El derroche de incongruencia y el exceso de presidencialismo, sumado al grado de absurdidad demostrado por la incapacidad del régimen usurpador que ventila sus asquerosas flatulencias en Venezuela, convirtió al país en un escenario de situaciones desesperadas por la obnubilación que produce el poder político. Especialmente, cuando la codicia deforma su sentido social y naturaleza económica. Pero igualmente, su respuesta ética y alcance de moralidad.
En consecuencia, luce absolutamente incompatible con los nuevos tiempos, tanto como con las desbordantes necesidades, las repulsivas pretensiones del susodicho régimen de incitar innecesarias confrontaciones que solamente tienen cabida en la mente de un desquiciado. Particularmente, toda vez que no existen razones sólidas para tan deslucidos y anacrónicos planteamientos. Ya decía Hermann Melville, novelista norteamericano, que “todo lo referente a la guerra es una bofetada al buen sentido” lo cual evidencia lo irracional que resultaría una decisión que apunte en tan incorrecta dirección.
Fundamentalmente, si tal situación se analiza desde la perspectiva histórica pues bastaría con referir el apego que sintió Simón Bolívar por Colombia. De hecho, en sus sueños acariciaba la idea de que todo el territorio que abarcaba la parte septentrional del subcontinente, llevara el nombre de “Gran Colombia”. Sin embargo, las azarosas realidades que ciñen el devenir nacional creando angustias y zozobra ante el deseo enfermizo de provocar un embate bélico con Colombia, por razones de odio, envidia y egoísmo, reflejan la tendencia de una tendencia guerrerista. Pues antes de pensar en invertir en educación, salud, conservación del ambiente o en apalancamiento de la empresa nacional, gasta en equipos militares de guerra balística sin medida ni método. O en equipar hordas de milicianos con la idea de sumarlas a los contingentes de las Fuerzas Armadas Nacionales. Todo ello, al margen de lo estipulado por la Constitución de la República.
Tales gastos, sin posibilidad de retorno en desarrollo económico y social, y peor aún, a desdén de actitudes de paz y ejecuciones en seguridad, traban esfuerzos de políticas públicas estructuradas constitucionalmente a través de lineamientos que exaltan aspectos de integración, soberanía, crecimiento, desarrollo, y demás consideraciones que garanticen el bienestar de la sociedad.
Aunque resulta difícil concebirlo en lo concreto, la impudicia del régimen ha tenido escasamente tres objetivos básicos: el proselitismo como recurso de enquistamiento en el poder, la violencia como estrategia de siembra de miedo, y la militarización de estamentos públicos y sectores civiles. Lo demás, ha sido por añadidura, desgaste, carencia o agotamiento. Sobre todo, a nivel de gastos que, en lo exacto, son dirigidos a amortiguar desmedidos problemas cuyos resultados terminaron por anarquizar el país. Al mismo tiempo que buscó profundizar la crisis política y económica que arrastra el país desde que el militarismo hace casi veintiún años, se arrogó poderes supraconstitucionales para inundar a Venezuela de peste social, inseguridad, pereza, terror y ruina.
En medio de realidades tan severas, donde el conocimiento debería primar toda decisión que trascienda trivialidades y coyunturas, es impensable y patético admitir criterios de gobierno basados en la improvisación, delitos encubiertos, y en confrontaciones viscerales. Más aún, en la eventualidad de ramplones avatares. Y así sucede dado que no se tiene medida de lo que se decide. Pues, sin duda alguna, la ignorancia es atrevida.
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