Este sistema patriarcal
en el que vivimos delega estrictamente en la mujer el cuidado de los hijos, de
las personas mayores y el trabajo doméstico, a ello se suma la desigualdad
salarial y la discriminación laboral, que impide a las mujeres acceder a los
cargos jerárquicos en la misma proporción que los hombres, la violencia de
género y otras formas de opresión. En la actual crisis económica y política que
vive el país, somos uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Hace
aproximadamente un año escribí un artículo en el que compartía mi experiencia
cotidiana y constataba el proceso de feminización de la pobreza, el deterioro
de condiciones de vida y la agresión sistemática que sufrimos las mujeres
venezolanas y que orquesta el Estado contra todas nosotras.
En los últimos 19 años
el país ha sido gobernado por el hace cinco años fallecido Hugo Chávez y su
sucesor Nicolás Maduro, a quien en vida ungió el mismísimo Chávez. Ambos
mandatarios y el chavismo en general han presumido de dirigir un gobierno de
corte feminista, que ha reivindicado a la mujer venezolana y la ha empoderado
social, política y económicamente. Nada más lejos de la verdad.
Comencemos por algo tan
elemental como la alimentación. La tarea de procurar la alimentación de los
niños cae mayoritariamente sobre las mujeres en función de la división
patriarcal del trabajo y también porque la mayoría de las cabezas de hogar
somos mujeres. A ello se suma la humillación de tener que recurrir a programas
clientelares como las Madres del Barrio, el Carnet de la Patria o la
distribución de las cajas del CLAP, pues con su salario ninguna mujer puede
sostener la alimentación propia y de su familia. Cuando llega el día de comprar
la fulana bolsa, debes olvidarte de tu trabajo, de la escuela de tu hijo, de
todo… Toma toda la mañana y parte de la tarde realizar esta compra, solo eso es
razón suficiente para sentirse indignada. Justo mientras escribía las últimas
líneas sentí miedo de perder la bolsa y es el miedo el sentimiento que el Gobierno
quiere sembrar. Los CLAP son un instrumento de control social, dirigido
principalmente hacia las mujeres, para chantajearnos, intimidarnos y
mantenernos con la mirada gacha porque el poder de adquirir o no esos alimentos
depende del Gobierno, es una forma de agresión política sin duda alguna.
No se divulgarán
mientras siga gobernando el chavismo, cifras oficiales que reflejen las
consecuencias que la actual crisis ha generado en la población, pero por
fortuna algunas ONG, encuestadoras privadas, ENCOVI e incluso funcionarios
públicos como la Ministra de Salud destituida en 2016 justamente por revelar
estadísticas de la mortalidad infantil y materna, han proporcionado datos que
son, cuando menos, alarmantes. Gracias a estas organizaciones, universidades y
funcionarios públicos asqueados, hemos conocido lo que seguramente es solo es
la punta del iceberg. Esa minúscula muestra a la que me refiero se ve
reflejada, por ejemplo, en los femicidios y en las violaciones de derechos
humanos y sexuales.
Respecto a los
femicidios, la ONG Centro de Justicia y Paz, del Observatorio Venezolano de los
Derechos Humanos de las Mujeres, reseñó que Venezuela está entre los 15 países
con más femicidios en el mundo y que el 40% de las mujeres han sido, son o
serán víctimas de algún tipo violencia. Datos de la Fiscalía General de la
República indican que la segunda causa de muerte violenta en el país es el
feminicidio. Por su parte, el Observatorio Venezolano de Violencia declaró que
254 mujeres fueron asesinadas entre enero y agosto del año 2017 y agregan un
nuevo ingrediente a la violencia contra la mujer en Venezuela, como lo son los
abusos por parte de los funcionarios policiales y militares.
Este "nuevo
ingrediente" salió a la luz durante los más de 100 días de protestas que
vivió el país en el 2017. Nadie, ninguna mujer debe ser objeto de agresión
sexual y es deber del Estado garantizar que así sea. Sin embargo, el Estado
venezolano no lo hizo y según Avesa, se encontraron 25 víctimas de violencia
sexual en ese contexto, de las cuales el 56% eran mujeres. Al momento de ser
detenidas eran obligadas a desnudarse al interior de los centros de detención
frente a funcionarios policiales, siendo amenazadas e intimidadas con ofensas
sexuales, también hay denuncias de violaciones y otras formas de tortura
durante las detenciones. ¡Vaya gobierno feminista y socialista!
