FORMATO DEL FUTURO…
Las vías pacíficas y democráticas
para rescatar la esperanza y el desarrollo armónico de la Patria están en
nuestra Constitución
Con casi una treintena de versiones
constitucionales a lo largo de su innegable aún joven trayectoria republicana,
en Venezuela no luce claro si su población ha entendido para qué sirven
precisamente las constituciones.
Es verdad, también forma parte de esa
misma historia de poco más de doscientos años, el que se diga que los
venezolanos insisten en tratar de solucionarlo todo por la vía legal y no
apelando a su difundida vocación libertaria y democrática. Es decir, que
necesitan de una ley hasta para transitar bajo el sol. No obstante, lo que bien
pudiera ser motivo de recurrencia incansable a conjeturas y reflexiones, al
final, no se admite como lo que es digno de aceptar, reconocer, analizar y de
convertir en lo fundamental: que la Constitución es el Documento regulador del
comportamiento ciudadano, incluyendo a los que gobiernan y a los gobernados.
Pero, además, que su vigencia, acatamiento y cumplimiento es lo que permite la
convivencia armoniosa. Y siempre y cuando, desde luego, cada ciudadano la asuma
como parte de su vida misma; de su vigencia para perfilar y gozar de derechos;
de la importancia de su presencia y función normativa para que también se
honren deberes.
Indiscutiblemente, si el ciudadano -en
este caso el venezolano- no sabe, ignora o se desentiende de la máxima de que
cualquier violación de la Constitución conduce al quebrantamiento de
algún derecho ciudadano ajeno, según el criterio interpretativo para lo cual
están vigilantes y han sido designados los tribunales de justicia, es objeto de
sanción.
Por supuesto, todo está supeditado y
condicionado a que los administradores de justicia sean ciudadanos probos,
imparciales y de comprobada honorabilidad, con títulos académicos que
certifiquen el debido conocimiento, experiencia y dominio jurídico para juzgar
y sentenciar acorde a la ley y el derecho para resarcir al o los afectados por
algún daño causado. Sin embargo, eso es materia de la propia naturaleza
interpretativa de las reglas que se aprueban, precisamente, para que la
justicia y su administración no sean convertidas en una expresión caprichosa de
individualidades, grupos o sesgos ideológicos.
El reconocimiento y decisión de vivir y de
convivir con base en lo que contempla una Constitución y aceptar sus alcances
en los términos expuestos, sin duda alguna, lo que plantea en aquellas
sociedades que deciden regirse por ella, como es el caso de Venezuela, es que
no admiten someterse a lo que determina la ley de la selva, madre y padre
incuestionable de la anarquía social. Porque esa ley lo que establece, es que
predomina un solo derecho: el de la fuerza bruta, el del Alfa macho de la
manada; el del administrador del poder por la vía del miedo, del terror y del
hambre.
En Venezuela, salpicada históricamente de
conceptos, razonamientos, pensamientos y expresiones cargadas de
justificaciones para que haya habido 27 constituciones, sin embargo, son muchos
los que han decidido convertirse en machos Alfa, en jefes de manadas, aunque,
curiosamente, escondidos detrás de la temeridad colectiva en la que siempre se
traduce el empleo de armas de guerra, para, supuestamente, blindar y
resguardar la importancia de la paz.
De lo que ellos no se han percatado, sin
embargo más allá de su persistente empleo de tal argumentación, es que no
alcanzan a ser precisamente jefes de manada. No sólo porque no se vive en la
selva, sino también porque una sociedad informada -y aun mediatizada y
manipulada- es capaz de razonar, intuir, deducir y rechazar toda posibilidad de
someterse a la obligación de actuar como rebaño. No así, sin duda alguna, de
administrar su capacidad rectora de esos mismos componentes de un sinfín de
reacciones sociales espontáneas en la historia de muchas comunidades: el
hambre, la injusticia y el miedo; detonadores históricos por excelencia.
Investigaciones sociales, encuestas e
investigaciones académicas, por cierto, se han ocupado de demostrar que en
Venezuela, tales factores ya no son detonadores. Las ubican como activadores de
un componente general de rechazo: de grupos de poder, de individualidades
empecinadas en actuar de espalda a la norma rectora de la Constitución; de
falsas expresiones de dominio, apoyadas en la errónea convicción de que la
insatisfacción de necesidades humanos primarias conforman sumisión
incondicional.
