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jueves, 23 de marzo de 2017

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ AZNAR - INJURIAS POLÍTICAS CONTRA LOS ARTISTAS

EL HIMNO DE CARACAS 

Con cierta frecuencia observamos en la prensa o en las redes sociales feroces críticas a intelectuales y artistas por su posición política. La polarización que vivimos nos está llevando a una conducta mezquina que pretende desconocer el valor artístico de muchos compatriotas por el hecho de ser oficialistas u opositores, según el caso. Hay quienes denigran de nuestros artistas por su pensamiento político sin tomar en consideración sus aportes a la cultura venezolana y el prestigio internacional que le dan al país.

Gabriel Celaya (1911-1991) fue un poeta social cuyas principales obras fueron escritas en España bajo la dictadura franquista a pesar de su filiación comunista. Fue un poeta comprometido políticamente si bien su denuncia social la hacía en forma solapada para evitar las consecuencias de la férrea censura.

En una de sus poesías expresa: “Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos, se desentienden y evaden, maldigo la poesía de quienes no toman partido hasta mancharse”. Celaya llamaba así a la conciencia de los poetas y por extensión también a la de los intelectuales y artistas, exhortándoles a expresar sus ideas en forma abierta y sin temores. Sobre esta posición existen diversas opiniones.

Me duele cuando hay chavistas que han sugerido cambiar el Himno de Caracas por el hecho, según dicen, que su letra fue compuesta por José Enrique “Chelique” Sarabia. Le imputan haber sido el compositor de temas musicales para las campañas electorales de candidatos adecos. No toman en consideración que sus composiciones son conocidas en el mundo entero, cantadas en diversos idiomas por reconocidos cantantes, tales como Nat King Cole, Lucho Gatica y Plácido Domingo.

Me duele cuando algunas personas de oposición critican a José Antonio Abreu y a Gustavo Dudamel por no manifestarse abiertamente en público contra la dramática situación que vive el país. Es una injusticia pues su calidad artística y humana es reconocida mundialmente. Les prefiero políticamente mudos pero que sigan engrandeciendo con su arte el nombre de Venezuela y continúen al frente de la Fundación del Estado del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles. Como directores de orquestas han actuado ante la presencia de todos los Presidentes de la República durante 40 años, sin que ello les identifique como adecos, copeyanos o chavistas.

Hay artistas que han transitado el campo político, sin menoscabo de su prestigio artístico. Rómulo Gallegos es reconocido como escritor más que por haber sido Presidente de la República. Andrés Eloy Blanco es admirado como poeta más que por haber sido presidente de la Asamblea Constituyente y Ministro de Relaciones Exteriores. Se sigue estudiando la Historia Constitucional de Venezuela de José Gil Fortoul aunque haya sido ferviente defensor del dictador Juan Vicente Gómez. José Antonio Abreu pasará a la historia por la creación y desarrollo del “Sistema” y no por haber sido Ministro de Cultura en los gobiernos de Pérez y de Caldera.

En el área internacional ocurre lo mismo. No dejaremos de oír al controversial Wagner aunque haya sido el compositor preferido de Hitler. Admirar a García Márquez y a Vargas Llosa, ambos Premios Nobel, no significa necesariamente compartir con ellos sus respectivas opiniones favorables o adversas a los gobiernos de Castro o de Chávez.

El arte debe estar por encima de las consideraciones políticas, económicas, religiosas o raciales de quienes lo practican. El tiempo hace destacar los méritos que engrandecen a los personajes históricos. Un artista debe ser reconocido históricamente por su arte y no por su posición política.


José Vicente Rodríguez Aznar
josevicenterodriguez.aznar@gmail.com
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Miranda - Venezuela

jueves, 16 de marzo de 2017

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ AZNAR, PENSIONADOS Y ESTUDIANTES EN EL EXTERIOR

MERECEN TODO EL APOYO NACIONAL

El pasado domingo se celebró en Caracas la XIV Cumbre del ALBA con la asistencia del presidente Nicolás Maduro, de otros cuatro jefes de Estado y de altos funcionarios de todos los países miembros. El presidente Maduro anunció el apoyo legal y financiero del ALBA a los emigrantes latinoamericanos amenazados por el presidente Trump de ser expulsados de Estados Unidos. Sin lugar a dudas es una demostración de solidaridad, tal como también la merecen los centenares de miles de refugiados que huyen de sus países para protegerse del hambre, de la guerra y de la persecución racial o religiosa.

