OLIGARQUÍA MERCANTILISTA
Llegó el momento de que
los venezolanos nos sentemos a recapacitar. Durante mucho tiempo una parte de
nuestra dirigencia política nos ha tratado de convencer de las virtudes del
socialismo.
Existía en muchos la
convicción de que controlando el aparato productivo el Estado estaría en
condiciones de extender los beneficios del crecimiento económico a la
población.
Lamentablemente el
poder ha pervertido las inquietudes sociales de quienes así pensaban. Lo que
impera es un mero cálculo político. Las masas sólo se requieren para conservar
el poder. Hay que hacer creer a las masas que todo se hace en beneficio de
ellas, cuando en realidad las evidencias muestran todo lo contrario. Hoy hay
más pobres que nunca (82% de la población según el estudio conjunto de la UCV,
la UCAB y la Simón Bolívar) y los pobres son cada vez más pobres (52% de la
población en pobreza extrema).
Los viejos socialistas
se han transformado en una nueva oligarquía, entendiendo por tal -según el
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española- una "forma de
gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo
minoritario" y, según otra acepción, como "autoridad que ejercen en
su provecho un pequeño número de personas". En eso se ha transformado el
régimen imperante, en un "Conjunto de poderosos negociantes que se aúnan
para que todos los negocios dependan de su arbitrio" (Diccionario El
Muno).
Pues bien, llegó la
hora de hacer un balance. Cabe preguntarse, ¿está hoy mejor el pueblo que
antes? La respuesta es un contundente ¡NO!
Siendo ese el caso,
¿por qué vamos a seguir creyendo que el Estado debe poseerlo todo y controlarlo
todo? ¿En qué nos beneficia que el Estado sea dueño de infinidad de empresas
que sólo producen pérdidas, restándole recursos a la educación, la salud o la
seguridad? ¿En qué beneficia al país que unos cuantos corruptos se arropen con
la bandera del socialismo sólo para enriquecerse ellos mismos de manera brutal?
Lo que realmente
importa es que la economía se desarrolle y que los beneficios del progreso se
extiendan lo más equitativamente posible a la población, mejorando su nivel de
vida.
Lo primero se logra a
través de un Estado promotor. Un Estado que estimule las inversiones y fomente
las actividades y la productividad de forma de que la economía crezca y
produzca la mayor cantidad posible de bienes y servicios para satisfacer las
necesidades de la sociedad, impulsando una abundancia que abarate los precios.
Un Estado en el que se respete la propiedad privada, los DDHH, que haya
seguridad jurídica y que la justicia sea igual para todos. Un Estado capaz de
crear las condiciones para que con su esfuerzo todos puedan participar del
progreso.
La distribución
equitativa se logra a través de políticas educativas que permitan a la población
la mejor capacitación posible para así poder alcanzar mayores niveles de
remuneración y participar en mayor grado tanto en la creación como en el
disfrute de la riqueza. Resultan indispensables también políticas públicas que
promuevan la salud, porque la promoción del bienestar social requiere que se le
facilite a la población el acceso a una salud asequible y garantizada para
todos.
Las políticas públicas
vinculadas a una mejor distribución de la renta y a la seguridad social, tales
como lo son las políticas fiscales y laborales modernas, tienen que formar parte indisoluble del
progreso de una nación, tal como la seguridad de los ciudadanos y los bienes
tiene que ser garantizada por el Estado, junto con la prestación eficiente de
los servicios públicos que se requieren.
En la Venezuela de hoy
el Estado no está cumpliendo con ninguna de las funciones anteriores. En
cambio, ha destruido el aparato productivo, ha expropiado millones de hectáreas
del sector agrícola que antes eran productivas y ahora no, se ha adueñado de
infinidad de empresas agro industriales y de todo tipo que ya no producen, ha
introducido toda suerte de controles y regulaciones que asfixian todas las
iniciativas, ha empobrecido brutalmente al país y lo ha endeudado. Un Estado
que todo lo nacionaliza para dañarlo y que ha envilecido la moneda. Que ha
degradado la salud y la educación. Que ha desatado una escasez perniciosa. Que
nos ha hundido en una crisis humanitaria sin precedentes. Que ha destruido a
PDVSA y a las demás empresas básicas y las ha transformado en una inmensa
fábrica de inflación al financiar sus déficits vía BCV.
Los órganos del Estado
emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Cabe preguntarse, ¿tiene el Estado el derecho
soberano de hundir al pueblo en la pobreza en nombre de un socialismo que fue
expresamente rechazado en Referendo en el 2007 y que no contempla la
Constitución?
Jose Toro Hardy
petoha@gmail.com
@josetorohardy
Miranda - Venezuela
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