COMUNICADO ANCO - PROPUESTA AL GOBIERNO ENCARGADO:“QUE EL PUEBLO DECIDA”

La Alianza Nacional Constituyente, ANCO desea manifestar una vez más su preocupación ante el deterioro de la situación del país, sin que hasta el momento la dirigencia política,  haya hecho público un plan para detener la  sostenida  destrucción de Venezuela; que avanza de manera indetenible a otro paso más de afianzamiento: a través de un proceso electoral rechazado mayoritariamente por  los venezolanos y la Comunidad Internacional.

Ha sido posición continua de ANCO que solo el pueblo venezolano en ejercicio pleno de su Soberanía puede terminar con la grave situación de destrucción institucional del país. Con la consigna “Que el Pueblo Decida” hemos una y otra vez recordado que el pueblo debe ser convocado para que sea este y nadie más, el que decida el destino de Venezuela. Destino que no está solo en manos de los políticos venezolanos de uno u otro bando, o la Comunidad Internacional: sino del Soberano Pueblo de Venezuela, y que su preocupación se debe centrar en lograr que el noble pueblo venezolano se exprese y dictamine el camino a seguir.

ANCO ha sometido a la consideración de los venezolanos una fórmula para lograr el supremo objetivo de convocar al Soberano Pueblo de Venezuela para que exprese su voluntad. Esta fórmula la resumiremos en tres aspectos fundamentales:

1.- ANCO reitera su firme respaldo a la institución que inviste al Presidente Encargado de la República, Ing. Juan Guaidó Márquez. La Presidencia Encargada ha sido un paso institucional  firme y adecuado que los venezolanos hemos  dado, logrando el respaldo internacional más sostenido que se ha tenido para desalojar la tiranía  del poder. Han tenido  errores que deben resolverse pero es el Gobierno Encargado: la institución llamada a convocar al Pueblo de Venezuela para que se exprese y decida acerca de la situación del país. Su rol es ese y no otro. El Presidente Encargado está ahí  para trabajar activamente para restablecer la vigencia de la Constitución, uniendo todas las voluntades para convocar al Pueblo de Venezuela para que decida.

2.- Se puede y se debe convocar a los venezolanos para que se expresen libremente dentro y fuera del país. ANCO ha propuesto que el Gobierno Encargado realice todos los contactos políticos internacionales necesarios para que el sistema sancionatorio de las naciones vaya exclusivamente dirigido a que el régimen de Nicolás Maduro Moros se sienta compelido a permitir que en Venezuela se realice una Consulta Popular Plebiscitaria Vinculante, que decida el destino del país, con la intermediación de la Comunidad Internacional a través de la Organización de los Estados Americanos, OEA y resto de instituciones de la comunidad internacional. De allí que ANCO apoyara plenamente la reciente iniciativa que al respecto han dirigido a la OEA distinguidos venezolanos de reconocidos méritos y liderazgo, en la que solicitan a ese organismo regional, con fundamento en su Carta Fundacional y Carta Democrática Interamericana, se considere en el seno de su Consejo Permanente una Solución Humanitaria de Carácter Electoral,  consistente en “la activa intermediación electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, para organización y ejecución en Venezuela bajo su responsabilidad y control de a) una:   “Consulta Popular Plebiscitaria Vinculante” dirigida y ejecutada integralmente por la OEA, la Comunidad Internacional y la Sociedad Civil,  donde el pueblo decida la permanencia o no de Nicolás Maduro y su entorno en el poder y el establecimiento de un gobierno de transición, o b)  una Elección General que reponga la jefatura del Poder Ejecutivo, y Legislativo actualmente usurpado y violentado”.

3.- La propuesta política fundamental de ANCO al país ha sido la Consulta Popular Vinculante. El país necesita un período de transición política donde el país sea conducido, no por una parcialidad ganadora de una elección presidencial, sino por todos los sectores representativos del país para que pueda existir un mínimo de sostenibilidad política de un gobierno post régimen. De allí que propongamos en ese Gobierno de Transición la participación de todos los sectores políticos, militares institucionales y de la sociedad civil. De esta manera se garantizaría la mayor representación y respaldo de la ciudadanía para las decisiones duras que a ese gobierno de transición le tocará enfrentar para poder salir de la crisis más grave que ha vivido Venezuela en más de 200 años de su fundación.