Pero es oportuno expresar una vez más que también existen varios miles de ciudadanos venezolanos en Estados Unidos y en otros países que viven en situación precaria, cada uno con su drama personal debido al incumplimiento del gobierno venezolano en entregarles las divisas a las que está obligado. Nos referimos a los estudiantes, pensionados y jubilados en el exterior.

El gobierno venezolano está obligado a cumplir sus compromisos con estos compatriotas y más aún cuando existen contratos bilaterales firmados a estos efectos con algunos países. No se trata de un favor del gobierno ni de un privilegio con estos ciudadanos. Ellos tienen derecho a esos pagos. Hay que observar que los estudiantes en el exterior, los jubilados o los pensionados ni han huido del país por razones políticas, ni son prófugos ni desertores. Unos se están formando para ser útiles al país en el futuro inmediato. Otros ya dedicaron buena parte de su vida al mismo propósito. Ambos merecen todo el apoyo nacional.

Desde hace varios meses el gobierno venezolano está actuando negativamente dando un trato discriminatorio contra nuestros pensionados y estudiantes en el exterior al no entregarles las remesas correspondientes. Presumimos que cada uno de ellos cumplió todos los trámites legales y administrativos que regían en Cadivi o en Cencoex, además de las estrictas exigencias académicas de las instituciones docentes en el caso de los estudiantes. Además, estos pagos están previstos en los convenios cambiarios firmados entre el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela.

Los actuales estudiantes en el exterior optaron y fueron aceptados en instituciones académicas extranjeras con el compromiso del gobierno venezolano de entregar mensualmente los estipendios correspondientes. Algunos ministros y vicepresidentes ejecutivos de los gobiernos de Chávez y Maduro no deben olvidar que fueron estudiantes en el exterior favorecidos por el Programa Gran Mariscal Ayacucho creado por el presidente Carlos Andrés Pérez, para lo cual no se les exigía militancia o simpatía política sino simplemente aptitudes académicas. Varios ministros militares también cursaron programas en el exterior. Ellos deben pensar cuánto hubieran padecido de haber pasado varios meses y hasta más de un año, sin recibir las correspondientes mensualidades.

Sabemos las dificultades para administrar la escasez de divisas. Pero resulta inconcebible que un gobierno socialista que se proclama defensor de los derechos humanos, los viole flagrantemente al dejar desasistidos en el exterior a miles de estudiantes, jubilados y pensionados venezolanos, mientras tiene previsto dedicar recursos a emigrantes latinoamericanos amenazados de expulsión en Estados Unidos.

No conocemos la cuantía de recursos que Venezuela a través del ALBA tiene dispuestos a estos fines. Sin embargo cualquier bolívar para ello constituirá una afrenta para nuestros estudiantes, jubilados y pensionados que viven en el exterior. Esto no es xenofobia hacia los latinoamericanos sino justicia para nuestros compatriotas.

José Vicente Rodríguez Aznar
josevicenterodriguez.aznar@gmail.com
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Miranda - Venezuela

jueves, 9 de marzo de 2017

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ AZNAR, PRIORIDADES POLÍTICAS Y ECONÓMICAS

PRIORIDAD EN LO ECONÓMICO Y EN LOS SOCIAL

Varias veces nos hemos referido a la estrecha relación que existe entre la política y la economía. Pero también hemos expresado que cada una de ellas tiene sus propias particularidades y áreas de compromiso. En la Venezuela de hoy más que nunca estamos sufriendo por la confusión que existe en nuestros líderes, sean oficialistas o de  oposición, cuando mezclan ambos conceptos como si fueran uno solo.

La economía del país será mejor o peor según sea buena o mala la aplicación de la política económica del gobierno de turno. Ello obviamente deberá tener repercusión en el terreno político en cuanto a la aceptación o rechazo de la población sobre el equipo gobernante, que se reflejan en las urnas electorales.

