Y aquí empezó la tragedia que por espacio de trece años convirtió al país, en una hacienda con un caporal látigo en mano, que hizo todo cuanto se le antojó a diestra y siniestra, más con la siniestra que lo identificaba con su proyecto político comunista, de mano con el dictador Fidel Castro, su tutor hasta el mismo día que sucumbió y pasó a mejor vida.
Durante los trece años que estuvo al frente de los destinos del país, Chávez engolosinado con el poder, hizo y deshizo todo cuanto se le antojó, en materia económica, social y política. La economía empezaba a dar tumbos ante la falta de políticas públicas coherentes. La expropiaciones de fundos, haciendas y empresas privadas a lo largo de todo el territorio nacional, se convirtieron en feudos en manos de miembros del alto gobierno y de los militares. La represión contra dirigentes de la oposición no se hizo esperar y bajo la consigna de “Patria, socialismo o muerte”, imperó esto último, pues víctimas de este despropósito cívico-militar, fueron asesinados un centenar de jóvenes estudiantes durante la criminal represión que ejerció con apoyo de los demás poderes secuestrados, como el TSJ, Fiscalía General de la República y Asamblea Nacional, hasta el 2015 en manos del partido oficialista. Ya para entonces comenzaron a aflorar denuncias de familiares de los presos políticos sobre torturas, incomunicación y juicios en tribunales militares y no en la jurisdicción civil.
Tras su fallecimiento y por recomendación suya, Nicolás Maduro, fue elegido candidato del partido PSUV, quien en fraudulentos comicios gano las elecciones a Henrique Capriles, líder del partido Primero Justicia. Y allí se inicia el segundo capítulo de esta dolorosa tragedia que vive el país, pues el Husein tropical heredero de la corona del hijo de…..Sabaneta, comenzó a desgraciar más aun a la nación y a perpetrar una feroz represión contra la disidencia y la oposición, con un saldo en rojo pero de sangre, que dio pie a denunciar los crímenes que se estaba cometiendo contra civiles y militares presos en el Helicoide y en la DIGCIM
Por esta razón desde el año 2016, se han consignado ante la Corte Penal Internacional (CPI) más de 223 denuncias de personas que han sido víctimas de actos de violencia sexual grave, traslado forzoso, tortura, detenciones arbitrarias, desaparición forzada, o persecución, con la intención de causar grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud mental de las víctimas, todo lo cual configura CRIMENES DE LESA HUMANIDAD, que no son otra cosa sino delitos especialmente atroces y de carácter inhumano, que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, cometidos para aplicar políticas de Estado.
Por las razones anteriormente indicadas, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas para Venezuela, presentó en Bruselas un demoledor informe que, por primera vez, establece responsabilidades individuales sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Venezuela, mediante reporte de 443 páginas en las que califica los delitos cometidos como de LESA HUMANDIAD y señala como responsables directos a Maduro, Diosdado Cabello, número dos del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, a los Ministros de Interior, Néstor Reverol y al de Defensa, Vladimir Padrino López, y también a los jefes de los servicios de inteligencia, junto a otros 45 funcionarios del régimen.
“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión. “Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, agregó.
Los investigadores analizaron 223 casos ocurridos desde 2014 en adelante, de los cuales 48 se incluyen como casos de estudio exhaustivos. Examinaron además otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes. El informe es un aporte de peso al extenso expediente que ha ido acumulando el gobierno de Maduro en la justicia internacional. Además, la misión independiente califica que el inventario de violaciones señaladas entran en la competencia de la Corte Penal Internacional(CPI) La fiscalía de CPI inició en febrero de 2018 el examen preliminar de una eventual demanda por crímenes de lesa humanidad contra Venezuela que, de constituirse, sería la primera contra un país de América Latina.
Para el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad en 1968 se aprobó la Convención Internacional que establece que estos no prescriben, por cuanto existe el principio de jurisdicción universal, según el cual cualquier Estado puede enjuiciar y condenar penalmente a sus autores, independientemente del lugar donde los mismos hayan sido cometidos, debido a que por su propia naturaleza la afectada es la comunidad internacional y la humanidad como tal.
En 1998 se creó la Corte Penal Internacional (CPI), con el propósito de enjuiciar los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Según el principio de complementariedad, la competencia de la CPI es concurrente con la de los Estados Nacionales, aún cuando no cuenta con la adhesión de las principales potencias militares del mundo, como Estados Unidos, Rusia y China.
Amnistía Internacional consideró un hito el respaldo de la ONU a miles de víctimas. “Las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro siguen cometiendo crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza”, dijo en un comunicado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas, quien exhortó a renovar el mandato de este mecanismo de escrutinio internacional. “No hacerlo sería darle la espalda a las víctimas, a la verdad y a la justicia”, dijo.
Ojalá este histórico pronunciamiento de la Misión de la ONU para Venezuela, obligue a la Corte Penal Internacional (CPI) a ejecutar lo más inmediatamente posible una sentencia contra los autores de estos abominables crímenes perpetrados contra una indefensa población civil, víctima del abuso de poder instaurado desde que a mala hora el impostor ocupó la silla de Miraflores.
¡ El tiempo de Dios, es perfecto !
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