Ciertamente, pudiera haber sometimiento.
Sólo que, como lo dicen los resultados citados anteriormente, también la
protección y salvación pudieran estar supeditadas en este caso a la
importancia de resguardar el núcleo familiar, la protección de niños y
ancianos; a la preservación de la esperanza y de los sueños en un país
distinto.
Acerca del tema y de sus alcances,
personas y países a nivel internacional han hecho sentir su voz de alerta
sobre esta injustificable situación. Dicen que el tiempo del diálogo pasó,
porque cuando se produjo, no hubo señales de quererlo y las puertas
fueron cerradas. Fue una oportunidad ideal que se utilizó disfrazándola
hasta con la presencia de la Iglesia católica y de supuestas personalidades de
reconocida trayectoria política internacional, para terminar en una caricatura
grotesca e irrespetuosa. Inclusive, los grupos comprometidos se comprometieron
a asumir decisiones y acciones. Y, lejos de llegar a soluciones, el
tiempo se usó para distraer y desvirtuar la importancia de lo que estaba
planteado.
Y mientras marzo del 2017 cierra sacudido
por la expectativa de lo que sucederá durante los meses por venir, después de
lo que se ha planteado en el seno de la Organización de Estados Americanos,
nuevamente, aparece que el único camino factible basado en lo que
establecen los artículos 457, 458 y 459 de la vigente Constitución, sin
mediatización del Gobierno, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo
Nacional Electoral, es actuar con base en lo que ofrece la Carta Magna al Poder
Originario y a las Fuerzas Armadas. Se trata de que cumplan con su
sagrado deber de defender los mandatos y contenido de la Constitución, de los
derechos ciudadanos y del resguardo del Territorio Nacional, dando cabida
a todos los sectores y actores para solucionar la terrible situación que agobia
a más de 30 millones de ciudadanos.
Dicho de manera más explícita, de convocar
a la participación ciudadana alrededor de un proyecto país por y para una
Venezuela reconciliada vía Poder Constituyente Originario. En el mismo, podrán concurrir
partidarios de Gobierno, como de la oposición, tal y como lo establece la
actual Constitución. Y debería suceder sin distinción ni diferencias; de
todos los ciudadanos motivados por el mismo propósito de reconstituir la
República desde sus bases, estableciendo una nueva Constitución hecha a la
medida del ciudadano y no de las del mandatario de turno.
Se darían los pasos necesarios para
reivindicar la necesidad de establecer en el país la administración de
justicia, a partir del reconocimiento del imperio de la ley, que, sin duda
alguna, constituye la única garantía del respeto a los derechos y deberes del
ciudadano para una feliz convivencia con plena libertad y protección a
los derechos humanos. Asimismo, de la independencia de los poderes públicos,
como la autonomía de las regiones, con el único propósito de lograr
bienestar y desarrollo.
Luego de aprobar y establecer una nueva
Constitución y después de aprobar un Plan Nacional de Desarrollo no sometido a
las rigideces culturales y políticas del populismo pernicioso, como tampoco a
improvisadas ocurrencias de falsos iluminados, se convocaría a un proceso de
elecciones generales con un nuevo Consejo Nacional Electoral para cumplir con
el ansiado cometido.
Los odios, rencores e intereses personales
tienen que ser puestos a un lado. Lo único que debe importar y animar a los
venezolanos ante una situación como la que hoy se vive, es salvar a la
República. Y eso lleva implícita, desde luego, la expulsión de la bota
foránea y grosera que pisa sobre el presente y el futuro de todos los que viven
en el país, como de aquellos que han debido huir o alcanzar las posibilidades
de triunfo fuera de su tierra, porque se los han negado en suelo nacional.
Es un compromiso para los venezolanos, los
únicos llamados hoy a forjar el futuro que se mantiene hipotecado fuera del
territorio de la República.
Egildo Lujan Navas
egildolujan@gmail.com
@egildolujan
“Gente” Generación Independiente
Coordinador Nacional
de Independientes Por el Progreso (IPP)
Miranda - Venezuela
Eviado a nuestros correos por
Edecio Brito Escobar
ebritoe@gmail.com
CNP-314
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