Nuestra Constitución define claramente las atribuciones y responsabilidades de los distintos Poderes Públicos Nacionales. El Poder Legislativo lo integran los diputados elegidos por la población, por lo que es el máximo representante de la voluntad popular y su función es esencialmente política; actualmente sus funciones las ha absorbido el Tribunal Supremo de Justicia a través de unas decisiones jurídicas que muchos venezolanos no entendemos. En el Poder Ejecutivo solo el Presidente de la República es designado por elección popular y su función es esencialmente gerencial. A los miembros del TSJ y del CNE los designa la Asamblea Nacional.

En Venezuela estamos padeciendo graves problemas económicos y políticos. Los problemas económicos afectan a toda la población en general, de manera especial a los sectores de menores recursos. Los aspectos políticos tienen fundamentos morales, éticos, legales e ideológicos que también afectan a toda la población pero con menor repercusión cotidiana que la originada por la escasez y desabastecimiento de productos esenciales y por la inoperatividad de los servicios públicos.

La polarización ha creado un duro enfrentamiento entre gobierno y oposición, el cual se ha pretendido resolver en una Mesa de Diálogo. Por ahora el diálogo está suspendido. El gobierno se siente triunfador pues ha logrado que pase el tiempo sin haber cedido a las peticiones de la oposición. Por el contrario, entre los millones de opositores se nota cierto desaliento al sentir frustradas sus esperanzas iniciales. Sobre este particular hay que destacar dos circunstancias.

Por un lado, el gobierno participa con ventaja sobre sus adversarios. Tiene una sola voz sin que nadie disienta en su seno. Tiene de su lado el peso institucional del Estado, salvo la Asamblea Nacional, con todo el poder político, militar, financiero, policial, judicial, electoral y comunicacional, así como la firme decisión de mantenerse en el poder a toda costa.

Por otra parte, la oposición tiene multitud de voceros no siempre coincidentes entre sí. Su objetivo de reemplazar al actual gobierno lo hace con tácticas confusas y a veces contradictorias. Ha dado prioridad a importantes temas políticos tales como la restitución de funciones a la Asamblea Nacional, la designación de nuevos miembros en el TSJ y en el CNE, el plebiscito revocatorio, la elección de gobernadores, la libertad de los presos políticos, etc. Pero aún no se conoce un programa de desarrollo económico, social e institucional que comprometa a todos los sectores de la oposición ante un eventual cambio de gobierno.


Gobierno y oposición le están dando prioridad a los aspectos políticos. Sin embargo las encuestas indican que la prioridad de la población es que le resuelvan los problemas económicos y sociales que sufre diariamente. Ellos fueron la principal causa para el triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias. Es importante no olvidarlo.

José Vicente Rodríguez Aznar
josevicenterodriguez.aznar@gmail.com
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Miranda - Venezuela

lunes, 6 de marzo de 2017

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ AZNAR, ECHANDO GASOLINA PARA APAGAR INCENDIOS

LOS AUMENTOS DE SALARIOS SON INFLACIONARIOS

Hace pocos días el presidente Nicolás Maduro decretó nuevo aumento de salarios y del bono alimentación con el propósito, según dijo, de proteger los ingresos de los trabajadores. Este es el séptimo incremento en los últimos doce meses, por un monto total equivalente al 600% al pasar de Bs. 24.853 a Bs. 148.638.

Aunque la tasa de inflación del año 2016 aún no ha sido informada por el Banco Central, contrariando lo dispuesto en el artículo 337 de nuestra Constitución que expresa que los Estados de Excepción, como el vigente, no pueden restringir el derecho de información, es fácil deducir que la inflación en Venezuela en ese año ha sido igual o superior al 600% habida cuenta que los aumentos salariales siempre se han hecho en forma rezagada, recogiendo aunque sea parcialmente lo sucedido en los meses anteriores.

Mucho se ha escrito sobre las causas que han originado el proceso inflacionario que padecemos en Venezuela en los últimos años. Entre muchas de estas causas, podemos mencionar tres de ellas que son universalmente aceptadas: a) Exceso de dinero en la economía; b) Régimen cambiario con continuas devaluaciones; c) Aumento de costos de producción interna. En Venezuela las tres causas mencionadas son generadas por el gobierno que contradiciendo sus feroces ataques al sistema de mercado, ha creado su propio mercado imperfecto de oferta y demanda de dinero y de productos, en el cual es el principal actor y factor de distorsión.

