lunes, 8 de febrero de 2021

GABRIELA CALDERÓN DE BURGOS, ¿ELECCIONES DE VIDA O MUERTE?

El país está profundamente dividido en torno a visiones de contraste marcado. Cada elección se nos presenta como algo de vida o muerte. No son miedos irracionales dado que el Estado ha llegado a tener una envergadura y tamaño que se inmiscuye demasiado en nuestro bolsillo y hasta en las decisiones más íntimas. 

El sistema de “el ganador se lo lleva todo” en lugar de fomentar la paz necesaria para generar confianza, produce odio entre los que piensan distinto o entre las distintas regiones del país. 

La única manera de lograr la reconciliación es descentralizando el poder y recursos del gobierno nacional. Comentando sobre las recientes elecciones de EE.UU., J.D. Tuccille decía que la contienda electoral se percibió como algo que definía el destino del país debido a que “En gran medida la política se ha convertido en un combate, donde los que ganan las elecciones usan su control del gobierno para atormentar a los que pierden”. El economista John Cochrane lamenta “La cada vez menor capacidad de perder una elección y no ser aplastado”. Tuccille agrega: “Ningún pueblo cuerdo aceptaría un sistema político que sirve como un arma en contra del mismo pueblo; tratarían de escapar de su poder”. Eso describe lo que históricamente ha sucedido en Ecuador: si ganamos, aplastamos a los perdedores. Si perdemos, no consideramos legítima la autoridad de los ganadores. 

Para reducir la violencia política que hemos vivido los últimos años, es necesario que quien llegue a Carondelet, independientemente de su visión ideológica, descentralice las competencias y recursos del gobierno nacional. Algunos cantones o regiones socialistas del siglo XXI podrían aumentar los subsidios, las regulaciones e impuestos y otros hacer lo contrario. De esta manera, los ciudadanos se podrían juntar con otros que piensen igual y gozar o sufrir de las consecuencias dentro de su territorio. 

Es muy poco probable que la iniciativa venga del gobierno nacional. Pero lo que sí podría suceder es que este al menos permita procesos de descentralización de competencias y recursos demandados por los municipios. Esto ya sucedió a fines de los noventas cuando Guayaquil lideró una ola de descentralización, logrando mejorar los servicios públicos. La segunda ola podría demandar otras competencias, sobre cuestiones como la seguridad social, salud, educación, regulaciones financiera y laboral, etc. 

Nuestros padres fundadores concibieron al Ecuador como una república federal. José Joaquín de Olmedo lo consideraba una cuestión de justicia y lo contrario un acto de violencia. Siendo prefecto del Departamento de Guayas le envió una carta al Presidente Flores acerca de la propuesta para que Guayaquil financie la construcción de una carretera que conectara a Esmeraldas con el resto del país diciendo: 

“cada Departamento tiene derecho de procurarse cuantas ventajas le brinde su clima y su localidad. Y este derecho debe ser subsistente aun cuando las ventajas que se proponga cada país no sean del todo compatibles con las de los pueblos vecinos; pero la justicia también exige que los trabajos y costos de las mejoras particulares de cada territorio, salgan de sus propios fondos, pues será duro y violento obligar a los pueblos perjudicados a costear las ventajas ajenas, y pagar su propio daño”.

(Carta a Flores, Epistolario, Aurelio Espinosa Polit, p. 566. 21 de abril de 1830)


Gabriela Calderón de Burgos
gcalderon@cato.org
@gabricalderon
@InstitutoCato
Gabriela Calderón de Burgos es editora de ElCato.org, investigadora del Cato

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 5 de febrero de 2021.

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