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lunes, 27 de mayo de 2019

ARMANDO DURÁN: LABERINTOS, OSLO, APACIGUAMIENTO Y RENDICIÓN

Cada vez que los dirigentes de la mal llamada revolución bolivariana se han encontrado en aprietos, sectores de la “oposición” y de la comunidad internacional han acudido en su ayuda y le han proporcionado al régimen suficiente oxígeno y tiempo para recuperar el aliento y los espacios perdidos. Eso le ocurrió a Hugo Chávez después del sobresalto histórico de su forzada renuncia el 11 de abril de 2002 y eso le ha ocurrido a Nicolás Maduro dos veces, en 2014 y en 2018. Ahora, desde Oslo, en esta ocasión con la mediación del gobierno noruego, los colaboracionistas de siempre sencillamente intentan repetir la hazaña.

Esta pretensión, por supuesto, se adorna con la supuesta necesidad política y existencial de entablar un diálogo entre las partes, en este caso entre Maduro y Juan Guaidó, para eludir la tragedia de una indeseable y violenta confrontación recurriendo al pacífico, democrático y civilizado mecanismo de una consulta electoral. Recurso al que además se le da un carácter de “inevitabilidad”, o esto o lo otro, como esta semana han coincidido en señalar con presunta repugnancia y falsa resignación dos personajes tan disímiles como Moisés Naím, mediático ex ministro de Carlos Andrés Pérez, y Josep Borrell, ministro español de Asuntos Exteriores, quien con estos gestos sin duda trata de sumar puntos para fortalecer su aspiración a ser el próximo responsable de la política exterior de la Unión Europea.

El argumento no es nuevo. Hace 16 años, José Vicente Rangel, principal asesor político de Chávez en los primeros tiempos de la travesía del ex teniente coronel golpista como electo jefe del Estado venezolano, planteó el argumento teórica y éticamente razonable de que “o nos entendemos o nos matamos.” Gracias a lo que en definitiva era una trampa caza-bobos, Chávez logró sobrevivir a una tormenta que parecía irresistible y pudo consolidar un régimen que a todas luces agonizaba sin remedio. Actuando de acuerdo con esa misma y supuesta buena conducta pública que entonces, con el aval de César Gaviria, a la sazón secretario general de la OEA, y del ex presidente norteamericano Jimmy Carter, le sirvió a muchos para respaldar la astuta maniobra chavista, se pretende adornar ahora lo que de veras se persigue en Oslo: frenar al precio que sea el “cese de la usurpación” como primer paso imprescindible para restaurar en Venezuela la democracia y el estado de Derecho.

Más allá de la distracción que genera la polémica sobre la agenda y las propuestas que se manejan en la casi clandestina ronda negociadora de Oslo, la intención de sus promotores es ocultar la finalidad apaciguadora que en verdad se persigue, aunque disimulada tras un leve velo de aparente civilidad. En ello radica precisamente la perversidad de la maniobra, porque se recuerdan las dos monstruosas guerras mundiales del siglo pasado para imponerle a los políticos “serios” de Venezuela y del resto del planeta, así sea cubriéndose la nariz con un pañuelo perfumado, la ineludible tarea de impedir por todos los medios que se produzcan tragedias humanas como la que se vislumbra en el inmediato futuro venezolano si no se consigue impedir a tiempo que, por culpa de la estupidez ideológica y moral de unos pocos fanáticos de derecha e izquierda, los venezolanos se vean arrastrados a una aventura de consecuencias imprevisibles. Justa y hasta santa misión que le corresponde asumir a la comunidad internacional para propiciar la celebración de nuevas y prontas elecciones (lo de las condiciones electorales vuelven ahora a no tener la menor importancia), como único dispositivo aceptable para garantizarle al país, aunque sea desde un punto de vista exclusivamente formal, la posibilidad de avanzar hacia un porvenir de estabilidad política y social sin necesidad de disparar un solo cañonazo.

Puro disfraz. Lo cierto, lo únicamente cierto de una ronda de negociaciones de la que no sabemos los detalles con certeza, es que estas conversaciones que se han iniciado estos días a más de 8 mil quinientos kilómetros de distancia de Venezuela, en la tranquila ciudad de Oslo, nada tienen que ver con la turbulenta realidad que viven y padecen hoy en día 30 millones de venezolanos exasperados, al borde de un colectivo ataque de locura. Vaya, que mientras en las calles del país los efectos de la crisis acorralan a los ciudadanos de a pie, en Noruega los representantes de Maduro, con la habitual colaboración de presuntos opositores, buscan la manera de darle un giro de 180 grados a la agenda política planteada por Guaidó y respaldada por la inmensa mayoría de la población. No con la intención de acelerar el fin a un régimen culpable de la descomposición física, económica, humanitaria y moral de Venezuela como nación, sino para validar mediante una nueva manipulación electoral la desmesura de quienes en nombre de una revolución que nunca lo ha sido, y solo a cambio de favorecer a unos cuantos privilegiados, han arrasado al país hasta hundirlo en el fondo de un abismo de miseria física y espiritual sin precedentes en la historia nacional.