La liquidez monetaria está constituida por el dinero en manos del público y en depósitos bancarios. El excedente de liquidez lo crea el gobierno a través del desmedido gasto público. Al no contar con ingresos suficientes, acude al endeudamiento externo u obliga al BCV a financiar el déficit mediante emisiones de dinero inorgánico, es decir, sin reservas internacionales que lo respalden. Ese exceso de dinero en la economía crea una demanda de productos superior a las cantidades de artículos disponibles. Obviamente, al haber mayor demanda que oferta, suben los precios de los productos. Además esta situación se agrava por la escasez de productos en el mercado.

Por otra parte, tenemos una economía altamente dependiente del exterior no solo por vivir de la exportación de petróleo sino también por tener que importar materias primas y bienes manufacturados. Por lo tanto cualquier devaluación del bolívar significa un aumento de costos de las importaciones que se trasladan a los precios locales. Recordemos que en el año 2008 cuando se creó el bolívar fuerte, el cambio oficial quedó en Bs. 2,15 por dólar; además funcionaba un tipo de cambio en el mercado de Bs. 5,70. Actualmente esos dos tipos de cambio se han elevado a Bs. 10 y Bs. 698. También existe un mercado no oficial en el que el dólar se transa en alrededor de Bs. 4.000. Estos datos por sí solos explican una de las causas de nuestra inflación.

Los aumentos de salarios por sí solos no mejoran la situación de los trabajadores mientras existan elevados y continuos incrementos de precios de los artículos y subsista la escasez de productos esenciales. El aumento de salarios apenas es una engañosa solución transitoria por pocos días, pues el trabajador, aunque con mayor salario, comprará menor cantidad de mercancías que antes debido a la escasez y a los altos precios.

Los mayores costos salariales obligarán al cierre o reajustes de empresas con lo cual crecerá el desempleo y se reducirá aún más la producción de bienes. En consecuencia, la política económica debe orientarse a una estabilización de los tipos de cambio y a estimular la producción nacional con el fin de equiparar la demanda con la oferta y exportar los excedentes de producción.


José Vicente Rodríguez Aznar
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Miranda - Venezuela

domingo, 26 de febrero de 2017

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ AZNAR, OTRA VERSIÓN DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

CASO ECUADOR

Los ecuatorianos acuden a las urnas para elegir nuevo presidente de la República.  Su actual presidente Rafael Correa fue elegido en el año 2006, habiendo sido reelecto posteriormente. Para estas elecciones no aceptó las sugerencias de sus partidarios para que se postulara una vez más, no obstante que, según las encuestas, triunfaría nuevamente.  Es encomiable su decisión de no aferrarse al poder.

Históricamente Ecuador ha vivido en permanente convulsión política, con frecuentes cambios de gobierno por golpes de Estado militares o de civiles con apoyo militar. En casi doscientos años apenas tres o cuatro presidentes han culminado su mandato, siendo Correa uno de ellos.

Correa ha gobernado Ecuador con la bandera del Socialismo del Siglo XXI aunque en forma muy distinta a la aplicada en Venezuela y, por supuesto, con resultados totalmente diferentes. Al inicio de su gobierno, Ecuador sufría una grave crisis económica, política y social. En su campaña Correa atacó fuertemente al neoliberalismo a quien culpaba de los males que padecía el país. La economía estaba dolarizada desde que en el año 2000 el dólar estadounidense era la moneda de curso legal y único medio de pago. Su programa económico se sustentaba en el Socialismo del Siglo XXI al cual lo aliñó con la denominación de Revolución Ciudadana, dándole así  una identidad propia más nacionalista y auténtico.

En el último decenio Ecuador ha progresado dentro de un esquema pragmático sin acogerse a estrictos dogmas ideológicos. Ha mejorado el nivel de vida de las clases populares sin acudir al clásico populismo improductivo, generador de crisis y déficits fiscales. Actualmente está en proceso la desdolarización de la economía para lograr la ansiada  "soberanía monetaria y cambiaria".

