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sábado, 2 de febrero de 2019

EMILIO NOUEL, SI HAY AUTOELEGIDO, AUTOPROCLAMADO Y AUTOJURAMENTADO, ÉSE ES MADURO


El enfoque que algunos medios y agencias importantes del mundo han tenido sobre lo ocurrido en Venezuela con la asunción de Juan Guaidó como Encargado de la Presidencia de la República de Venezuela de conformidad con nuestro ordenamiento constitucional, vale la pena comentarlo por lo desacertado e insistente.



Se ha reiterado en aquellos de que se ha tratado de una "autoproclamación" o "autojuramentación", o en el mejor de los casos, de que estaríamos ante una situación de "doble legalidad" en nuestro país.

No estamos seguros si tal enfoque equivocado se hace ex profeso, respondiendo a intereses políticos/ideológicos, o si más bien es producto de la ignorancia de las circunstancias que envuelven el caso y de nuestras leyes o de la ligereza de ciertos profesionales de la prensa, pero lo cierto es que con ello se desorienta a la opinión pública nacional e internacional, afectando negativamente un acto político, sin duda, legítimo, incuestionable.

No. No estamos ante un acto espurio, que no tenga fundamento político y jurídico.

De más está ya decir que al no haber un presidente elegido según nuestro orden legal, porque la supuesta elección del 20 de Mayo de 2018 no fue tal, se ha configurado una situación de vacío al frente de la Presidencia de la República, razón por la cual corresponde al parlamento, órgano legítimo de la representación popular, asumir la conducción del ejecutivo mientras no tengan lugar nuevas elecciones.

Y Guaidó, como cabeza de esa instancia democrática, tomó la responsabilidad con la aprobación de ese cuerpo representativo de la nación.

Por tanto, no se puede hablar como ligera o intencionadamente lo han hecho periodistas del mundo, de una autodesignación o de una doble legalidad.

En contraste, quien sí se ha autoelegido y autoproclamado presidente es Nicolás Maduro. Su “elección” fue una farsa electoral que no solo los venezolanos conocemos sino que la mayoría de las democracias del planeta están conscientes de ello, por lo que no reconocen al gobierno chavista usurpador.

Ir a juramentarse ante el Tribunal Supremo también fue una bufonada sin sustento constitucional.

Mal se puede hablar entonces de una "doble legalidad", porque una sola, la que aún se mantiene en vigor, indica que hoy Maduro ha tomado ilegítimamente el poder sentado en las bayonetas oxidadas de una oligarquía militar que ha pisoteado sus principios y las leyes de la República.

Y la legalidad vigente de nuestro país avala el curso que ha seguido la Asamblea Nacional y su Presidente.

Harían bien los medios y agencias de noticias del mundo en informarse adecuadamente sobre las circunstancias reales que rodean la toma de posesión del Encargado de la Presidencia de Venezuela, Juan Guaidó. De esa manera cumplirían mejor con su importante labor de informar verazmente al público que los lee, ve y oye.

Emilio Nouel V.
@ENouelV

domingo, 13 de marzo de 2016

EMILIO NOUEL, LA ACTIVACIÓN DE LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

La deriva autoritaria del gobierno venezolano sigue preocupando en el mundo. El rechazo es creciente. Sólo sus socios ideológicos y crematísticos, incluidos los corruptos de la región, alcanzados hoy por la justica, siguen apoyándolo.

Luego del formidable triunfo de la oposición en diciembre pasado, que alcanzó los 2 tercios de la representación popular, el oficialismo ha pretendido desconocer las competencias constitucionales del parlamento, utilizando para ello un tribunal supremo indigno y abiertamente fraudulento, que con  interpretaciones acomodaticias e inconstitucionales pretende darle cobertura a  sus  actuaciones y mantenerlo en el poder a como dé lugar.

Esto ha generado un choque de poderes que ya se esperaba, aunque no al extremo de desconocer la voluntad popular expresada en los comicios, como ha ocurrido con la última decisión de la sala constitucional, que busca disminuir el poder contralor de la Asamblea Nacional.

