La mayor ilusión que sentimos los venezolanos en estos
momentos cuando se logró el cese de la usurpación que pone fin a un gobierno
corrupto, abusivo y autocrático (imparte órdenes y no escucha sugerencias), es
que ello se traduzca, en lo esencial, en un relanzamiento de la democracia que
en lo fundamental nos restituya el derecho a diseñar nuestro propio futuro, a
decir lo que pensamos y alcanzar un mejor nivel de vida, bajo la presunción que
los países democráticos son, en general, más prósperos que los que no lo son ya
que promueven la estabilidad a largo plazo reduciendo el tamaño del Estado y
evitando hacer promesas que no pueden cumplir.
Venezuela, en los últimos veinte años (1998-2018)
transitó por una “democracia nominal” con un subyacente totalitarismo (el poder
es ejercido por un solo partido de manera autoritaria) que mantuvo la
apariencia de una democracia formal a través de elecciones, pero sin los
derechos y las instituciones propias de un sistema democrático eficaz al punto
de configurar un ¡simulacro de democracia! cuya “vitrina manipuladora” era el
ejercicio del voto en eventos electorales ausentes de legalidad habida cuenta,
muy especialmente, de la existencia de un registro electoral altamente inflado
y plagado de inconsistencias manejado por mercenarios cubanos (realizan una
misión a cambio de dinero) con obvios hábitos antidemocráticos puestos al
servicio de la dictadura venezolana en pro de materializar y perpetuar un
Estado narco y fallido (ineficacia gubernamental, vacío de poder y falta de
resultados) que centra su atención en las elecciones y muy poco en las otras
características esenciales de la democracia; en un contexto de “mayoritarismo”
(quien gana las elecciones tiene el derecho para hacer lo que le plazca).
El denominado “proceso revolucionario” (¿?), que
afortunadamente está llegando a su fin, fue orientado desde su inicio a la
destrucción de la democracia bajo los principios del Manifiesto Comunista: “El
proletariado usará su supremacía política para arrebatar gradualmente todo
capital de la burguesía, para centralizar todos los instrumentos de producción
en manos del Estado”. En tal sentido, se propusieron reemplazar el orden
tradicional por una estructura que secuestraba las instituciones del Estado con
la finalidad de fundar “nuevas instituciones” (¿?) incondicionales al
“proceso”.
Es de acotar, que, a los fines del presente artículo,
hemos asumido como obligante para la reconstrucción de Venezuela la existencia
de una poliarquía (gobierno ejercido por muchos) que hace referencia a un
sistema político caracterizado por: 1.- Cargos públicos elegidos por los
ciudadanos; 2.- Elecciones libres e imparciales; 3.- Libertad de expresión; 4.-
Acceso a fuentes alternativas e independientes de información; 5.- Autonomía
ciudadana para constituir organizaciones independientes, incluyendo partidos
políticos; y 6.- Ciudadanía inclusiva
que impide le sean negados sus derechos. De igual modo, también asumimos que la
competitividad de las Naciones (capacidad de producir, distribuir y asignar la
riqueza) bajo un enfoque de neoinstitucionalismo entendido como la calidad de
las instituciones políticas, juega un papel trascendente en la estructuración y
eficiencia de la democracia en un marco de al menos cuatro dimensiones: A.-
Partidos políticos programáticos e institucionalizados; B.- Una legislatura con
sólida capacidad para elaborar leyes y ejercer contrapeso y control; C.- Un
poder judicial independiente; y D- Una administración pública moderna,
transparente y eficaz.
Desde un ángulo complementario, vale señalar la
importancia que reviste para la reconstrucción de Venezuela el definir una
visión estratégica de país a largo plazo con claras y perfectamente
contextualizadas políticas de Estado en aras de mejorar la democracia, el
desarrollo y, muy especialmente, la calidad de vida de los ciudadanos. En lo
especifico del hecho económico venezolano, y su apremiante refundación desde
los escombros dejados por el chavismo-madurismo con la complicidad de un
régimen militar-cívico que aupó la consolidación de un Estado-corrupto
generador de inmensas fortunas personales y por ende de nula creación de
riqueza nacional; dicha refundación será solo posible en la medida que no se
pretenda “relanzar” agotados modelos económicos instaurados en la anterior
etapa democrática (1958-1998) que en mucho se perfilaron como estrategias
demagógicas y populistas para la distribución de los ingresos petroleros con
mínimo efecto multiplicador sobre el crecimiento y desarrollo nacional. Muy por
el contrario, ha de aprovecharse la crisis imperante para impulsar la
conformación de un tejido empresarial que, en lo básico, se sustente bajo los
principios de una economía de escala (situación en la que una empresa reduce
sus gastos de producción al expandirse) que haga viable, tanto atender la
demanda interna como insertarse en el comercio internacional en el marco de la
globalización.
Reflexión final: Venezuela, con el nuevo gobierno que
marca el fin de la usurpación enfrentará un reto histórico: la restauración de
la gobernabilidad, lo cual implica, entre otros aspectos: 1.- Estabilidad
política; 2.- Fortalecer las instituciones democráticas; 3.- Participación
ciudadana; 4.- Crear condiciones de confianza; y 5.- Apuntalar la
previsibilidad jurídica y política. En síntesis, la Venezuela que aspiramos
reconstruir sobre los escombros dejados por el incompetente y corrupto “proceso
revolucionario”, será posible alcanzar a la luz de un fortalecimiento de las
instituciones que sustentan la democracia en un ambiente de estabilidad
económica sustentado en un equilibrio macroeconómico, que hace referencia al
punto donde la cantidad de producción que ofrecen todas las empresas es igual a
la cantidad demandada.
Jesús Alexis González
@jesusalexis_gon
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