La primera consecuencia institucional de los resultados de las elecciones es que el voto reapareció como la vía de competencia política, desplazando al conflicto. El que la oposición haya ganado 117 alcaldías, de 26 que tenía, demostró que sí vale la pena votar porque se le puede ganar a un régimen que pretende ser hegemónico.
La segunda consecuencia se refiere a un cambio emergente en la forma de hacer política. Quienes ganaron esas 117 alcaldías ahora opositoras, a pesar de grandes desventajas, son en su mayoría personas que se dedican al trabajo social, a acompañar a la gente en la solución de sus problemas, en vez de esa fea costumbre politiquera de aparecer en momentos electorales para usufructuar del poder. Por lo que he observado, nuevos gobernadores y alcaldes oficialistas también han caído en cuenta de que no pueden seguir gobernando a espaldas de la gente.
La tercera consecuencia institucional es extensión de la anterior: contamos con 37 partidos nacionales y 35 regionales. En esa anarquía, la mayor minoría es el PSUV, con 10% de identificación partidista; ninguno de los demás partidos supera el 3% y la gran mayoría no alcanza el 1%. Los nuevos elegidos que han entendido que necesitan hacer política acompañando a la gente van a hacer crecer sus partidos y a absorber a los que no lo entiendan. De allí surgirán menos partidos más grandes, lo cual facilitará la toma de decisiones y la recuperación de la credibilidad en “la política”.
La cuarta consecuencia institucional sería que gobernadores y alcaldes respectivos resuciten los Consejos Regionales de Gobierno: instancia constitucional de coordinación entre ellos; y que los gobernadores oficialistas resuciten la Asociación de Gobernadores de Venezuela, incluyendo a los tres opositores. Es probable que estas dos instancias traten de rescatar las figuras del Situado Constitucional para que la asignación de recursos fiscales sea más ordenada y previsible, la descentralización y el Consejo Federal de Gobierno. La inmensa presión sobre la pésima calidad de los servicios públicos refuerza el interés por reanimar la transferencia de competencias y presupuestos.
La quinta consecuencia institucional es que no creo que NM se atreva a nombrar protectores para opacar a los mandatarios descentralizados. Sin embargo, si la Alianza Cívico-Militar se atrevió a desconocer la elección del Freddy Superlano en Barinas, aquí todavía puede pasar cualquier cosa.
La sexta consecuencia se ubica en el reconocimiento internacional del gobierno venezolano y la intensidad de las sanciones. Si bien los observadores electorales de la Unión Europea en su informe final no se refirieron a nuestras elecciones como “libres y justas” por las anomalías que reportaron (y las que no reportaron), reconocieron sus resultados; no así la administración de EEUU, quien, por ahora, mantendrá dichas sanciones. Pero esto deja al gobierno sin razón para negociar en México ya que su principal objetivo allí era la flexibilización de dichas sanciones y por ello mejoró las condiciones electorales. Sin embargo, al oficialismo ahora le puede interesar reactivar estas negociaciones si incluye entre los negociadores a las otras oposiciones – distintas a la MUD– que ganaron cargos de elección. Esto le permitiría proyectarse al mundo como un gobierno que es reconocido y se entiende con opositores, generando así una matriz de opinión de que los gobiernos que no lo reconozcan y sancionen serían extremistas.
Queda por verse si el acercamiento Biden-EEUU con la UE sobre cómo tratar el caso Venezuela se sigue resquebrajando, mientras algunos países europeos se acercan para recupera terrenos geopolítico-económicos en Venezuela y rompen la unidad de la política de la UE sobre nuestro caso. Un indicador clave es si se mantiene el reconocimiento de estos países a Juan Guaidó como Presidente Interino. Por ahora, Guaidó está invitado a una reunión de la Casa Blanca el 10-12-2021; mientras que el nuevo gobernador del Zulia, Manuel Rosales, opositor, ya visitó a Nicolás Maduro en Miraflores.
Todo esto converge hacia el fin de la era de la polarización definida como una hegemonía oficialista versus una oposición enfocada en cambiar al gobernante. Ahora el gobierno tienen diversos interlocutores y cada uno de ellos tiene un enfoque, muchos de los cuales buscan ocupar espacios vacíos y ser útiles para construir una vía socioeconómica-electoral hacia el poder. Si el Alto Gobierno se da cuenta de este nuevo juego, acelerará la recuperación económica y la descentralización para recuperar su conexión con la población.
José Antonio Gil Yepes
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@joseagilyepes
Director de Datanalisis
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