Esta decisión es la reiteración de la conducta arbitraria que ha caracterizado al gobierno chavista.

Bien mirada y analizada, ella puede ser considerada, no sólo como violatoria de expresas normas constitucionales, sino también de preceptos establecidos en tratados internacionales vigentes en nuestro país.

La mayoría opositora ha acordado solicitar la activación de la Carta Democrática Interamericana (CDI). A ella se han sumado, parlamentarios de otros países y varias decenas de ex presidentes y personalidades mundiales. En campaña electoral, el hoy presidente de Argentina, Mauricio Macri, también planteó el asunto. Incluso, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha emitido opiniones que traslucen una inclinación favorable a un  eventual escrutinio colectivo del régimen venezolano.

En otras ocasiones he expresado mi opinión al respecto. Parto de una caracterización del régimen venezolano que lo señala como un sistema neoautoritario, militarista y con vocación totalitaria. Sin duda, un híbrido, que echa mano de los mecanismos democráticos, para desvirtuarlos, corromperlos y vaciarlos de sus contenidos esenciales, con vista a imponer una tiranía. Muy bien lo describe Jean Maninat: “es un movimiento envolvente y progresivo que fue cerrando las llaves que oxigenaban la independencia de los poderes (…), para transformarlos  en simples taquillas donde se tramitan de forma expedita y eficiente, las órdenes que bajan de Miraflores”.

La llamada Cláusula democrática, contenida tanto en la CDI como en Mercosur y otros entes internacionales, prescribe que los países deben adecuarse a ciertos estándares democráticos mínimos, pues de lo contrario son susceptibles de sufrir sanciones.

La CDI, cuyo órgano de aplicación es la OEA, pauta un procedimiento en caso de que en país miembro se den “situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso democrático o el legítimo ejercicio del poder (…) o de ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado”. (artículos 18, 19 y 20 ejusdem).

Se ve, al menos, dos situaciones de afectación. Una, por ejemplo, un golpe de Estado contra un gobierno legítimo; y otra, una alteración del orden constitucional de tal gravedad que afecte el orden o proceso democrático.

¿En cuál de estas dos situaciones podría subsumirse el caso Venezuela? En la primera, obviamente, no. Los golpes de Estado se dan contra gobiernos

Y en la segunda, no es fácil la respuesta, desde el punto de vista jurídico. ¿Qué entenderían los gobiernos por alteración del orden constitucional?

De allí que no sea fácil tampoco para un gobierno de un país miembro de la OEA -en caso de que se aprobara considerar una solicitud del Secretario General, el Consejo Permanente o de un país miembro el problema de Venezuela- asumir una posición.

A mi juicio, en nuestro país se configura una grave alteración del orden constitucional que afecta su desarrollo democrático, y que amerita que la OEA tome cartas en el asunto. Mi interpretación, como venezolano, es producto de una apreciación de los hechos que abarca más de tres lustros. No se centra sólo en las últimas infracciones a la Constitución nacional. El orden constitucional venezolano ha sido más que dañado, pervertido, y ha creado una crisis sistémica que pone en peligro la paz no solo doméstica, también regional.

En su valoración ¿los gobiernos de la OEA tendrían la misma opinión que la de venezolanos que hemos presenciado los atropellos a los derechos humanos, el desconocimiento del Estado de Derecho, las arbitrariedades y abusos de toda naturaleza del gobierno chavista? ¿Tomarían en cuenta todos estos elementos?

Está claro que a luz de la normativa de la CDI, son los gobiernos los que en definitiva decidirían analizar o no la situación política particular de un país, o eventualmente, tomar una medida sancionadora. Sin un amplio concurso de ellos, sin su anuencia, no hay posibilidad de que se “active”  el mecanismo. El Derecho Internacional sobre la Democracia no tendrá fortaleza ni eficacia sino está detrás una voluntad política responsable fundada en principios compartidos.