Por si fuera poco, las
mujeres venezolanas vivimos una tragedia cuando de acceso a los anticonceptivos
se trata, pues estos no están disponibles en la red pública hospitalaria,
escasean en las farmacias y se venden a elevadísimos costos, ocasionando que
solo las personas de mayor poder adquisitivo puedan comprarlos, limitando a un
reducido número de personas el derecho a la planificación familiar, en un país
cuyo gobierno presume de "socialista" la brecha social se ha
profundizado y los privilegiados de siempre son quienes pueden llevar el
control de su planificación familiar.
Actualmente Venezuela
registra la tasa de fertilidad en adolescentes más alta de la región, igualamos
a algunos países africanos y superamos por 20 puntos a Haití. Esto por supuesto
representa un problema para la mujer, que debido a su corta edad pasa a
engrosar las cifras de deserción escolar y luego su escasa formación académica
le impide incorporarse al mercado laboral, convirtiéndose, ella y su hijo, en
nuevos marginados sociales. La política pública que el Estado dirige hacia
estas madres es la otorgación de un bono mensual de Bs. 700mil (monto que
representa unos $22 dólares de la tasa oficial y $3 de la tasa paralela), para
ella y la vida por nacer.
Esta medida no solo es
económicamente insuficiente, sino que de plano no resuelve nada, pues el Estado
venezolano no responde por la falta de anticonceptivos, en primer lugar, y
además refuerza el rol obligatorio de madre. Para el Gobierno la mujer solo
tiene la función de reproducirse, no hay programas de educación sexual y
reproductiva, acceso a anticonceptivos ni derecho al aborto. No se capacita a
la joven madre en la adquisición de un oficio que le permita valerse por ella
misma ni se le brinda acceso a un verdadero sistema de seguridad social. El
gobierno se limita a medidas efectistas y populistas que cubren algunas formas
y no solucionan el problema de fondo.
El Estado venezolano
tampoco garantiza la salud y la vida de las mujeres embarazadas, la ONG Convite
declaró para el diario El Nacional, que la tasa de mortalidad materna se
incrementó en 130,70% solo en el año 2016, y estableció que las principales
causas de muerte son hipertensión y hemorragia. De ese número de mujeres
embarazadas que mueren en el parto o en los siguientes 42 días de postparto,
96% de ellas han muerto en hospitales públicos debido a la falta de insumos y
medicinas. No hay bonificación que compense la muerte de estas mujeres, ni
discurso idealista que oculte la realidad que vivimos las mujeres venezolanas
en los hospitales públicos. El plan de parto humanizado resultó ser una estafa
más, pues ni se está aplicando en las salas de parto de nuestros hospitales ni
ha vuelto siquiera a ser mencionado, seguimos siendo objeto de violencia
obstétrica y a pesar de existir una ley que la penaliza, no se aplica.
La vulneración de
nuestro derecho a acceder a anticonceptivos, por cierto consagrado en el
artículo 76 de nuestra Constitución, limita el control sobre nuestros derechos
reproductivos y sexuales. Mientras el gobierno se hace llamar socialista,
humanista y revolucionario, estos pacatos militares tienen sus botas sobre
nuestros ovarios y nos condenan a parir en hospitales sin insumos, sin
medicinas, sin humanización del parto y sin garantía de salir vivas, nosotras y
nuestras crías, y encima se atreven a llamarnos "asesinas" a las que
exigimos la despenalización del aborto.
Hoy las mujeres
venezolanas estamos viviendo en una sociedad cuyas medidas se asemejan a las de
un feudo medieval en el que la libertad personal, el acceso a los
anticonceptivos y la planificación familiar son más un anhelo que un derecho.
El femicidio, la violencia machista y la posibilidad de encontrar la muerte en
el parto es una realidad cotidiana, esa es la verdadera política de estos
pacatos militares y religiosos que dirigen el gobierno e insisten en minimizar
nuestros derechos con misiones sociales, como madres del barrio que nos impiden
incorporarnos al mercado laboral y nos extorsionan políticamente, obligándonos
a vivir dependiendo de un bono. Las mujeres morimos de hambre o morimos en el
parto, o morimos en abortos clandestinos, o morimos en manos de la violencia
machista. En esta nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, debemos hacer énfasis en la necesidad de la organización autónoma
del movimiento de mujeres, desenmascarando a este falso feminismo que pregona
el chavismo, para poder luchar por cambiar esta terrible realidad y conquistar
el respeto a todos nuestros derechos.
Adriana
Cantaura
@teixeiraAC
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