Ahora -en plena crisis del corona virus, con el cuarto
año consecutivo de hiperinflación, una caída fenomenal del PIB, empresas
cerradas, desempleo e informalidad crecientes, emergencia alimentaria y éxodo
indetenible de compatriotas- a Maduro no se le ocurre nada más exótico que
impulsar la LOCC, ya aprobada en primera discusión por su obediente Asamblea
Nacional, y promover una ‘amplia consulta nacional’, iniciada el 19 de marzo.
Pareciera que los venezolanos no tuvieran nada importante de lo cual ocuparse,
en un país donde escasea las camas para atender la pandemia electricidad, el
agua potable, las bombonas de gas e internet; y donde para cubrir la Canasta
Alimentaria hay que ganar cien salarios mínimos. ¿Qué sentido de las
prioridades tiene ese señor?
Según el proyecto de ley, Art. 5, el régimen aspira
fortalecer el poder popular, la democracia participativa y protagónica, el
principio de corresponsabilidad y una nueva institucionalidad, más alineada con
el socialismo. Representa la continuación de la Ley de Consejos Comunales,
2009, y la Ley de Comunas, 2010. Como ya
lo han señalado varios abogados constitucionalistas,
el proyecto constituye una violación abierta de la Constitución aprobada por
ellos mismos. Atenta contra el Poder Municipal, las gobernaciones y alcaldías,
y, en general, contra la descentralización, proceso que desde sus inicios se
planteó establecer una división institucional del trabajo que le permitiera a
cada nivel territorial de gobierno ejercer de forma eficaz sus respectivas
competencias y atribuciones.
El proyecto de Ciudades Comunales parece un bazar de
propósitos desatinados. Le lanza un misil a la propiedad privada mediante la
creación de empresas comunales, “propiedad social directa”, Art. 56. La
formación de Consejos Presidenciales del Poder Popular estimulará el “espíritu
comunal”, en rechazo a la propiedad privada, Art. 57. Se plantea crear un
amasijo de instancias burocráticas en el territorio de la ciudad comunal: el
Parlamento Comunal, los consejos de Economía, Contraloría y Justicia y Paz
comunales, además de una Comisión Electoral. La maquinaría estatal y municipal
palidecerá frente a esa burocracia tan abigarrada. A la larga, si semejante
proyecto prospera, las gobernaciones y las alcaldías quedarían anuladas, lo
mismo que los consejos legislativos estadales y los consejos municipales.
Ese proyecto de ley tan inútil podría deberse a la
necesidad que siente Maduro de hacerle un guiño a los sectores más dogmáticos
del PSUV. A lo mejor considera que frente a los señalamientos de quienes lo
acusan de ‘neoliberal’ desde el ala izquierdista, él debe hacer algunas
concesiones para mantener entretenidos a esos nostálgicos del maoísmo o del
propio Hugo Chávez, quien fue el iniciador de esa quimera. Pero, también podría
ser que sus mismas convicciones hayan reaparecido. Su antigua formación en Cuba
puede haber dejado sedimentos indelebles que emergen de nuevo. No sabemos cuál
es el origen de ese ritornelo.
Cualquiera sea la motivación, el fulano proyecto de
ley no es otra cosa que un despropósito. Vulnera el marco constitucional
existente, desmonta las bases del Estado republicano en el nivel más cercano al
ciudadano y deforma completamente la descentralización, vieja conquista de la
provincia. Ese desmontaje pretende lograrlo en nombre de la ‘democracia real’ y
de la ‘verdadera participación’: la socialista. Todas las patrañas y lugares
comunes se han puesto de manifiesto para intentar ocultar el verdadero objetivo
de la ley: controlar el movimiento popular, asfixiar las protestas ciudadanas y
acabar con la oposición en los sectores populares. Quien no se declare
ferviente socialista y devoto de la revolución bolivariana será execrado.
La utilidad de ese esperpento también está
cuestionada. Uno de los debates importantes en los países democráticos, se
relaciona con la construcción de ‘ciudades inteligentes’. Centros urbanos donde
los ciudadanos puedan utilizar de manera más eficaz el tiempo, se reduzca al
mínimo el impacto de la urbe sobre el medio ambiente, el tratamiento de los
desechos sólidos sea eficiente, el desarrollo de la tecnología se encuentre al
servicio de la comunidad para que se aligere el tráfico automotor, se trabaje
con tecnologías limpias. En fin, se humanice la ciudad y el país.
La Ley de las Ciudades Comunales no guarda relación
alguna con ese debate, sin duda crucial, que volverá a ser relevante cuando
haya pasado la Covid-19 y el planeta retorne a la normalidad. Aquí, como
siempre, el régimen anda extraviado en preocupaciones que atormentaban a los
socialistas utópicos, sólo que estos de ingenuos no tienen ni un pelo.
Trino Marquez Cegarra
trino.marquez@gmail.com
@trinomarquezc
Venezuela
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