Aunque son valiosas e importantes algunas iniciativas, no bastaría que los parlamentos de la región se pronunciaran en favor de una evaluación multilateral de la situación venezolana en el seno de la OEA.

Hace falta que los gobiernos lo hagan también, son ellos los jurídicamente legitimados. La plena vigencia de la cláusula democrática en nuestro hemisferio sería un gran paso concreto hacia la consolidación de los principios universales democráticos, lo que significa, igualmente, el cumplimiento de un deber moral ineludible. Es menester una acción política e institucional que vaya más allá de la retórica para convertirse en realidad viva. La credibilidad de los líderes de la región aumentaría ante sus gobernados. Ganaría la democracia, la institucionalidad interamericana, todos ganaríamos. Y Venezuela, por supuesto.

Emilio Nouel V.
emilio.nouel@gmail.com
@ENouelV
Yaracuy - Venezuela

sábado, 23 de enero de 2016

EMILIO NOUEL, DECLARACIÓN DEL GRUPO ÁVILA PIDIENDO DEROGATORIA DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN EN LA FRONTERA CON COLOMBIA

Los Estados de Excepción en la frontera con Colombia deben ser derogados
 
Venezuela y Colombia compartimos una larga frontera con una intensa y dinámica actividad económica, social y comercial, que  ha permitido la generación de empleos, inversiones y  que ha beneficiado ampliamente a la pequeña y mediana industria. Ahora bien,  la existencia  de divergentes políticas económicas: cambiarias, fiscales, financieras, laborales, entre otras, condicionan la naturaleza de las corrientes fronterizas, los capitales y las personas que se movilizan a las áreas que resulten más atractivas.
El Grupo Ávila está consciente de que la relación bilateral se ha tornado más complicada en los últimos años debido a las políticas de controles que se desarrollan en Venezuela, particularmente, los controles de cambio y precios. Un importante número de productos de la cesta básica con precios controlados, y el subsidio a la gasolina, han generado una situación muy compleja en el intercambio comercial, mercados negros y creciente corrupción. A estos problemas  se debe sumar la situación de las migraciones humanas, los indocumentados, el narcotráfico, los movimientos de grupos guerrilleros y paramilitares; todo un conjunto de variables que han generado una entorno explosivo.
Los problemas en la frontera no son nuevos y si bien los dos gobiernos han realizado esfuerzos individuales y bilaterales para enfrentarlos, en la práctica las acciones han sido parciales y muy limitadas, sin mayores efectos de cambio.
Debido a complejidad de la situación el Gobierno Nacional decidió establecer, en buena parte de la extensa frontera, (2.200 kms aproximadamente) un Estado de excepción, pretendiendo que con el máximo control militar se enfrentaría y superarían los graves problemas que históricamente han existido en esos espacios geográficos. En la fase inicial de aplicación de la normativa, hubo expulsión de población indocumentada, pero bajos condiciones arbitrarias y en algunos casos inhumanos, hasta el punto que algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos han alertado sobre la posible situación de delitos de lesa humanidad.
En este momento, luego de varios meses de vigencia de la medida, la situación resulta muy lamentable: no se han resuelto los graves problemas existentes, como el contrabando o el narcotráfico; se han generado unos nuevos, pues se ha incrementado la discrecionalidad y la corrupción de las fuerzas de seguridad venezolana, deteriorándose así las oportunidades para la inversión, el comercio, el empleo y el bienestar en general.
El Grupo Ávila está en la obligación de alertar que con los Estados de Excepción los grandes perdedores han sido las poblaciones honestas y trabajadoras de la zona fronteriza; se han afectado las familias; se ha golpeado la pequeña y mediana industria; se han afectado los servicios de educación, salud y recreación; particularmente en la zona venezolana. Con toda esta lamentable e irracional situación se ha perdido la confianza hacia esas zonas.
El Grupo Ávila reitera su exigencia de derogatoria inmediata de tales decretos y exhorta al gobierno nacional a  propiciar un diálogo con los diversos actores de la sociedad para construir un programa de restitución de la confianza, que permita retomar la dinámica del comercio, las inversiones, los servicios y enfrentar los problemas con políticas económicas que repotencien esos espacios.
Miembros del Grupo Avila:
Edmundo Gonzalez Urrutia, Milos Alcalay, Fernando Gerbasi,  Adolfo Taylhardat, Sadio Garavini, Emilio Nouel, Gerardo Arellano, Maruja Tarre, Beatriz Gerbasi,  Erik Becker, Maria T. Belandria, Rodrigo Arcaya, entre otros....

