La incruenta persecución a los líderes de la oposición, dirigentes políticos, diputados y militares, solo persigue un pérfido propósito de Maduro y sus acólitos y que no es otro sino el de prolongarse en el poder, en nombre de una supuesta revolución representativa de los intereses populares. Lo que llama la atención y amerita una reflexión, es la gravedad e intensidad de los ataques a quienes, por los cauces democráticos, protestan por la violación de los derechos humanos, atropellos, brutal represión, desempleo, hiperinflación y en definitiva abuso de poder
El régimen ha desplegado en estos últimos años, una auténtica cacería de brujas con la inmediatez - que por cierto brilla en otros casos en los que se encuentran involucrados personajes de la revolución socialista, marxista, y mal llamada bolivariana y además comunista, como lo afirmara Fidel Castro – para intimidar a quienes ungidos por sus derechos constitucionales, se sienten con derecho a reclamar y protestar, tal como lo contempla la propia constitución. ¿Acaso es un delito?.
Probablemente para los neo socialistas venezolanos encubiertos en la mal llamada revolución bolivariana constituya un delito, porque en su interregno político esa acción de legitimidad de los derechos ciudadanos si lo es. De allí, que lejos de procurar el diálogo con quienes los adversan, se han abocado a incoar juicios contra los más destacados líderes de la oposición, como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, solo con el perverso propósito de encarcelarlos y de esta manera silenciar sus encendidas voces.
Lamentablemente, la solidaridad inmediata y agresiva de sus tutores políticos con Cuba a la cabeza, ha impedido acciones y sanciones inmediatas contra el régimen de Maduro, pues ha sido un contrapeso que quiérase o no le ha dado sus resultados. Pese a ello, el pueblo venezolano viene esperado de sus hermanos latinoamericanos una solidaridad que haga posible dar al traste con la absurda pretensión de Maduro de eternizarse en el poder, pese a su ilícita legitimación acordada por instituciones del Estado secuestradas como el CNE y el TSJ
Las protocolarias relaciones diplomáticas y decisiones de organismos tradicionales como la OEA, Unión Europea y ahora el apoyo incondicional de 60 países que reconocen el gobierno interino de Juan Guaido como legítimo, de acuerdo a las pautas que norman la Carta Magna venezolana, hace posible se vislumbre una oportuna y definitiva solución para que el régimen socialista, marxista y mal llamado bolivariano, acate la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano, que lo rechaza rotundamente y desea encontrar el camino de la felicidad, paz, desarrollo y prosperidad. El clásico principio de "no intervención en los asuntos internos de otro Estado", parece haber quedado obsoleto, ante la realidad que vive el continente.
El clientelismo en lo interno y el presuroso apoyo en lo externo de los Gobiernos identificados con revoluciones mediáticas de corte socialista, son valiosos elementos que se deben considerar en el futuro en las contiendas políticas latinoamericanas, lo cual obliga a la oposición a revisar sus estrategias para competir en el futuro inmediato en igualdad de condiciones, tarea ésta en que cual se deben avocar con la inmediatez del caso, quienes han tomado la bandera de la oposición, eso sí, unidos con el perentorio y necesario compromiso de marchar sólidamente unidos.
No será por la vía de la amenaza, el vituperio y la prepotencia, que el gobierno (¿) de Maduro intimide a los más altos exponentes de la oposición, a los empresarios privados y a los dueños de los medios, ni utilizando la técnica fascista de la desfiguración del contrario, sin presentar prueba alguna, para seguir sembrando el odio y estimular una espiral de violencia, atentando al mismo tiempo contra la eminente dignidad de los venezolanos.
El artículo sesenta de la Constitución establece que "Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación". Lo mismo contempla los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Venezuela. A partir del artículo 442, el Código Penal impone multa y cárcel por ofensas al honor de las personas. Nuestro Código Civil garantiza el resarcimiento por el daño moral causado y la Carta Magna el derecho a réplica y rectificación.
Lo cierto es que el régimen que tiene secuestrado los poderes públicos como el TSJ recientemente dictó cuatro sentencias en solo cinco días, golpeó a la oposición y reabrió el debate sobre el estado de la democracia en el país.
En un muy breve periodo, el TSJ nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral en el que los afines al gobierno de Nicolás Maduro son abrumadora mayoría y suspendió a las juntas directivas de Acción Democrática y Primero Justicia, dos de las principales fuerzas de la oposición. El 7 de julio, pocas semanas después, hizo lo mismo con Voluntad Popular, el partido al que pertenece el líder opositor, Juan Guaidó, y que aún lidera Leopoldo López, quien es presidente de la Asamblea Nacional y Presidente (i)de la República, de acuerdo al texto constitucional.
El Consejo Nacional Electoral ha convocado para el próximo 6 de diciembre las elecciones parlamentarias para renovar la Asamblea Nacional, la única institución en la que la oposición conserva la mayoría, y muchos analistas y la misma opinión pública interpretan de acuerdo a los últimos acontecimientos, como un evidente propósito de asegurar el triunfo del oficialismo.
Encuestas realizadas en los últimos días, revelan que Maduro apenas cuenta con el apoyo de un 15% para realizar las elecciones parlamentarias, mientras que un 85% niegan rotundamente a que dichos comicios se realicen, habida cuenta de que con ellas se validaría la permanencia del inquilino de Miraflores en el poder, pues contaría con una abrumadora mayoría en la Asamblea Nacional, de acuerdo al desproporcionado y bien calculado aumento de 167 a 287 diputados, estructurado con la “oposicioncita” que legitimó a su capricho, con los diputados denominados “alacranes”, saltarines de talanquera, ávido$ de la defen$a de lo$ intere$e$ del paí$
Carlos E. Aguilera A.
careduagui@gmail.com
@_toquedediana
Miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas (CNP-122)
No hay comentarios:
Publicar un comentario