Es evidente que en Ecuador el llamado eufemísticamente Socialismo del Siglo XXI, ha dado resultados positivos muy distintos a los obtenidos en Venezuela que fue el país que puso de moda  este concepto en Latinoamérica. Ello se debe a que en cada país su aplicación ha sido muy distinta. En Ecuador la inversión pública y el apoyo a la iniciativa privada, han sido factores decisivos para mantener una tasa de crecimiento constante y bajas tasas de inflación; se ha mantenido y estimulado el desarrollo del sector privado nacional y se ha incentivado la inversión extranjera; se han desarrollado programas masivos en las áreas de educación y salud;  la ejecución de obras públicas se ha desenvuelto en forma eficiente; la política fiscal se ha manejado con prudencia, logrando mantener un ligero déficit público a niveles razonables.

Como es natural, en Ecuador todavía existen muchos problemas económicos  por resolver. La caída de los precios de exportación del petróleo en los dos últimos años ha afectado sensiblemente las cuentas fiscales

La organización institucional del Estado y la preparación técnica de los principales funcionarios ha sido factor decisivo en la recuperación económica. En general se ha mantenido un equipo ministerial con pocas modificaciones y con profesionales conocedores de las respectivas áreas de su competencia. Todos ellos formaron un equipo de trabajo coordinado, priorizando su función pública por encima de apetencias económicas o aspiraciones políticas o personales.

Solo así se puede ejecutar un programa coherente de gobierno, adaptado a la situación del país, con metas concretas y ajustado a las posibilidades de financiamiento. Es la mejor forma de evitar que los gobiernos actúen bajo la improvisación o inspiración personal de sus gobernantes que toman decisiones impensadas, contrarias a las necesidades colectivas.         


José Vicente Rodríguez Aznar
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Miranda - Venezuela

lunes, 6 de febrero de 2017

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ AZNAR, NUEVO PRESIDENTE DEL BCV

QUE CUMPLA CON LA CONSTITUCIÓN

El Banco Central de Venezuela tiene funciones y responsabilidades claramente establecidas en la Constitución y en las leyes, las cuales le otorgan muy alta responsabilidad en la situación económica y social del país.

En efecto, el art. 318 de la Constitución indica: “Las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El objetivo fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria...”. También señala entre sus funciones... “administrar las reservas internacionales...”.

Por otra parte, el art. 319 indica que el Banco Central de Venezuela... “rendirá cuenta de sus actuaciones, metas y resultados de sus políticas a la Asamblea Nacional”. Más adelante, el art. 320 establece: “En el ejercicio de sus funciones el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias”.

A su vez, el art. 21 de la Ley del BCV le prohíbe “acordar la convalidación o financiamiento monetario de políticas fiscales deficitarias”. En los últimos años esta ley ha sufrido diversas reformas, la última de ellas por Decreto Ejecutivo con fuerza de ley de fecha 31-12-2015. Ellas han restado autonomía al instituto emisor, convirtiéndole en una institución sumisa a los deseos e instrucciones del Poder Ejecutivo. El BCV en los últimos años ha incumplido reiteradamente sus funciones constitucionales. Ni ha logrado estabilidad de precios ni ha preservado el valor de nuestra moneda y, además, ha financiado déficit fiscales. También ha permitido que la administración de las reservas internacionales esté dispersa en varios organismos públicos, perdiendo su necesario control.

Hace pocos días el presidente Nicolás Maduro anunció la designación de un nuevo presidente del BCV. No se sabe si Nelson Merentes renunció o fue destituido. Se dice que la causa es por haberse agravado sus discrepancias con el presidente Maduro. Este cambio era de esperarse, en particular después de la forma absurda como el Ejecutivo dirigió la implantación del nuevo cono monetario, cuya tarea le correspondía exclusivamente al BCV.

El nuevo presidente del BCV es el economista Ricardo Sanguino, quien ha sido diputado del PSUV en los últimos 15 años. Como presidente y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional ha defendido la gestión financiera del Ejecutivo Nacional y ha sido impulsor de las diversas reformas de la Ley del Banco Central. Desde su curul parlamentaria varias veces defendió la tesis oficialista de la existencia de una “guerra económica desestabilizadora”.