En este sentido ANCO responsablemente ha propuesto cuatro (4) temas mínimos para ser consultados a los venezolanos para decidir el curso de la historia de Venezuela:

La permanencia de Nicolás Maduro Moros en el poder. Más allá de las condiciones que rodearon la elección de quien ejerce de facto la Primera Magistratura de Venezuela y todos los argumentos políticos y legales interpuestos en relación a la ilegitimidad de su presidencia, la última palabra la tiene el depositario de la Soberanía. El Pueblo venezolano debe pronunciarse definitivamente acerca de la presencia de Nicolás Maduro Moros en el poder. Esa es la clave fundamental de este proceso. El Pueblo Soberano es el que decide. Que sea el pueblo venezolano el se exprese y que el resto del mundo nos ayude a hacer respetar esa decisión con base al Principio Internacional de Autodeterminación de los Pueblos;

Desmontaje de la Asamblea Nacional Constituyente. Nicolás Maduro Moros convocó el 1ro de Mayo de 2017 la elección de una Asamblea Nacional Constituyente sin  la decisión final y definitiva  del Pueblo Soberano en Consulta Popular, de acuerdo al Artículo 348 Constitucional y  esa consulta no se realizó. Sin embargo esa entidad completamente ilegitima fue electa fraudentamente y ejerce sus funciones por encima de cualquier institución  de la República. El único que tiene el poder para desmontar esa entidad es el Pueblo de Venezuela, por lo que se debe someter la existencia de esa Constituyente a la consideración del Pueblo de Venezuela;

Designación de una Junta de Gobierno de Transición. No existe previsión constitucional para formular una Junta de Gobierno por tanto la existencia de un gobierno colegiado la debe autorizar el Pueblo de Venezuela en una Consulta Popular. Esta Junta debe ser designada por la Asamblea Nacional o por el Presidente Encargado en el presente año, en ejercicio de sus atribuciones y autorizado por la Consulta Popular Vinculante y estar integrada por una amplia representación política, militar y de la sociedad civil. La Consulta Popular debe prever para ella amplios poderes para enfrentar la crisis de Venezuela. De la misma manera el pueblo debe autorizar el lapso de su duración hasta la convocatoria de elecciones de todos los Poderes Públicos. Estas elecciones deben ser realizadas a través de un sistema electoral, ajustado a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia Legitimo, en su Sala Electoral, del 13 de Junio de 2018. Ante una próxima elección parlamentaria ilegítima por parte del régimen y sus colaboradores, y en el medio de la discusión de una posible prórroga del periodo constitucional de la actual  legítima Asamblea Nacional, es imprescindible la aprobación del Pueblo Soberano para esa prórroga. La Junta de Gobierno sería designada previo a la finalización de su período de la Asamblea  Nacional, y luego de la aprobación en consulta al Pueblo Soberano. De esta manera la Consulta Popular debe realizarse a la brevedad posible en  lo que resta del año 2020;

Autorización del Pueblo para la ejecución del mandato popular. El resultado de la Consulta Popular Plebiscitaria es un mandato del pueblo venezolano a quienes ejercen el poder en Venezuela. Sin embargo todos los venezolanos sabemos que el régimen de Nicolás Maduro Moros ha sido el responsable del mayor período de violaciones de los Derechos Humanos y de la Constitución que ha sufrido la República desde su fundación. De allí que la Soberanía Popular debe establecer la ruta para garantizar que se cumpla su mandato inapelable. Solo el pueblo puede dar la autorización a la Comunidad Internacional para que realice lo que sea necesario para que se cumpla el mandato emanado de la Soberanía Popular, en ejercicio del Principio de Autodeterminación de los pueblos.  La Consulta Popular debe establecer claramente la autorización del Pueblo venezolano a una intervención humanitaria en Venezuela por parte de la Comunidad Internacional si el régimen de Nicolás Maduro decide no acatar el mandato definitivo del pueblo emanado de la decisión soberana de los venezolanos para restituir la vigencia de la Constitución.

