El
Presidente Ivan Duque se armó de valor y procedió a objetar seis de los ciento
cincuenta y nueve artículos de la Ley Estatutaria de la JEP. Esta había sido
examinada ya por la Corte Constitucional y la había pasado a la sanción del
Presidente de la República.
Legalmente
el Mandatario podía sancionarla entera u objetarla total o parcialmente por
razones de inconveniencia. En el mismo acto Duque en que informó al país de lo
anterior, señaló que cada una de estas observaciones busca la mejora y la
corrección de la Justicia transicional “para corregir estos aspectos y avanzar
en la construcción de una paz que nos una”, sin que existan ánimo de polarizar.
A
pesar de lo positivo de haber dado ese importante paso, las falencias de la JEP
van mucho más allá que las señaladas por la presidencia en los seis artículos
cuestionados. La misma seguirá con importantes vicios y no servirá, como debía
haber sido, para defender los derechos de las víctimas, para su reparación y
para que no se repitan situaciones similares.
Este instrumento parido por la Comisión
encargada de armar el Acuerdo de Paz de La Habana ha sido criticado por Tirios
y Troyanos, siendo sus únicos defensores los actores de la propia Comisión y,
evidentemente, la cúpula guerrillera a quien ella favorece ampliamente.
La
toma de la decisión presidencial ocurre tras una semana de escándalos que la
Jurisdicción pretendió acallar con apertura de casos hasta ahora descuidados,
como el de reclutamiento de menores de edad, la exposición pública de militares
acusados de falsos positivos, y las comparecencias secretas de jefes
guerrilleros vinculados a secuestros.
El
meollo del asunto radica en muchos aspectos de su articulado que otorgan
excepciones en la aplicación de la Ley ordinaria, a los criminales guerrilleros
que arrodillaron a Colombia durante medio siglo con su violencia sanguinaria.
Importantes actores e instituciones del vecino país consideran que el estatuto
tiene vicios significativos que lo convierten en ilegal e ilegítimo en
Colombia, por un lado y lo hacen violatorio de la Carta Interamericana de
Derechos Humanos, por el otro. Sin hablar del hecho de que la propia ciudadanía
efectuó un mandato para revisarlo a través del “Plebiscito por la Paz”
celebrado mediante convocatoria global, en el que los colombianos rechazaron,
con más del 50% de los votos, su contenido.
Entre
las aberraciones que han hecho aparición más recientemente, se ha descubierto,
por ejemplo, que la JEP pagaba los honorarios de los abogados de los
justiciables de las FARC que comparecen ante esta justicia transicional.
Al
propio tiempo, a este tipo de escándalos y a los que tienen que ver con la
falta de atención a las denuncias por delitos sexuales en contra de
parlamentarios exguerrilleros, se vienen a sumar grotescos casos de corrupción
dentro de las autoridades de la naciente JEP.
Recordemos,
una vez más que el régimen de JEP debería haberse concebido como un fundamento
sólido de la reconciliación nacional y, sobre todo, una fórmula garante de los
derechos de las víctimas del conflicto armado. Ninguna de las dos cosas está
ocurriendo. Asi pues, cuando el Presidente veta los seis artículos, la norma
queda congelada mientras el Congreso estudia su decisión. ¿Existe la
posibilidad de un retroceso en la aprobación de todo el Acuerdo para la Paz de
Colombia?. Si lo existe. Pero es mucho más nocivo para el país un silencio
lapidario en torno a todo el sistema de Justicia que regirá esta transición
hacia una nueva Colombia.
Así
que es por lo menos encomiable, que el Presidente de los colombianos se haya
decidido a ponerle el cascabel al gato.
Beatriz
de Majo
@beatrizdemajo1
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