Una guerrilla casi
derrotada sin capacidad de tomarse el poder y sin apoyo popular recibió trato
de contraparte del Estado.
Las Farc, ni tontas
que fueran, han sabido sacar jugosas ventajas económicas, políticas y jurídicas
de la posición blandengue del gobierno Santos.
El presidente Santos
contará con poderes especiales –estilo Chávez- en una ley habilitante con la
que llevará a cabo los compromisos asumidos en La Habana.
Eso significa torcer
el espíritu y el contenido de la Constitución Nacional. Serán irrespetados los
acuerdos, pactos y organismos de justicia internacional que hacen parte de
nuestra legislación.
Las Farc no
entregarán las armas, tendrán bajo su control vastas áreas agrarias o Zonas de
Reserva Campesina, se creará una nueva jurisdicción electoral a su exclusivo
servicio, se les asignarán puestos en el Congreso y demás organismos de
elección popular de nivel departamental y municipal.
Los jefes
guerrilleros responsables de crímenes de lesa humanidad no comparecerán ante un
juez de la república sino ante tribunal especial de paz conformado entre las
partes. No pagarán cárcel, no pedirán perdón pues según alias Timochenko ellos
no tienen nada de qué arrepentirse pues sus acciones fueron motivadas por el
altruismo.
Para las Farc, es
posible que haya una sola verdad, la de ellos. Como no pudieron obtenerla de la
comisión de especialistas, tendrán una Comisión de la Verdad conformada por las
partes que dirá, al fin de cuentas, que las Farc son producto de las
injusticias sociales y de la persecución política. El relato sobre el conflicto
versará sobre la justeza de “su levantamiento” mientras los voceros del
gobierno y la intelectualidad obsecuente reniegan de la guerra, consideran que
la respuesta del Estado fue militarista y violenta.
Este gobierno y sus
plumas embadurnadas de mermelada con jugosos contratos sufren del síndrome de
Estocolmo, piensan que no hay nada que defender de este Estado, no creen en
nuestra democracia y repiten como loros el mismo discurso descalificador que
las guerrillas sostienen sobre las instituciones y el Estado colombiano.
El presidente Santos,
sus ministros y sus escribanos incondicionales así como las elites centralistas
padecen de baja autoestima pues actúan como si no valiera la pena pararse
firmes en la defensa de principios de justicia.
Por eso piensan que
la lucha armada tuvo justificación, por eso le hacen concesiones a placer a las
guerrillas.
Y aceptaron crear la
Jurisdicción Especial de Paz que desconoce a la Justicia colombiana y en
esencia es un golpe de estado.
Las Farc han renegado
toda su existencia de la democracia,
pero, es claro que la van a utilizar para acercarse a la población y
tratar de ganar el respaldo que no lograron por la vía armada.
Para los impúdicos
ingenuos, ahí está el nefasto ensayo del chavismo en Venezuela: aprovechó el
exceso de confianza de los gobernantes y de la candidez de sus dirigentes.
Los pazólogos no ven
problema en que la guerrilla mantenga su ideología marxista-leninista, como si
esta no fuese la inspiradora de los grandes crímenes de la humanidad en el
siglo XX cometidos por Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, la dinastía Kim, el
presidente Gonzalo, el Ché, dirigentes que sostenían que cualquier sacrificio
era válido para liberar a la humanidad del yugo capitalista.
Santos y sus áulicos
creen, contra toda evidencia, que las guerrillas representan la justicia social
y los intereses del campesinado y que las elites dirigentes tienen una deuda
histórica, deuda que no pagarán a los campesinos pobres sino a sus presuntos
representantes.
Santos dictará una
ley que permite a criminales de guerra ser elegidos y competir por la
presidencia como si no hubiesen cometido delitos atroces.
Santos vendió a
Isagen, incrementará el IVA y aprobará una nueva reforma tributaria para cubrir
los costos del posconflicto ya que aceptó, en aras de la paz, que la guerrilla
no tiene dinero para resarcir o reparar a sus miles de víctimas y para
financiar las incontables comisiones que se instalarán de forma paralela al
Estado, su soñado poder dual.
Santos puso en marcha
una política de debilitamiento de las Fuerzas Armadas descabezándola de sus
mejores y más combativos oficiales, impulsando la condena de militares por
parte de su fiscal de bolsillo y comprometiéndose a rediseñar su doctrina
militar.
Santos ha mentido de
manera flagrante pues todo aquello que prometió no hacer ni ceder lo ha hecho y
ha cedido a una guerrilla empoderada que está a punto de ser borrada de su
prontuario terrorista sin pagar un peso ni un día de cárcel.
Las Farc no serán
responsables de secuestros, narcotráfico, reclutamiento de menores, destrucción
de pueblos, sembrados de minas antipersonal, masacres de civiles, y otros
crímenes de lesa humanidad, porque el presidente Santos y las altas Cortes por
él controladas consideran estos estropicios como conexos al delito de rebelión.
Santos dividió el
país, persigue a la oposición y estimuló la corrupción para darle poder a una
minoría violenta y atrabiliaria.
Ruben Dario Acevedo
Carmona
rdaceved@unal.edu.co
@darioacevedoc
Colombia
