Deben contarse por millones los venezolanos que están en deuda con la Universidad, no solo los egresados, sino sus familiares y el entorno social, todos impactados por el paso a través del Alma Mater.
De un lado, el ataque político y judicial del actual régimen contra la Institución y la asfixia económica a que la somete, puede considerarse como un matricidio, vista la gran cantidad de funcionarios que han transitado por sus aulas y deberían brindarle alguna reverencia.
Es innecesario hacer una lista de rectores y otras autoridades, decanos, directores de escuelas e institutos, profesores y profesionales, que han figurado en todas las escalas de los poderes públicos, para advertir que éste no es sólo un régimen cuartelario sino que tiene su “ala luminosa” como siempre la han tenido las dictaduras militares de este país.
Del otro lado, lo que más llama la atención es la inercia de la comunidad universitaria, que está como si le hubieran cauterizado el nervio, reducido a un cuerpo inerte, cataléptico, incapaz de reaccionar y defenderse con el espíritu combativo que era parte de su tradición.
La respuesta fácil escuchada desde tiempos inmemoriales reza que “la Universidad es el reflejo del país”; de manera que esta postración se parece mucho a la del resto de la sociedad frente al régimen, que denota cansancio, frustración, cuando no una peligrosa resignación.
La actitud que se limitaba a “dejar testimonio” que podía satisfacer hasta el presente, se ha vuelto insuficiente. El clásico etiem si omnes ego non, que ayudaba a salvar la responsabilidad moral, individual, no basta cuando está en juego el destino común; los dilemas de conciencia pueden resolverse consigo mismo, pero los problemas políticos exigen de una acción, que sólo puede ejecutarse en conjunto, con otros.
El ataque del régimen se expresa en la sentencia 0324 del TSJ contra las Universidades Autónomas que da un plazo de seis meses para que la UCV celebre elecciones con un método inventado por su Sala Constitucional que no existe ni ha existido nunca en ninguna Universidad del mundo, con el agravante de ser un acto suicida, contra la autonomía, manifiestamente inconstitucional e ilegal.
No se puede pasar por alto que la fecha de vencimiento del plazo, el 27 de febrero, se ha pretendido exaltar como símbolo de efervescencia popular, irrupción descontrolada de las masas, un acto “revolucionario”, por repugnante que resulte al sentido común. Igual hubieran podido fijar el 4 de febrero; pero aquella resulta más telúrica, podría decirse “volcánica” y por eso mismo más contraria a todo sentido, más irracional, lo que releva de cualquier argumentación.
Pero nada se logra con pedir una prórroga de otros seis meses para que concedan cuatro, como en una negociación cualquiera, porque no se puede reducir a una discusión de fechas lo que es una cuestión de principios.
Por mucha profusión de fe autonomista que hagan los representantes del régimen, el hecho palmario es que la alineación de la Universidad con el proyecto político de un partido, que además pretende eternizarse en el poder, es completamente incompatible con la autonomía.
La autonomía universitaria es un prerrequisito para la libertad de cátedra, el cogobierno universitario, en fin, para el desenvolvimiento propio de la Universidad, en el más amplio sentido de la expresión, como comunidad de profesores y estudiantes en busca de la verdad.
El propósito del régimen es obvio: tomar la Universidad para ponerla al servicio de los objetivos del llamado socialismo del siglo XXI, convertirla en un engranaje más del aparato ideológico del Estado, como en Cuba.
La Universidad de La Habana no es autónoma, está adscrita al Ministerio de Educación Superior, su rector es designado por el gobierno y “presentado” al Consejo Universitario. El anterior nunca antes había pisado el recinto universitario, ni tampoco la actual, Miriam Nicado, pero eso sí, es miembro del buró político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, del Consejo de Estado y diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Si Yadira Córdova, por ejemplo, fuera impuesta como nueva rectora de la UCV, no podría evitarse el anatema de la “intervención” aunque no llegara a bordo de un tanque blindado, como se recuerda el 31 de octubre de 1969, una fecha tan denostada por su régimen.
¿Qué respuesta puede dar una comunidad inteligente al desafío comunista? El único recurso auténticamente universitario con que cuenta es el debate de ideas, así, la libre controversia es el ambiente en que se cultiva y florece la verdad, como el pluralismo es el antídoto contra el totalitarismo.
Hoy la comunidad universitaria desborda los límites del campus, se dispersa por todo el país y el mundo: debe haber algún modo de pulsar la fibra espiritual que nos une, como el llamado maternal de la Universidad que reclama acudir en su auxilio, para reorientarla hacia una comunidad del conocimiento, lejos de la formación de cuadros partidistas.
El Alma Mater, como centro de pensamiento, es el primer recipiente donde se encuentra la conciencia nacional, también es el último reducto en que se pierde.
Luis Marin
lumarinre@gmail.com
@lumarinre
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