Se dice que nuestro peor problema político está en que
este régimen cuenta con el apoyo de los uniformados. En efecto, el poder
político cuenta con ellos. Pero no son ellos los que garantizan la permanencia.
Es el sistema judicial. Con su hacer y, peor, su no hacer. Venezuela es, por
ejemplo, prácticamente el único país donde Odebrecht no tiene procesos
judiciales en marcha, a pesar que fue aquí donde la empresa cobró millonarias
cifras por obras que no fueron culminadas o, peor, nunca fueron iniciadas. En
muchos países de Latinoamérica Odebrecht operó a placer, pagando jugosas
comisiones para que le fueran adjudicadas licitaciones. Pero en la mayoría de
esos países esas obras fueron ejecutadas. En Venezuela no. Aquí se quedaron en
papel o, con suerte, están a medias, como monumentos de la vagabundería.
Las operaciones fraudulentas en empresas del estado
están ahí, expuestas. La masacre es indisimulable. Pero los procesos abiertos
son escasos. Mucho más fácil es que un ladrón de un perro caliente esté en
cana. Y si hablamos de narcotráfico, trata de personas, estafas. Apenas unos
cuantos casos a los que se les hace mucha publicidad oficial.
Los países desarrollados lo son no solo porque tengan
valiosos recursos naturales o produzcan bienes y servicios. En ellos priva el
estado de derecho. Hay un estamento legal desarrollada legítimamente y las
autoridades respetan las leyes y las hacen respetar. Hay castigo para el
crimen. Mientras el sistema judicial venezolano no cumpla su función, Venezuela
seguirá siendo territorio en control de malandros, país de oportunidades para
malhechores y malvivientes. Y los ciudadanos decentes, que somos por mucho más
mayoría, seguiremos siendo las víctimas.
soledadmorillobelloso@gmail.com
@solmorillob
Venezuela
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