En su nuevo cargo institucional, deberá reconocer que la gestión del BCV ha sido generadora de la grave crisis económica actual. Es necesario modificar la conducta del instituto para eliminar las causas de la crisis atribuibles al BCV. Es urgente reactivar la economía nacional, modificar el régimen cambiario, crear confianza en el sector productivo y así estimular la inversión de capitales nacionales y extranjeros con el propósito de incrementar la producción nacional, reducir la inflación, acabar con el desabastecimiento, generar empleos y racionalizar las importaciones.

Como venezolano, deseo el mayor de los éxitos al nuevo presidente del BCV, para lo cual le bastará cumplir con los mandatos constitucionales en cuanto a las funciones del instituto. El dilema se le presentará entre aplicar su formación profesional de economista o seguir fielmente las políticas oficialistas que tanto daño están causando al país y a las familias venezolanas.

José Vicente Rodríguez Aznar
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Miranda - Venezuela

jueves, 26 de enero de 2017

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ AZNAR, LA ECONOMÍA SUBORDINADA A INTERESES POLÍTICOS

SOCIALISMO ES CRISIS

Venezuela ha tenido y seguirá teniendo por largo tiempo un inmenso potencial con una posición geográfica privilegiada, variedad de climas y de suelos y abundantes recursos mineros, forestales, hidráulicos y marinos, es el país con mayores reservas probadas de petróleo. Tiene grandes reservas de mineral de hierro y de oro así como de materias primas para la producción de aluminio. Ha dispuesto de recursos financieros para poder tener alta solvencia económica y una población con elevados niveles de bienestar.

Sin embargo en los últimos años estamos viviendo una grave y prolongada crisis política, económica, social e institucional. Lo que sucede en Venezuela nos tiene perplejos a propios y a extraños. ¿Qué ha ocurrido en este país? Fatalmente la conclusión es simple: En vez de administrar nuestra riqueza con sabiduría y prudencia lo estamos haciendo con torpeza y derroche.

La aparición del petróleo nos hizo ricos en forma súbita sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Las inversiones para explotar el petróleo las efectuaron las empresas extranjeras. Nuestro trabajo consistía en tener abiertas las arcas fiscales esperando que fueran llenadas con los impuestos que nos pagaban, primero, las empresas concesionarias extranjeras y, después, la industria nacionalizada. La población se acostumbró a exigirle al Estado más de lo que podía dar. Desaprovechamos una oportunidad histórica como pocas naciones han tenido.

En la década de los años 90 el país ya presentaba señales de una crisis económica y social que requería atención inmediata. En las elecciones presidenciales de 1998 buena parte de la población concentró su esperanza en Hugo Chávez eligiéndole Presidente de la República.

A partir de 1999 surge la “revolución socialista chavista” sin que ninguno de estos términos existan en nuestra Constitución. Bajo una confusa ideología, su prioridad es imponer un nuevo sistema a través de las siguientes acciones políticas: a) Acaparar todos los Poderes Públicos para ponerlos al servicio de la revolución. b) Apropiarse progresivamente de la economía privada. c) Crear empresas estatales civiles y militares para la producción, importación, distribución y control de bienes y servicios. d) Administrar los presupuestos públicos y las reservas internacionales para cumplir sus objetivos políticos. e) Convertir el estamento militar en el brazo armado de la revolución cívico militar. f) Reducir al mínimo a los sectores de la oposición, sin considerar que su existencia es fundamental en cualquier régimen democrático.

No hay duda que el gobierno está cumpliendo sus propósitos políticos para su exclusivo beneficio. Ha priorizado la acción política para lograr su máxima meta de permanecer en el poder, relegando a un segundo plano los aspectos económicos y sociales que son los que más afectan a las familias venezolanas.

En este sentido hay que destacar que la revolución chavista propuso como de alta prioridad atender las necesidades de la clase menos favorecida de la población. Tristemente la ideología revolucionaria socialista que inspira su gestión gubernamental ha creado la dramática crisis que estamos padeciendo. En consecuencia es necesario un cambio de la política económica y social para mejorar el nivel de vida de la población, especialmente de sus sectores más pobres cuyo número se ha incrementado con la incorporación, muy a su pesar, de buena parte de la desaparecida clase media de menos recursos.

