Entendiendo que el voto fue obligatorio en Venezuela y sin embargo, la abstención fue creciendo y el Estado fue incapaz de hacer cumplir esa obligación.
Propongo poner sobre la mesa una reforma estructural hacia nuestra legislación que nos direccione a la adopción del voto obligatorio para hacer frente al abstencionismo, la irresponsabilidad y la demagogia de ciertos sectores, pensando en los incentivos y las penalidades para manejar esa materia de forma más convincente.
Me refiero a hacer un ordenamiento legal que garantice la participación obligatoria de la gente en la renovación de cada uno de los cargos deliberantes: al hecho que el ciudadano comprenda que el voto es un deber cívico y se presente en el centro electoral, marque en la máquina la opción de su preferencia, deposite el comprobante en la caja de resguardo y dejé constancia de su participación firmando el cuaderno de votación.
El primer motivo por el que adoptar el voto obligatorio es de carácter práctico: cuando se implementa correctamente y se hace cumplir, se consigue una participación casi absoluta, como el sistema australiano, brasileño y argentino ponen de manifiesto.
El segundo motivo por el que es deseable es porque es una gran fuente de información. Cuando todos los ciudadanos participan, los conceptos “mayoría silenciosa o solos no podemos” quedan desactivados. No es un asunto menor. Cuando hay voto obligatorio, no hay preferencias que no se atribuyan. Unos votan al partido A, otros al B e incluso es válido el voto nulo militante es más efectivo que la abstención -como reclamo legítimo-. Independientemente con lo que suceda en los resultados, lo que es claro es que con una participación absoluta de la sociedad en los asuntos políticos, los perdedores de las elecciones tienen muy difícil argumentar que hablan en nombre de la “mayoría silenciosa”, de la “gente corriente” o de la “Venezuela que madruga”, ya que no sería coincidencia.
El tercer motivo por el que cabe introducir en nuestra legislación el voto obligatorio es que conlleva un mayor contrapeso sobre los abusos o arbitrariedades cometidas por determinados sectores de la vida pública nacional. Cuando la participación es casi universal, las elecciones mandan una señal muy clara a los políticos recordándoles que no hay lugar para implementar estrategias abstencionistas, así como también, haciéndoles saber que los cargos de elección popular penden del esfuerzo cívico de todos los ciudadanos, y no únicamente de los más movilizados.
Y el cuarto motivo es que la mayoría es real.
Tan solo pensemos con cabeza fría en los últimos procesos electorales que ha afrontado mal nuestro país: procesos como las elecciones presidenciales de 2018 (46% de participación), las parlamentarias 2020 (30% de participación); y las recientes elecciones de gobernadores, legisladores regionales, alcaldes y concejales cuya participación fue de (42%). ¿Qué resultados trajo consigo esto? Oportunidades perdidas que pudieron abonar a detener el sufrimiento y el conflicto que hoy mantiene en involución a nuestro país.
Si, en cambio, el voto fuera un deber cívico de carácter obligatorio, el resultado de los últimos procesos eleccionarios ciertamente representaría a la mayoría de quienes legítimamente queremos un futuro digno para nuestro país.
Pero de entre todas las ventajas del voto obligatorio hay una que encuentro indiscutible: la pedagogía moral de demostrarnos a nosotros mismos que defender a la democracia de la autocracia no es gratis.
Votar funciona, además que otorga a los ciudadanos grandes ventajas: es justo que tenga su coste, que ni siquiera es un valor en dinero, sino en obligatoriedad.
Veo preciso dejar esta reflexión: “Sí pagamos impuestos, por qué no defender a la democracia del radicalismo y que la democracia se pague con los votos de todos”.
Para finalizar, en Unidad Visión Venezuela estamos claros que esta propuesta no tendrá acogida en los grupos de poder, porque ambos medran por la abstención.
Juan D. Villa Romero
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Venezuela
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