El
sistema de “el ganador se lo lleva todo” en lugar de fomentar la paz necesaria
para generar confianza, produce odio entre los que piensan distinto o entre las
distintas regiones del país.
La
única manera de lograr la reconciliación es descentralizando el poder y
recursos del gobierno nacional. Comentando sobre las recientes elecciones de
EE.UU., J.D. Tuccille decía que la contienda electoral se percibió como algo
que definía el destino del país debido a que “En gran medida la política se ha
convertido en un combate, donde los que ganan las elecciones usan su control
del gobierno para atormentar a los que pierden”. El economista John Cochrane
lamenta “La cada vez menor capacidad de perder una elección y no ser
aplastado”. Tuccille agrega: “Ningún pueblo cuerdo aceptaría un sistema
político que sirve como un arma en contra del mismo pueblo; tratarían de
escapar de su poder”. Eso describe lo que históricamente ha sucedido en
Ecuador: si ganamos, aplastamos a los perdedores. Si perdemos, no consideramos
legítima la autoridad de los ganadores.
Para
reducir la violencia política que hemos vivido los últimos años, es necesario
que quien llegue a Carondelet, independientemente de su visión ideológica,
descentralice las competencias y recursos del gobierno nacional. Algunos
cantones o regiones socialistas del siglo XXI podrían aumentar los subsidios,
las regulaciones e impuestos y otros hacer lo contrario. De esta manera, los
ciudadanos se podrían juntar con otros que piensen igual y gozar o sufrir de
las consecuencias dentro de su territorio.
Es muy
poco probable que la iniciativa venga del gobierno nacional. Pero lo que sí
podría suceder es que este al menos permita procesos de descentralización de
competencias y recursos demandados por los municipios. Esto ya sucedió a fines
de los noventas cuando Guayaquil lideró una ola de descentralización, logrando
mejorar los servicios públicos. La segunda ola podría demandar otras
competencias, sobre cuestiones como la seguridad social, salud, educación,
regulaciones financiera y laboral, etc.
Nuestros
padres fundadores concibieron al Ecuador como una república federal. José
Joaquín de Olmedo lo consideraba una cuestión de justicia y lo contrario un
acto de violencia. Siendo prefecto del Departamento de Guayas le envió una
carta al Presidente Flores acerca de la propuesta para que Guayaquil financie
la construcción de una carretera que conectara a Esmeraldas con el resto del
país diciendo:
“cada
Departamento tiene derecho de procurarse cuantas ventajas le brinde su clima y
su localidad. Y este derecho debe ser subsistente aun cuando las ventajas que
se proponga cada país no sean del todo compatibles con las de los pueblos
vecinos; pero la justicia también exige que los trabajos y costos de las
mejoras particulares de cada territorio, salgan de sus propios fondos, pues
será duro y violento obligar a los pueblos perjudicados a costear las ventajas
ajenas, y pagar su propio daño”.
(Carta
a Flores, Epistolario, Aurelio Espinosa Polit, p. 566. 21 de abril de 1830)
gcalderon@cato.org
@gabricalderon
@InstitutoCato
Gabriela Calderón de Burgos es editora de ElCato.org, investigadora del Cato
Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 5 de febrero de 2021.
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