Votemos y…  agotando esta instancia antes de acudir a otra instancia mayor y disuasiva. uso efectivo del arma democrática más poderosa como factor de cambio y de paz que es el VOTO. La fuerza indomable del voto ejercido por millones de venezolanos en el país y en el exterior,Hagamos : De nuevo, ANCO sigue privilegiando lo político sobre la fuerza en cualquiera de sus expresiones

¡QUE EL PUEBLO DECIDA!..

“En una palabra, mi querido general, yo no conozco más partido de salud, que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Vd. dirá que esto no es legítimo: y yo, a la verdad, no entiendo qué delito se comete en ocurrir a la fuente de las leyes para que remedie un mal que es del pueblo y que sólo el pueblo conoce. Digo francamente que si esto no es legítimo, será necesario a lo menos, y, por lo mismo, superior a toda ley: pero más que todo es eminentemente popular, y, por lo mismo, muy propio de una república eminentemente democrática.”

Simón Bolívar

Carta dirigida a Santander,  Octubre de 1826

ALIANZA NACIONAL CONSTITUYENTE ORIGINARIA ANCO

 Alianza Nacional Constituyente 

ancoficial@gmail.com

@AlianzaANCO

RONNY PADRÓN: LA GRAN APUESTA DE DONALD TRUMP

El público apoyo brindado recién al Presidente Encargado de la República de Venezuela no deja lugar a dudas. Solo una persona con la visión y arrojo de Donald Trump podría exponer su bien ganado prestigio de «excelente jugador» apostándole a una causa de liberación nacional cuyo líder mundialmente reconocido carece evidentemente de las necesarias cualidades inherentes al cargo.

Así las cosas corresponde esperar desde ya un accionar de gran contundencia por parte del Presidente de los Estados Unidos de América. Dirigido al restablecimiento inmediato del orden constitucional en la República de Venezuela en proporción e intensidad pocas veces vista para tales situaciones. Considerados como fueren los enormes requerimientos a solventar en el caso Venezuela comenzando por una dirigencia demócrata que, salvo honorables excepciones harto conocidas, se constituye hoy día en el principal aliado del Estado Criminal Socialista en el poder.

En pleno conocimiento de estas realidades no es de extrañar que el primer mandatario estadounidense – tan proclive a los grandes retos y su larga y brillante trayectoria en los negocios así lo demuestra su limitada pero exitosa carrera política lo certifica – decidió comprometer su prestigio y responsabilidad política al frente de la primera potencia mundial. A sabiendas que el éxito en este emprendimiento lo consagrará como el paladín de las libertades democráticas en el nuevo milenio.

Porque la gravedad de un genocidio en curso en esta la patria de Simón Bolívar nos concede licencias para tolerar contextos inaceptables en mejores circunstancias. Preferible será deberle la libertad a quienes se reconocen como libertarios, antes que continuar bajo la esclavitud de aquellos cuya profesión es el crimen

¡Ni un paso atrás! Ora y labora.

Ronny Padrón

caballeropercivall@gmail.com

@caballeroperci

@NOTDIG

ROMÁN IBARRA: CINICO Y CANALLA

En otro de sus alardes grotescos, e inmorales, Maduro ha soltado la propuesta de elecciones parlamentarias adelantadas para confundir, y dividir a la oposición, como si la crisis del país fuera producto de la acción del legislativo, y no de su régimen incapaz, corrupto e insensible con las necesidades de los venezolanos de a pie.

Esa propuesta solo es posible en mentes retorcidas como la suya, y la de sus amos cubanos, cuyas mentes están al servicio siempre de la dominación y destrucción de los pueblos, sin importar su ruina y desmoralización.

El mundo civilizado tiene claro que la destrucción y decaimiento social, económico, y político de nuestro país se debe exclusivamente al plan diabólico del comunismo internacional dirigido por la dictadura cubana, a través del  Foro de Sao Paulo.