Es atentico
Emilio Nouel V.
emilio.nouel@gmail.com
@ENouelV

Yaracuy - Venezuela

jueves, 14 de enero de 2016

EMILIO NOUEL, BALANCE DE LA POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO VENEZOLANO DURANTE EL AÑO 2015, RESUMEN EJECUTIVO DEL DOCUMENTO DEL GRUPO AVILA,

Integrantes: del Grupo Avila:  Edmundo Gonzalez, Milos Alcalay, Fernando Gerbasi, Adolfo Taylhardat, Rosario Orellana, Emilio Nouel, Adolfo Salgueiro, Felix G. Arellano, Beatriz Gerbasi, Jose Ramon Sanchez, Demetrio Boersner, Alexandra Paris, Guillermina Da Silva, Erik Becker, Rodrigo Arcaya, Norman Pino, Maruja Tarre, Maria Teresa Belandria, Maria Teresa Romero
La política exterior adelantada por el gobierno de Nicolás Maduro se concentró en seguir promoviendo un liderazgo con base en el carisma de Hugo Chávez, ingresos petroleros abundantes y la difusión de un proyecto político-ideológico autoritario, anticapitalista y anti occidental.
En 2015, se evidenció que aquellos elementos fundacionales se han agotado.
El proyecto político chavista ha resultado un fiasco social y económico cargado de serias incongruencias y contradicciones en la práctica, y el año culmina con un rotundo rechazo popular al régimen en las elecciones legislativas del 6 de diciembre.
Nunca antes el activismo internacional del gobierno había obtenido tan magros resultados. El año 2015 fue de una creciente y notoria pérdida de influencia del régimen en la escena internacional, incluso en sus “aliados estratégicos”.
Es evidente el distanciamiento pragmático de las naciones del Caribe en la búsqueda de nuevos benefactores al norte del hemisferio. Incluso Brasil, varió el tono de su discurso con respecto a los acontecimientos políticos en nuestro país y planteó críticas ante al comportamiento  antidemocrático del gobierno.
Varios ex jefes de Estado iberoamericanos llamaron la atención a las alteraciones del orden constitucional que aquí ocurren. La aplicación a Venezuela de la Cláusula Democrática prevista en la Carta Democrática Interamericana y los Protocolos de Mercosur ha sido pedida.
El colapso de la economía de la frontera colombo-venezolana y las transgresiones al derecho humanitario internacional causaron alarma y reprobación a nivel regional y mundial.
Por otro lado, la debilidad institucional de la Cancillería y la improvisación en el manejo del reclamo sobre el Esequibo fue vista como una ocasión por el gobierno guyanés para provocar una crisis bilateral, desafiar la solidez del Acuerdo de Ginebra y descarrilar el proceso de buenos oficios del Secretario General de la ONU. Ésta es una de las áreas de la política exterior donde han reinado la falta de profesionalismo, desidia, contradicciones y errores. Solo ha tratado de calmar y distraer al sector de la FAN preocupado por la reclamación y la defensa de la fachada atlántica.
Las sanciones impuestas por EEEUU a un grupo de altos funcionarios presuntamente involucrados en violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero, tuvieron impacto negativo adicional sobre la percepción que la comunidad internacional tiene del gobierno venezolano.
La práctica de hipotecar el país para financiar, no el desarrollo de la Nación sino el proyecto político del régimen, alcanzó características y magnitudes alarmantes con el endeudamiento con la República Popular China.
El “multipolarismo”, idea que pretendía jugar un papel central en el proyecto bolivariano en su intento por fomentar un orden internacional alternativo, demostró tener poca sustentación.
La actuación en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente se limitó a tratar de frenar los avances de la comunidad internacional hacia un mundo más interdependiente y más corresponsable, más comprometido con la defensa activa de los valores que la ONU representa.
Los derechos humanos representan uno de los temas más contradictorios de la política exterior del gobierno. El discurso oficial pregona participación e inclusión, y en la práctica violenta los derechos humanos en sus diversas manifestaciones.