Lo llamativo de esta insólita situación es que todo el mundo, incluso muchos de quienes enarbolan la bandera de una urgente solución pacífica y electoral de la crisis venezolana, rechaza desde hace meses la legitimidad de Maduro como presidente constitucional de Venezuela. Un muero porque no muero casi místico que le permite a los promotores de la iniciativa europea achacarle al discurso de Donald Trump y a los errores cometidos por los dirigentes de la oposición, el último de los cuales ha sido el improvisado intento de sublevación cívico-militar del 30 de abril, el motivo para invertir así como así los términos de la ecuación planteada por Guaidó como hoja de ruta no transable a seguir. Y así, en lugar del cese de la usurpación, la conformación de un gobierno de transición y finalmente la celebración de elecciones limpias, democráticas y transparentes para devolverle a Venezuela la vigencia de su Constitución, desde Oslo se trata de impedir el estallido de una posible catástrofe convocando ya, lo que se dice ya, elecciones generales como primer paso para propiciar el anhelado cese de la usurpación.

En el marco de este confuso intercambio de falsedades e imposibles, lo que queda claro es, por una parte, que Maduro, en lugar de declararse dispuesto a negociar su salida del poder, ha ordenado arreciar la represión de sus adversarios y ha propuesto la celebración de elecciones parlamentarias con el único objetivo de desmontar definitivamente el único poder constitucional que no controla. Por otra parte, el lenguaje del presidente Donald Trump y el de sus asesores ha adquirido desde el 30 de abril un tono que deja entrever que en Washington, a pesar del optimismo de algunos, nunca se manejó la alternativa de una intervención militar en Venezuela o ya han dejado de pensar en ella. De ahí que hace un par de día el almirante Craig Fuller, jefe del poderoso Comando Sur, declaró que si bien su comando está muy pendiente de lo que ocurre en Venezuela, “nuestra planificación se centra en el futuro, en nuestra colaboración con un (futuro) gobierno legítimo.” Es decir, que aunque en la Casa Blanca se hayan barajado todas las opciones posibles para enfrentar la crisis venezolana, en este punto crucial del proceso, el gobierno de EEUU no tiene planes para aumentar las presiones sobre Maduro, sino para fortalecer lo que ellos llaman la “cooperación” con Guaido y los venezolanos. En decir, para nada de nada.

Estas nuevas circunstancias dejan en el mayor de los desamparos a los 30 millones de venezolanos que sufren a diario las crecientes y devastadoras consecuencias de la crisis. Y que ahora, en lugar de estar a un paso de conseguir la rendición de Maduro y compañía, el apaciguamiento de la oposición promovido por sorpresa desde Oslo, deja de lado por completo el anhelo ciudadano de cambiar cuanto antes de presidente, gobierno y régimen. 

Una nueva realidad que nos transmite un mensaje desalentador: si Guaidó, víctima de sus propios demonios y de los de su entorno, no recobra a muy corto plazo el nervio y el impulso necesarios para reconstruir una agenda política real, convincente y efectiva para derrotar a Maduro y sacarlo de Miraflores, lo que le toca a la Venezuela democrática que hasta hace muy pocos días acorralaba al régimen en un callejón sin salida es la rendición. Como si en Venezuela, a pesar de las apariencias, lo habitual es que lo que parece suele no ser.

Armando Durán
@aduran111

martes, 9 de febrero de 2016

DARIO ACEVEDO CARMONA, LA RENDICIÓN DE COLOMBIA EN POCAS PALABRAS

Una guerrilla casi derrotada sin capacidad de tomarse el poder y sin apoyo popular recibió trato de contraparte del Estado.

Las Farc, ni tontas que fueran, han sabido sacar jugosas ventajas económicas, políticas y jurídicas de la posición blandengue del gobierno Santos.

El presidente Santos contará con poderes especiales –estilo Chávez- en una ley habilitante con la que llevará a cabo los compromisos asumidos en La Habana.

