EDUCACIÓN DE CALIDAD
La educación es la suprema contribución al futuro de la humanidad, pues tiene que contribuir a prevenir la
violencia, la intolerancia, la pobreza, y la ignorancia. Una población bien
educada es crucial para tener democracias prósperas y comunidades fuertes. A
todos nos conviene tener más y mejor educación y que los demás la tengan. La
carencia de este bien lleva a las
sociedades al fracaso. En consecuencia,
el derecho a la educación implica derecho de todos no a cualquier educación,
sino a una educación de calidad. Una pobre educación reproduce la pobreza y, en
vez de contribuir a democratizar la sociedad, agudiza las diferencias y agiganta
las desigualdades.
El Estado debe garantizar que el
derecho a la educación de calidad para todos
se cumpla en términos de equidad, lo que implica compensar las
desventajas de los más pobres para que las diferencias de origen no se
conviertan en desigualdades. Esto no significa que el Estado debe ser el único
ejecutor de las políticas educativas, sino que debe apoyar sin mezquindad los esfuerzos de las familias y de la
sociedad para garantizar educación de calidad a todos.
Por eso, necesitamos un Estado
eficiente en el cumplimiento de los
derechos de todos, en especial de los que cuentan con menos posibilidades y poder. El buen funcionamiento del Estado es
condición esencial para garantizar las políticas públicas y el disfrute por
todos de los derechos esenciales. Un Estado ineficiente o que confunde deseos
con realidades, proclamas con
hechos, que cree que tiene todas las
respuestas, que equipara la crítica a la
traición, es una tragedia para
todos, pero sobre todo para los más pobres.
El Estado no puede utilizar la educación
para fines partidistas o para imponer una determinada ideología, ni
decidir unilateralmente el uso de los
recursos que pertenecen a todos, o premiar o castigar a los que siguen o no
siguen sus políticas partidistas. Los gobiernos
no son dueños del presupuesto, sino meros administradores.
Administración que deben realizar con
eficiencia, equidad y transparencia. De ahí la necesidad de fomentar el papel
de la sociedad como corresponsable con el Estado de la educación de calidad
para todos, y como contralora de sus derechos mediante unas políticas públicas
honestas y eficientes, garantizando una gestión eficaz y transparente, con estrecha vigilancia sobre
la corrupción y sobre los políticos y burócratas que están para servir y no
para servirse del Estado y de los ciudadanos que los eligieron.
De ahí que es necesario que la sociedad esté vigilante y se oponga a la
tentación del Estado de “privatizar” lo
público en su propio beneficio, o el de los suyos. Igualmente me parece
necesario que la sociedad exija
cuentas al Estado sobre el uso de los cuantiosos recursos públicos (que son de
todos, no del Gobierno) y la pobrísima
respuesta educativa.
Por todo ello, más que un Estado Docente, debemos exigir un Estado “Educador”, que
garantice calidad educativa a todos, en especial a los más pobres, que apoye
las iniciativas sociales a participar en la educación y el derecho de las
familias a que sus hijos reciban una educación acorde con su cultura y sus
creencias en respeto a la pluralidad y a la diversidad, y que de ejemplo de
aquellos valores que pregonan la Constitución y la Ley de Educación como son: democracia,
participación, inclusión, honestidad, respeto, tolerancia, pluralismo, justicia y equidad. Si el Estado no
encarna los valores que proclama se
convierte en un Estado Deseducador.
Antonio Perez Esclarin
pesclarin@gmail.com
@pesclarin
Zulia - Venezuela
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