Se trata de crear un Estado
paralelo a la Constitución, que desdibuja al municipio, solapandolo con una
entidad marxista, que tiene como único objetivo concentrar más poder en Maduro
y el PSUV. Reedita aquello de “todo el poder a los soviet” y enfrenta el
derecho a la propiedad privada con la propiedad comunal. En la China de 1959
Mao decretó las comunas y 17 años después terminaron suprimiéndolas. La
hambruna se apoderó a tal punto de la población que los chinos para sobrevivir
tuvieron que comerse entre ellos reeditando la antropofagia.
El todavía proyecto deja en
entredicho la estructura municipal encabezada por un alcalde, y le quita
también fuerza a las gobernaciones, que en las ciudades comunales tendrán un
contrapoder. Añade mucha más burocracia a la vida pública y en materia
económica significa un ir en la dirección de desangrar aún más a la nación, con
los gastos que se generarán. Especialmente cuando se trata del Consejo
Económico y el de Planificación como parte estructural de las ciudades
comunales. Aquí se vuelve a la política de poner el proceso productivo en manos
de un Estado corrupto e ineficiente responsable de la quiebra nacional, de la
hiperinflación y de que casi todo, menos los salarios públicos, tenga que
pagarse en dólares.
El nuevo proyecto de ley acaba
también con el pluralismo, obligándonos a adoptar el socialismo como sistema, e
insiste con la Universidad Comunal en imponer un pensamiento único. Si con la
inmensa concentración de poder no han podido, es ridículo pensar que acrecentándolo
van a lograr
algo, cuando lo que tendrían que
hacer es darse cuenta que la única posibilidad de rectificación pasa por
devolver todo a sus dueños naturales y darles plena confianza y seguridad
jurídica a los emprendedores. De la misma manera, la ley recuerda las políticas
de estatización, expropiación, confiscación y compra, que transfirió miles de
empresas privadas al gobierno, que fueron quebradas y desfalcadas en el corto
plazo. Para mencionar una sola de ellas, bastaría el caso emblemático de
Agropatria.
Algo similar ocurre con las
universidades nacionales, se centraliza mucho más el poder cuando las mismas
denominadas como “autónomas”, no podrán ni siquiera cancelar los salarios a sus
profesores, que serán incorporados al “sistema o monedero patria”. El que paga
manda es lo que está implícito. Mientras tanto, hay que reconocer que las
universidades privadas siguen dando el ejemplo, y son la otra cara de la moneda
en medio de la pandemia.
Lamentablemente, la ley de las
ciudades comunales reafirma que no existe ninguna voluntad de cambio por parte
del régimen, y que la única opción es cambiarlo, con la unión de la alternativa
democrática y un plan que tenga como norte revocar a Maduro para terminar con
la larga pesadilla.
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