Resulta
lógico que el aumento sostenido e indetenible de los precios de los productos
de la canasta alimentaria y de los
bienes y servicios de la canasta básica, constituyan la principal fuente
intranquilidad de la población. Desde que comenzó la hiperinflación, en 2017, a
los venezolanos el ingreso se les ha derretido. La tenaza formada por la dolarización silvestre y la
devaluación permanente, fulminó los sueldos y salarios de la mayoría de los
trabajadores. Los pensionados, más de tres millones, no reciben dinero ni
siquiera para sobrevivir dos días al mes. El gobierno socialista está aplicando
un programa de choque que no puede llamarse neoliberal. Los neoliberales se preocupan
por atraer inversiones, garantizar los derechos de propiedad, aumentar la
producción y la productividad, conjunto de factores que terminan elevando la
remuneración del trabajo. El ajuste madurista es simplemente caótico y salvaje.
Rodrigo Cabezas lo describió muy bien en una reciente entrevista. Luego de
haber saqueado las finanzas públicas y comprobar que los aumentos compulsivos
del salario mínimo carecen de sentido, si no forman parte de una política
económica integral orientada a combinar en un esquema armonioso los factores
productivos fundamentales, el gobierno optó por abandonar a los trabajadores y
pensionados a su miserable suerte. La situación actual puede resumirse del
siguiente modo: existe una reducida minoría, alrededor de 15% de la población,
que disfruta de ciertas comodidades y una calidad de vida relativamente
elevada, frente a la inmensa mayoría que logra sobrevivir en medio de enormes
penurias.
El
ingreso de los sectores populares se ha erosionado no solamente por los bajos
salarios y el desempleo, sino por la caída de las remesas provenientes del
exterior y la pérdida del poder adquisitivo de esas divisas. Durante 2020, el
volumen de las transferencias retrocedió
entre 35% y 40%. Los venezolanos que se encuentran en el exterior también se
vieron afectados por la pandemia. Muchos de ellos perdieron sus empleos o
vieron disminuir sus entradas. No lograron seguir auxiliando a sus familiares
aquí en Venezuela. Los dólares o los euros enviaron, además, perdieron gran
parte de su poder adquisitivito. La inflación trituró al bolívar y también al
dólar. Si una remesa de cien dólares en
enero de 2020 servía para alimentar a una familia de cuatro integrantes durante
quince días, al finalizar ese año, apenas alcanzaba para los gastos de una semana.
Hasta
ahora me he ocupado solo de la alimentación. Si entramos al campo de las
medicinas, el cuadro resulta todavía más dramático. En esta esfera, el déficit
se acentúa. La brecha entre los ingresos de las personas y el costo de los
medicamentos es oceánica. El sistema de farmacias populares bolivarianas, que
alguna vez funcionó con relativa eficacia, no pudo soportar el peso de la
incompetencia y la corrupción. Ese pequeño beneficio que recibían los más
pobres, se esfumó.
Se
comprende, entonces, que la gente vea en la inflación el problema básico del
país. El ciudadano se encuentra asediado
por dos flancos sensibles e interconectados: la alimentación y las
medicinas.
Estos
factores que acechan al ciudadano no existen para Nicolás Maduro y su gobierno.
Todavía no se han enterado de que hay un fenómeno económico con hondas
repercusiones sociales, llamado inflación; que en nuestro caso hay que llamarlo
por su nombre de pila: hiperinflación. Maduro parece no saber que durante casi
todo su mandato, Venezuela ha padecido la más alta inflación del planeta. Que
este es uno de los períodos más prolongados desde que se lleva el registro del
comportamiento de los precios en el mundo. No se ha dado cuenta de que no es
posible aplicar una política social exitosa, ni medidas de distribución del
ingreso equitativas, mientras persista ese azote.
Encara
el drama popular con ignorancia, irresponsabilidad y cinismo. Sus planes
alocados han hundido al país en la
ruina. Los ‘motores del desarrollo’ pistonean por todos lados. Ahora anda
ocupado en proponerle a su Asamblea Nacional la Ley del Parlamento Comunal y
las ciudades comunales. ¡Qué tienen que ver sus prioridades con las necesidades
urgentes del país! La gente no muerde el señuelo de las sanciones. Lo acusa de
ser el responsable clave de la crisis económica.
La
oposición no puede hacer mucho para mejorar la situación de los pobres, pero sí
puede hacer mucho denunciando la tragedia y evitando que el gobierno huya por
la tangente.
trino.marquez@gmail.com
@trinomarquezc
Venezuela
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