La única representación institucional que no obedece a
las directrices del régimen dentro de los poderes del Estado, es la que se
encuentra en el Consejo Nacional Electoral. Los sectores democráticos carecen
de presencia en la Asamblea Nacional, en el Poder Judicial, en el Poder Moral
y, desde luego, en el Ejecutivo. No sé si Enrique Márquez y Roberto Picón
tienen conciencia de este hecho y su significado.
Una sólida franja de venezolanos, casi 50%, no quiere
participar en los próximos comicios para elegir gobernadores y alcaldes. Esas
elecciones les resultan indiferentes o les asignan muy poca importancia porque
no se encuentra en juego el cargo de Nicolás Maduro, principal responsable de
la crisis que vive la nación. Entre las causas de ese desencanto se encuentran
la desaparición progresiva de la descentralización, el nombramiento de
‘protectores’ en los estados donde ganaron candidatos opositores, la
disminución del significado de los alcaldes y, fundamental para la comprensión
del fenómeno, la escasa credibilidad que sigue teniendo el actual CNE.
Para que los ciudadanos que rechazan el régimen,
alrededor de 80%, se movilicen a los centros de votación, es fundamental que la
actuación de la fracción democrática dentro del CNE marque claramente su
territorio y lo defienda. Sus dudas, parpadeos y concesiones al régimen, no
harán más que profundizar el desencanto frente a los procesos electorales y, en
particular, ante el proceso electoral del 21 de noviembre.
Sería un error garrafal que Márquez y Picón se limiten
a depurar el Registro Electoral, rescatar los centros de votación que fueron
cerrados o abandonados y ocuparse de los aspectos exclusivamente técnicos que
involucra una elección tan compleja como la de noviembre. Esas dimensiones sin
duda que deben ser atendidas con eficacia. Pero, de ningún modo ellas tocan el
núcleo de las responsabilidades que le corresponden al CNE, una de las ramas
autónomas del Poder Público.
El presidente del organismo, Pedro Calzadilla, les
dirigió una comunicación a un grupo de países -me imagino que a través de sus
embajadores- invitándolos a estar presentes en las votaciones regionales. Habló
de ‘acompañamiento internacional’. Evitó usar la palabra observación. Esa
figura representa un subterfugio para convertir los delegados del extranjero en
mirones de palo. Si esos comisionados no pueden supervisar, evaluar, opinar e
informar, quedan como eunucos en la corte de Maduro. Hasta ahora no se ha visto
ningún pronunciamiento categórico por parte de Márquez y Picón al respecto.
En el caso de Acción Democrática, el Tribunal Supremo
de Justicia, en abierta violación de los estatutos de ese partido, se pronunció
a favor del grupo de Bernabé Gutiérrez, cercano al gobierno. Esa constituye una
materia de incumbencia directa del CNE porque el problema no ha sido abordado
ni resuelto desde la perspectiva jurídica, sino política. Hasta el momento, los
representantes de la oposición no se han pronunciado. La pulverización de la AD
legítima está quedando impune y silenciada.
La representación parlamentaria de los indígenas, el
gobierno decidió que sería electa en asambleas abiertas, con el evidente
propósito de controlarla. Esta fórmula, la misma que quieren imponer en la
selección de los representantes de las Ciudades Comunales, viola la
Constitución y la Ley del Sufragio, que establecen el voto directo, universal y
secreto. Hasta ahora, la moción ha pasado sin que los miembros del sector
democrático del CNE denuncien y se opongan a semejante aberración, que viola la
LOPE, instrumento legal que el CNE está obligado a proteger.
La reunión de la dirección nacional del PSUV en la que
Maduro anunció, con toda la fanfarria del caso, las elecciones primarias de su
partido para el 8 de agosto, fue en el hotel Humboldt, un espacio que pertenece
al Estado y utilizando la red de medios de comunicación públicos, financiados
con fondos de los venezolanos. Este hecho constituye un abuso de poder obsceno
por su ventajismo y porque constituye otra expresión más de la hegemonía
comunicacional del régimen. Acerca de este tema no ha habido ninguna
declaración por parte de los integrantes del CNE.
Márquez y Picón no tienen más opción que, con los
recursos proporcionados por la Constitución y la Ley del Sufragio, exigir que
los comicios de diciembre, y los que se efectúen en el futuro, se ajusten a las
pautas legales aprobadas por el chavismo cuando dominó de forma absoluta por
primera vez, hace más de quince años, la Asamblea Nacional. Los ataques y
amenazas de Diosdado Cabello contra Enrique Márquez a través del programita que
presenta en VTV, por haber solicitado que ese señor no promoviera candidatos
del PSUV, demuestra cuán dueña del poder se siente la cúpula del partido rojo.
Será protegiendo la legalidad y la institucionalidad
democrática –es decir, su territorio- como los representantes democráticos en
el CNE, se ganarán el reconocimiento de los electores y de la comunidad
internacional. Será también como los ciudadanos podrán volver a acercarse a las
urnas electorales y creer de nuevo en el voto como instrumento de cambio.
Trino Márquez
trino.marquez@gmail.com
@trinomarquezc
Venezuela
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