Otro de los temas donde se aprecia las contradicciones de la política exterior chavista es en el comercio y la integración económica. La dura crítica ideológica al libre comercio y a la integración, no considera sus beneficios en estímulos a la producción y la productividad, diversificación e incremento de las exportaciones, generación de empleo y del bienestar social. Así, la política en esta materia ha sido errática, sin norte.
La incorporación al Mercosur amerita una reflexión especial aparte por las serias contradicciones que el gobierno muestra al concretar el ingreso. Éste obedeció a razones fundamentalmente político-ideológicas, y a que en ese bloque comercial predominaban gobiernos afines. La contradicción señalada se evidencia palmariamente entre las normativas suscritas de libre comercio, apertura de mercado y respeto de los derechos humanos vigentes en el Mercosur, y la posición ideológica del gobierno venezolano actual, contraria a tales principios.
Hay que destacar que el factor humano responsable de hacer y promover todo lo concerniente a la política exterior del país es causa fundamental del descalabro aquí descrito.
Sistemáticamente se ha ido desmantelando, y por ende desprofesionalizando, todo el equipo principal de funcionarios responsables de nuestra Cancillería. En lugar de planificar y ejecutar una Política Exterior de Estado, cada vez más se ha hecho una Política Exterior que responde a los intereses del Gobierno y peor aún, del Partido en el poder.
Ante tantos desarrollos contrarios al interés de la nación evidenciados el año que concluye, resulta fundamental una profunda revisión en este campo, que apunte a  una política de Estado con la participación de la sociedad y para el beneficio de todos.
EMILIO NOUEL, BALANCE DE LA POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO VENEZOLANO DURANTE EL AÑO 2015, RESUMEN EJECUTIVO DEL DOCUMENTO DEL GRUPO AVILA,
Integrantes: del Grupo Avila:  Edmundo Gonzalez, Milos Alcalay, Fernando Gerbasi, Adolfo Taylhardat, Rosario Orellana, Emilio Nouel, Adolfo Salgueiro, Felix G. Arellano, Beatriz Gerbasi, Jose Ramon Sanchez, Demetrio Boersner, Alexandra Paris, Guillermina Da Silva, Erik Becker, Rodrigo Arcaya, Norman Pino, Maruja Tarre, Maria Teresa Belandria, Maria Teresa Romero
La política exterior adelantada por el gobierno de Nicolás Maduro se concentró en seguir promoviendo un liderazgo con base en el carisma de Hugo Chávez, ingresos petroleros abundantes y la difusión de un proyecto político-ideológico autoritario, anticapitalista y anti occidental.
En 2015, se evidenció que aquellos elementos fundacionales se han agotado.
El proyecto político chavista ha resultado un fiasco social y económico cargado de serias incongruencias y contradicciones en la práctica, y el año culmina con un rotundo rechazo popular al régimen en las elecciones legislativas del 6 de diciembre.
Nunca antes el activismo internacional del gobierno había obtenido tan magros resultados. El año 2015 fue de una creciente y notoria pérdida de influencia del régimen en la escena internacional, incluso en sus “aliados estratégicos”.
Es evidente el distanciamiento pragmático de las naciones del Caribe en la búsqueda de nuevos benefactores al norte del hemisferio. Incluso Brasil, varió el tono de su discurso con respecto a los acontecimientos políticos en nuestro país y planteó críticas ante al comportamiento  antidemocrático del gobierno.
Varios ex jefes de Estado iberoamericanos llamaron la atención a las alteraciones del orden constitucional que aquí ocurren. La aplicación a Venezuela de la Cláusula Democrática prevista en la Carta Democrática Interamericana y los Protocolos de Mercosur ha sido pedida.
El colapso de la economía de la frontera colombo-venezolana y las transgresiones al derecho humanitario internacional causaron alarma y reprobación a nivel regional y mundial.
