Chávez como Presidente en el distorsionado Referendo Revocatorio del 15/08/2004, ocasión que consideró propicia
para asumir públicamente el socialismo como norte de su
revolución que lo profundizó cuando
volvió a triunfar en 2006 dando cuerpo a un control
estatal de la economía impulsando el crecimiento del Estado-empresario bajo
el amparo de la Ley Contra el Acaparamiento, la Usura y el Boicot promulgada
en 2008; para luego en 18/07/09 asumir la importación
de alimentos esenciales
bajo la “premisa” de evitar que las empresas privadas siguieran
negociando corruptamente con US$ al cambio oficial (mayor descaro cara al
presente), hasta que el 10/06/10 H.
Chávez declara la “guerra
económica” a
la burguesía apátrida (según sostuvo), y luego creó el
22/03/11 el Plan Alimentario Nacional aprovechando para aumentar
vertiginosamente la importación
de alimentos en más del 51%; hasta que contradictoriamente en 2013 el propio
gobierno anunció una “guerra económica” contra
la revolución bolivariana; infamia que se extiende al 26/02/15 cuando N.
Maduro se declara en campaña permanente contra un supuesto “golpe de
Estado” para posteriormente en junio 2015 (G.O. 40.690)
agrupar en 14 conglomerados las 283 empresas de alimentos controladas por el
Estado.
Ese tejido de improvisaciones para intentar afianzar
el socialismo-comunismo ( aspirando permanecer eternamente en el poder), lo
han continuado al punto de crear el 11/07/16 la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS) para, según
afirmaron, enfrentar el acaparamiento y la especulación (“olvidando” que
desde 2008 tienen el “proceso alimentario” bajo
su control en armonía con un componente militar-cívico),
al tiempo de anunciar el Motor Agroalimentario (¿?)
como una estrategia, a decir de ellos, para combatir la guerra
económica (¡otra vez!) dentro de un marco que ampliaron en
octubre 2016 al reservarse el Estado el derecho de adquirir el 50% de la
producción pública-privada para ser distribuida de forma directa a través de
los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), quienes son los encargados (dicen) de distribuir
alimentos regulados de primera necesidad. En opinión
del Coordinador Nacional de los CLAP, estos son “el
espacio de articulación del Poder Popular para enfrentar la “guerra
económica” (nuevamente) que se traduce en una serie de
distorsiones de la economía, como la especulación,
el acaparamiento y el contrabando de extracción
para generar desasosiego en la población (¡mayor
cinismo!).
A
visión del presente, el
consumo de alimentos en los hogares se ha reducido en la mayoría de
los principales productos, al igual que el número
de personas que come al menos dos comidas al día;
todo ello ante la disminución de la oferta de alimentos y de la devastadora
inflación (con obvio efecto sobre la disminución
del poder adquisitivo) que entre 2013-2015 elevó el
precio de los alimentos en un 739% y según
cifras no oficiales (las oficiales no existen) el incremento en 2016 superó el 850%; en unísono con estimaciones 2016 de Cavidea que reflejan
una disminución del 21% con relación al 215, al tiempo que las importaciones 2016
mostraron una caída del 62% con respecto al 2012. Vale complementar tan pésimo escenario, con el preocupante hecho que PDVSA
es actualmente una de las peores empresas
petroleras del mundo
(Revista Forbes, 2017) cuyo auge se vio “truncado” durante
la gestión de H. Chávez al punto que en el presente Venezuela produce un
20% menos de petróleo en comparación
con el inicio del proceso en 1999; e igualmente somos una
de las más reprimidas economías
del mundo ocupando el penúltimo
puesto (detrás de Corea del Norte) a la luz del Índice
de Libertad Económica 2017,
mientras que a tenor del Índice de Integridad Gubernamental 2017 que mide la permeabilidad del Estado frente a la
corrupción y la capacidad de la justicia con independencia y
celeridad también ocupamos el último
lugar.
En fin, se hace urgente generar un cambio el cual no puede
estar supeditado a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana por parte de la OEA, que muy probablemente no se aplicará (por
los momentos) y muy por el contrario puede traducirse en una infamia equivalente a perpetuar el enfriamiento de calle.
Jesús Alexis González
jagp611@gmail.com
@jesusalexis2020
@jesusalexisgon
Observatorio 2012
Miranda - Venezuela
