Fueron
necesarios años de turbulentos enfrentamientos, desde 2014 (y acaso antes, en
las gigantescas manifestaciones contra el régimen socialista) hasta finales de
2018, para que finalmente, la totalidad de las universidades venezolanas,
republicanas, autónomas, públicas y democráticas, terminaran siendo controladas
por el régimen totalitario de izquierda radical.
Esta es la
rotunda y real verdad. La universidad venezolana, hoy, descansa sobre unos
escombros visibles desde cualquier ángulo que se la pueda observar. Hablamos de
la generalidad del sistema universitario venezolano. Bibliotecas incendiadas,
laboratorios de alta tecnología saqueados, mobiliario robado, infraestructura
colapsada, nulos sistemas de servicio, mantenimiento, así como inexistencia en
los sistemas de actualización de información, dotación de bibliografía ni intercambio
científico, humanístico y tecnológico.
A esto se
agrega ahora, a partir del 8 de marzo del año en curso, la obligación de
suministrar la data de nómina de todo el personal docente, de investigación,
extensión, personal administrativo, obrero y de estudiantes beneficiados con
los sistemas de becas y ayudantías. Toda esta información debe estar disponible
para ser administrada a través de la llamada plataforma oficial del sistema
Patria. A través de esta plataforma virtual se controlan los servicios, tanto
del carnet de la patria, el Plan de abastecimiento de las llamadas Cajas Clap
(servicio para surtir alimentos), entre otros servicios.
Si ya las
universidades nacionales habían sido sometidas a un claro, evidente, notorio y
público control presupuestario, donde año tras año apenas el régimen
suministraba mínimo presupuesto para cancelar sueldos y salarios, y repetía las
mismas asignaciones, trayendo como consecuencia una insuficiencia en la
adquisición, adecuación, renovación y mejoras, tanto en la docencia,
investigación aplicada como en los servicios de extensión comunitaria y
producción, era evidente que la institución universitaria viera comprometida su
pertinencia académica en la conformación de una nación social y económicamente
estable y de acentuado progreso.
Pero es que
ahora, una vez completado el plan de control total del sector universitario
nacional, se inicia otra nueva fase de control, ya individualizado, con nombre,
número de cédula de identidad, dirección de habitación, número telefónico y
fotografía. Si antes las ‘razzias’ de las grandes protestas fueron apagadas con
sangre y fuego, arrasando con todo. Ahora las persecuciones van a ser
individualizadas frente a una población total y absolutamente indefensa. Esto,
porque el cerebro pensante, el académico, va a ser constantemente vigilado,
monitoreado, fiscalizado, censurado y controlado a través del sistema Patria.
Desde el 8 de
marzo de 2021 los docentes universitarios venezolanos y la academia venezolana
en general, de las universidades republicanas, autónomas, públicas y
democráticas, solo devengarán como sueldo-salarios, ‘bonos’. Los organismos de
protección social-gremial, como institutos de previsión y protección social,
fondo de jubilaciones, asociaciones, sindicatos y federaciones, en la práctica
van a desaparecer, sea por no recibir fondos monetarios o sencillamente, porque
se les prohibirá su existencia, sea por vía ejecutiva, o de hecho.
Las instancias
que han cometido semejante atropello contra las universidades, su comunidad y
el Alma Mater (Alma Nutricia), sea el Consejo Nacional de Universidades (CNU),
sea la Oficina de Planificación del Sector Universitario(OPSU), carecen de
facultades jurídicas por ser instancias de segundo y tercer nivel
administrativo frente a la ‘autonomía de origen’ que la Constitución Nacional
venezolana le otorga a los Consejos Universitarios de las universidades
nacionales.
Indudablemente,
estamos de facto frente a una realidad donde no existe Estado de Derecho alguno
y las decisiones del régimen totalitario vienen cumplidas a través de los entes
del poder, respaldados, tanto por la fuerza militar-policial, como aquellos
organismos paramilitares que se encargan de cumplir órdenes.
El daño que se
está ejecutando contra el Alma Mater en Venezuela, no es tanto el control de un
pago mensual de miseria y humillación (en promedio cada miembro de la comunidad
universitaria venezolana devenga mensualmente cerca de 5$) como la desaparición
de la autonomía de origen que le permitía a la comunidad universitaria, a
través de sus organismos colegiados, elegidos democráticamente, seleccionar a
sus autoridades y administrar sus propios recursos administrativos. Esta
imposición agravará aún más la ya delicada migración de docentes,
investigadores y personal administrativo, obrero, y de estudiantes, quienes no
podrán acceder a estudios en universidades privadas.
Vienen tiempos
más tenebrosos y de oscurantismo académico para Venezuela. El empobrecimiento
educativo, en todas sus etapas, es alarmante y semejante a crímenes de Lesa
humanidad. Todo régimen totalitario es contrario al rigor académico y al
desarrollo de ciudadanos virtuosos y amantes del progreso y la cultura.
La universidad
republicana, democrática, autónoma y pública existe desde 1721, y 20 o 30 años
de barbarie no significarán más que una triste pausa en su Alma Mater. La
constancia académica, su práctica científica, humanística y tecnológica
derrotarán y sepultarán la mentalidad marginal de quienes hoy, con la fuerza de
las armas, la censura, la arbitrariedad e intimidación amenazan las puertas del
saber.
Juan Guerrero
camilodeasis@hotmail.com
@camilodeasis
Venezuela
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