Por otro lado, la debilidad institucional de la Cancillería y la improvisación en el manejo del reclamo sobre el Esequibo fue vista como una ocasión por el gobierno guyanés para provocar una crisis bilateral, desafiar la solidez del Acuerdo de Ginebra y descarrilar el proceso de buenos oficios del Secretario General de la ONU. Ésta es una de las áreas de la política exterior donde han reinado la falta de profesionalismo, desidia, contradicciones y errores. Solo ha tratado de calmar y distraer al sector de la FAN preocupado por la reclamación y la defensa de la fachada atlántica.
Las sanciones impuestas por EEEUU a un grupo de altos funcionarios presuntamente involucrados en violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero, tuvieron impacto negativo adicional sobre la percepción que la comunidad internacional tiene del gobierno venezolano.
La práctica de hipotecar el país para financiar, no el desarrollo de la Nación sino el proyecto político del régimen, alcanzó características y magnitudes alarmantes con el endeudamiento con la República Popular China.
El “multipolarismo”, idea que pretendía jugar un papel central en el proyecto bolivariano en su intento por fomentar un orden internacional alternativo, demostró tener poca sustentación.
La actuación en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente se limitó a tratar de frenar los avances de la comunidad internacional hacia un mundo más interdependiente y más corresponsable, más comprometido con la defensa activa de los valores que la ONU representa.
Los derechos humanos representan uno de los temas más contradictorios de la política exterior del gobierno. El discurso oficial pregona participación e inclusión, y en la práctica violenta los derechos humanos en sus diversas manifestaciones.
Otro de los temas donde se aprecia las contradicciones de la política exterior chavista es en el comercio y la integración económica. La dura crítica ideológica al libre comercio y a la integración, no considera sus beneficios en estímulos a la producción y la productividad, diversificación e incremento de las exportaciones, generación de empleo y del bienestar social. Así, la política en esta materia ha sido errática, sin norte.
La incorporación al Mercosur amerita una reflexión especial aparte por las serias contradicciones que el gobierno muestra al concretar el ingreso. Éste obedeció a razones fundamentalmente político-ideológicas, y a que en ese bloque comercial predominaban gobiernos afines. La contradicción señalada se evidencia palmariamente entre las normativas suscritas de libre comercio, apertura de mercado y respeto de los derechos humanos vigentes en el Mercosur, y la posición ideológica del gobierno venezolano actual, contraria a tales principios.
Hay que destacar que el factor humano responsable de hacer y promover todo lo concerniente a la política exterior del país es causa fundamental del descalabro aquí descrito.
Sistemáticamente se ha ido desmantelando, y por ende desprofesionalizando, todo el equipo principal de funcionarios responsables de nuestra Cancillería. En lugar de planificar y ejecutar una Política Exterior de Estado, cada vez más se ha hecho una Política Exterior que responde a los intereses del Gobierno y peor aún, del Partido en el poder.
Ante tantos desarrollos contrarios al interés de la nación evidenciados el año que concluye, resulta fundamental una profunda revisión en este campo, que apunte a  una política de Estado con la participación de la sociedad y para el beneficio de todos.
Caracas, enero de 2016
El Grupo Ávila es una agrupación informal, compuesta por diplomáticos, analistas políticos, profesores universitarios e investigadores en las áreas de relaciones internacionales y las ciencias sociales, preocupados por el acontecer internacional y nacional.

Emilio Nouel V.
emilio.nouel@gmail.com
@ENouelV
Yaracuy - Venezuela