Ese sería el trípode
con que las Farc pretenderían la
conquista del poder en Colombia, si como todo
lo indica se firma en el 2016 el fin del conflicto con el gobierno de
Santos, tomando el llamado posconflicto como la transición hacia una dictadura sempiterna
comunista, en donde dicho periodo de
transición sería parecido a lo ocurrido
en Rusia en 1917, de pronto no en la cantidad de tiempo con Aleksandr Kérenski quien duro pocos meses dirigiendo el
gobierno, antes de claudicar frente a los
bolcheviques de Lenin.
La dilación
jurídica es un instrumento estratégico
que le sirve a las Farc, para evitar que la Corte Penal
Internacional actué contra esa banda armada, por los crímenes de guerra
y delitos de lesa humanidad que cometió
por más de 51 años de conflicto, y para ello se crea la
jurisdicción especial para la paz, con
un tribunal de justicia del cual no se sabe
quién va a nombra a los magistrados, y cuando comenzaran a funcionar sus
salas.
Lo anterior le sirve a la banda armada para ir
ganado tiempo y haciendo política legal después que se firmen los acuerdos,
buscando formar un frente para llegar al
manejo del estado, que les garantice la impunidad antes de la toma total del
poder, evitando así la aplicación del Estatuto de Roma, pues no hay que el olvidar
que tirofijo, cuando algunos periodistas
extranjeros le preguntaban por los
crímenes atroces que cometían las Farc, decía
muy orondo que el día en que estuvieran en el poder nadie a nivel internacional les
reclamaría sobre ese asunto; aclarando que
para esa época aun no había entrado a funcionar la CPI.
José Miguel Vivanco
director para las Américas de Human Rights Watc, el pasado 22 de diciembre
afirmo que los acuerdo alcanzados sobre víctimas entre el gobierno y las
Farc en La Habana eran “una piñata de
impunidad” buscando que los cabecillas guerrilleros principalmente
eludieran el castigo genuino, y además
afirmo: “no hay ningún tribunal internacional que se haya creado en los últimos
20 años donde no se haya contemplado prisión efectiva” así que la verdad, justicia, reparación y la no
repetición, quedarían huérfanas en los acuerdos de Cuba, sino se cumple con los
convenios internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad en
Colombia, por ser signataria del Tratado
de Roma, quien dentro de sus principios no permite la impunidad para
crímenes de guerra y delitos de lesa
humanidad, que no prescriben ni son
indultables y si en la nación donde se cometieron no se juzgan ni
se castigan adecuadamente, tarde o temprano
interviene la Corte Penal Internacional.
Los cabecillas de las Farc, manejan hábilmente la desesperación del gobierno por
firmar, y buscan sacarle el mayor
provecho posible a las negociaciones que
les permita en caso de convertirse en partido legal, usar gigantescos recursos
económicos para la “movilización social”
y futuras elecciones en donde no
propiamente la compra de votos será la excepción, pues de lo que se trata es de
llegar al poder al precio que sea, aliándose con quien sea, para evitar ser llevados a la justicia internacional,
buscando una situación parecida a la del presidente genocida de Sudan, Omar
Al Bashir, a quien la Corte Penal
Internacional le emitió orden de arresto desde el 2009, pero como maneja la
justicia de ese país a su antojo y casi
no ha salido de Sudan es difícil que se pueda cumplir la orden de la CPI, de ahí que las Farc buscan la dilación
jurídica para que su proyecto
totalitario marxista leninista se lleve a
cabo, y así burlar la justicia internacional.
Dentro de la esquizofrenia
del comunismo totalitario, la toma del poder político es su mayor fijación, por lo tanto lo pactado y por
pactar en la Habana para las Farc es
ganancia, y ya en condiciones de legalidad buscaran aumentar la “movilización popular” a la
espera del día de suerte para la
insurrección, que no descartan del todo, por ello piden la desaparición
del Esmad de la policía, sin embargo hay
que volver aclarar que las Farc no representan al verdadero pueblo, porque la
versión marxista leninista de “pueblo” de acuerdo a su semántica, es diferente
a la normal, ya que ese término para el comunismo totalitario en el ámbito colombiano se aplica solamente a los
simpatizantes, militantes y colaboradores de las Farc, pues los restantes
48 millones de colombianos son simples masas que
de acuerdo a las condiciones se pueden utilizar de herramienta, para
satisfacer los apetitos burocráticos de la banda armada en su elite.
Es claro que las Farc
con sus gigantescos recursos provenientes del narcotráfico, en el llamado posconflicto va usar una buena parte
de ese dinero para impulsar movilizaciones, arriando campesinos desde sus
lugares de origen hacia las principales ciudades como ocurrió el 9 de abril de
2014 y 2015, pero en el caso de Bogotá con la perdida de la alcaldía por parte
de la llamada izquierda, no contaran con un
burgomaestre como Gustavo Petro quien obligo a 40.000 funcionarios a participar en las
manifestaciones antes mencionadas.
Las organizaciones
populares y sindicales no se deben de prestar para las futuras maniobras de las
Farc, que denominan “lucha popular” ya que eso es solo un pretexto de la
narcoguerrilla para engañar incautos y lograr sus mezquinos objetivos, pues en
el caso particular de los sindicatos la historia como Madre y Maestra, enseña que el marxismo es la antítesis de la autentica lucha de los
trabajadores, porque jamás se puede olvidar que el señor Karl Marx cuyos
sofismas siguen las Farc, fue repudiado
por los obreros en la primera internacional de los trabajadores en el siglo
XlX, al tener posiciones estatistas, burocráticas y embrutecedoras, queriendo
con sus métodos infames llevar a las masas a una nueva esclavitud mediante el
estado, y si ese el engendro del comunismo totalitario existe todavía en
nuestro tiempo es producto del crimen,
la mentira y la bestialidad.
Ariel Peña
arielpena49@yahoo.com
@arielpenaG
Colombia
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