Eso significa torcer el espíritu y el contenido de la Constitución Nacional. Serán irrespetados los acuerdos, pactos y organismos de justicia internacional que hacen parte de nuestra legislación.

Las Farc no entregarán las armas, tendrán bajo su control vastas áreas agrarias o Zonas de Reserva Campesina, se creará una nueva jurisdicción electoral a su exclusivo servicio, se les asignarán puestos en el Congreso y demás organismos de elección popular de nivel departamental y municipal.

Los jefes guerrilleros responsables de crímenes de lesa humanidad no comparecerán ante un juez de la república sino ante tribunal especial de paz conformado entre las partes. No pagarán cárcel, no pedirán perdón pues según alias Timochenko ellos no tienen nada de qué arrepentirse pues sus acciones fueron motivadas por el altruismo.

Para las Farc, es posible que haya una sola verdad, la de ellos. Como no pudieron obtenerla de la comisión de especialistas, tendrán una Comisión de la Verdad conformada por las partes que dirá, al fin de cuentas, que las Farc son producto de las injusticias sociales y de la persecución política. El relato sobre el conflicto versará sobre la justeza de “su levantamiento” mientras los voceros del gobierno y la intelectualidad obsecuente reniegan de la guerra, consideran que la respuesta del Estado fue militarista y violenta.

Este gobierno y sus plumas embadurnadas de mermelada con jugosos contratos sufren del síndrome de Estocolmo, piensan que no hay nada que defender de este Estado, no creen en nuestra democracia y repiten como loros el mismo discurso descalificador que las guerrillas sostienen sobre las instituciones y el Estado colombiano.

El presidente Santos, sus ministros y sus escribanos incondicionales así como las elites centralistas padecen de baja autoestima pues actúan como si no valiera la pena pararse firmes en la defensa de principios de justicia.

Por eso piensan que la lucha armada tuvo justificación, por eso le hacen concesiones a placer a las guerrillas.

Y aceptaron crear la Jurisdicción Especial de Paz que desconoce a la Justicia colombiana y en esencia es un golpe de estado.

Las Farc han renegado toda su existencia de la democracia,  pero, es claro que la van a utilizar para acercarse a la población y tratar de ganar el respaldo que no lograron por la vía armada.

Para los impúdicos ingenuos, ahí está el nefasto ensayo del chavismo en Venezuela: aprovechó el exceso de confianza de los gobernantes y de la candidez de sus dirigentes.

Los pazólogos no ven problema en que la guerrilla mantenga su ideología marxista-leninista, como si esta no fuese la inspiradora de los grandes crímenes de la humanidad en el siglo XX cometidos por Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, la dinastía Kim, el presidente Gonzalo, el Ché, dirigentes que sostenían que cualquier sacrificio era válido para liberar a la humanidad del yugo capitalista.

Santos y sus áulicos creen, contra toda evidencia, que las guerrillas representan la justicia social y los intereses del campesinado y que las elites dirigentes tienen una deuda histórica, deuda que no pagarán a los campesinos pobres sino a sus presuntos representantes.

Santos dictará una ley que permite a criminales de guerra ser elegidos y competir por la presidencia como si no hubiesen cometido delitos atroces.

Santos vendió a Isagen, incrementará el IVA y aprobará una nueva reforma tributaria para cubrir los costos del posconflicto ya que aceptó, en aras de la paz, que la guerrilla no tiene dinero para resarcir o reparar a sus miles de víctimas y para financiar las incontables comisiones que se instalarán de forma paralela al Estado, su soñado poder dual.

Santos puso en marcha una política de debilitamiento de las Fuerzas Armadas descabezándola de sus mejores y más combativos oficiales, impulsando la condena de militares por parte de su fiscal de bolsillo y comprometiéndose a rediseñar su doctrina militar.

Santos ha mentido de manera flagrante pues todo aquello que prometió no hacer ni ceder lo ha hecho y ha cedido a una guerrilla empoderada que está a punto de ser borrada de su prontuario terrorista sin pagar un peso ni un día de cárcel.

Las Farc no serán responsables de secuestros, narcotráfico, reclutamiento de menores, destrucción de pueblos, sembrados de minas antipersonal, masacres de civiles, y otros crímenes de lesa humanidad, porque el presidente Santos y las altas Cortes por él controladas consideran estos estropicios como conexos al delito de rebelión.

Santos dividió el país, persigue a la oposición y estimuló la corrupción para darle poder a una minoría violenta y atrabiliaria.

Ruben Dario Acevedo Carmona
rdaceved@unal.edu.co
@darioacevedoc
Colombia