El gobierno no admite esta realidad. Insiste en radicalizar su política a través de decretos, discursos y nuevas promesas, cuyas medidas populistas en vez de mantener antiguas ilusiones y esperanzas han creado desasosiego y frustración.


José Vicente Rodríguez Aznar
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Miranda - Venezuela

lunes, 18 de abril de 2016

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ AZNAR, GUERRA POLÍTICA, JURÍDICA E INSTITUCIONAL

El propósito de la Asamblea era retomar las funciones que ya tenía en la Ley de 2014.

         La semana pasada escribí algunos comentarios sobre la inconstitucionalidad declarada por la Sala Constitucional a la Ley del Banco Central de Venezuela aprobada por la Asamblea en marzo del presente año. Se me ha pedido que los amplíe, lo que hago a continuación.

         En las elecciones parlamentarias del pasado 6-D triunfó la oposición con una mayoría del 67% de los diputados de la Asamblea Nacional, despojando al oficialismo del predominio mantenido en los últimos años. El Ejecutivo Nacional todavía no ha asimilado esta realidad e intenta apoderarse de funciones de la nueva Asamblea, con el apoyo de los demás poderes, en especial, del Tribunal Supremo de Justicia. Sirve de ejemplo lo ocurrido con las recientes leyes del BCV.

         El Presidente Maduro en fecha 30-12-2015, al conocer la nueva composición de la Asamblea, hizo un último uso de la Ley Habilitante faltando apenas 24 horas para que ella feneciera y tan solo cinco días para que se instalara el nuevo Parlamento, modificando la Ley del BCV que él mismo había dictado el 19-11-2014. Esta modificación despojó a la nueva Asamblea de funciones que antes tenía, traspasándoselas al Ejecutivo. Veamos:

a) Eliminó la atribución de la Asamblea de ratificar, con el voto de la mayoría de sus miembros, la designación del Presidente del BCV efectuada por el Presidente de la República. Lo mismo ocurre en caso de su falta absoluta.

b) Eliminó la facultad de la Asamblea de designar dos Directores del BCV, mediante el voto de la mayoría de sus miembros.

c) Eliminó la obligación del presidente del BCV de comparecer ante la Asamblea para rendir cuentas de su gestión.

d) Introdujo la facultad del BCV para financiar déficits fiscales, la cual está expresamente prohibida por la Constitución

e) Introdujo la autorización al Directorio del BCV para suspender transitoriamente la publicación de información estadística, cuando así lo requiera el Presidente de la República.

         La Sala Constitucional analizó la Ley aprobada por la Asamblea, la comparó con la Ley dictada por Maduro en 2015 y la declaró inconstitucional. Entre sus motivaciones destacan que la Asamblea incurrió en desviación de poder en contra la autonomía de los poderes públicos; que la nueva mayoría parlamentaria tuvo el propósito de ejercer el control político sobre el BCV y que la designación de todos los miembros de su Directorio le corresponde solo al Presidente de la República.

         Ahora bien, es de observar que la Ley aprobada por la Asamblea es prácticamente la misma que la dictada por Maduro en noviembre de 2014, a la cual la Sala Constitucional no le hizo objeción alguna. El propósito de la Asamblea era retomar las funciones que ya tenía en la Ley de 2014.

         Si la Sala Constitucional fuera consecuente con sus criterios, los mismos motivos que ha expresado para objetar la Ley aprobada por la Asamblea en marzo 2016, debió tenerlos también para declarar inconstitucional la Ley del 2014 aprobada por Maduro, lo cual no hizo.

         Por lo tanto, habría que preguntarse si la Sala Constitucional aplica distintas interpretaciones de la Constitución sobre un mismo texto legal, según quien sea el legislador que lo apruebe y el grupo político que domine la Asamblea. Habría que preguntase también cómo queda la seguridad jurídica tan necesaria para nuevas inversiones que reactiven la producción.

         Lamentablemente existe en el país una guerra política, jurídica e institucional entre la Asamblea y los demás Poderes Públicos que daña a las instituciones e indigna a la mayoría de la población que rechaza la intolerancia, exige respeto entre las instituciones y desea la convivencia pacífica para el bienestar del país

José Vicente Rodríguez Aznar
josevicenterodriguez.aznar@gmail.com
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El Universal                                    
Miranda - Venezuela