Todo un diseño maléfico, que tiene vinculaciones con el terrorismo fundamentalista del medio oriente; el narcotráfico; las guerrillas colombianas, y el paramilitarismo que ellos mismos alimentan y financian, conocidos como colectivos, que no son otra cosa que una fuerza armada paralela al Estado con el fin de defender sus tiranías, y el sometimiento forzoso de los pueblos.

Sin embargo, tratándose de un régimen malandro como este de Maduro, hay que advertir que con ello van a insistir para confundir y dividir. Es obvio para nosotros entonces, que no debemos caer en la provocación, y contraatacar con fuerza para encontrar una solución mayor.

El usurpador es él, y no la AN, razón por la cual, debemos presionar nacional e internacionalmente para conquistar elecciones presidenciales, con nuevo CNE; supervisión internacional; voto de todos los venezolanos, en nuestra tierra como en el exterior; depuración del registro electoral, y liberación de todos los presos políticos.

Pero digamos que el régimen se niega a aceptarlo e insistirá en adelantar las elecciones parlamentarias. Nos cruzamos de brazos? Pues no, salgamos a la ofensiva y propongamos entonces una salida aceptada por todos los factores internacionales. Vamos a presionar para realizar elecciones parlamentarias, y también presidenciales, conjuntamente. Así se satisfacen las dos aspiraciones: del régimen, y de la mayoría democrática venezolana.

Aprovechemos la oportunidad y salgamos unidos a presionar y conquistar ese escenario. Ojalá no tengamos que pasar por el sufrimiento de lidiar con extremismos innecesarios de quienes aseguran que no hay nada que negociar con el régimen. 

Estamos frente a un gran desafío que debemos resolver con inteligencia y sabiduría. No caigamos de nuevo en el error de abstenernos; eso solo conviene al régimen y sus aliados. Recordemos que la AN –único poder legítimo hoy- es producto de elecciones, y no de abstenciones.

Tenemos la gran oportunidad de recomponer las cosas, pero sobre todo, en caso de realizarse ese proceso conjunto, estoy seguro de que lo ganaremos y con ello avanzaremos más rápidamente hacia la reconstrucción de país.

No perdamos ni un segundo; salgamos al encuentro de todos los venezolanos de buena fe, e invitémosles a que nos acompañen en esta cruzada por la reconquista de la democracia. Es el mejor camino.

Que nadie caiga en la tentación de solicitar guerras que solo dejan muerte y destrucción. Propongamos soluciones racionales y democráticas. 

Estoy convencido de que mediante elecciones libres la derrota del comunismo corrupto y malandro será más dolorosa, lo otro sería victimizarlos.

No perdamos el foco, y recordemos que nuestros triunfos están asociados al hecho electoral como el del 6D/15. Con ello habrá oportunidad de enrumbar al país hacia un mejor destino en medio de un sistema de libertades que garantice igualdad de oportunidades para todos.

El triunfo que nos merecemos depende del acompañamiento unitario de todos los venezolanos de bien; hagámoslo posible. Venezuela nos necesita.  

Román Ibarra

@romanibarra

CARLOS PADILLA, UNA PROPUESTA A VENEZUELA

No creemos pertinente iniciar esta propuesta con una enumeración repetitiva del diagnóstico de los males que nos aquejan que ya son conocidos y sufridos por todos quienes vivimos en esta tierra que amamos y por la cual estamos dispuestos a dar todo lo que podamos hasta el último de nuestros suspiros sin perder ni por un minuto nuestra inquebrantables esperanza  y la fe en la recuperación de una autentica república democrática con la participación de todos los ciudadanos para un gobierno limitado, descentralizador, respetuoso de las libertades y en el marco de las leyes que nos posibiliten vivir con bienestar y libertad.

Sin ambages ni cortapisas declaramos que tenemos un compromiso con la salida pacífica, constitucional, democrática y electoral de la crisis que nos castiga, todo ello dentro del camino indicado por La Asamblea Nacional reconocida nacional e internacionalmente como la única autoridad legítima en la búsqueda del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

Todo ello siempre y cuando no ocurran situaciones sobrevenidas que enturbien las aguas de las vías democráticas y nos obliguen a tomar cursos de acción diferentes a los enunciados.

Si creemos, como lo hacemos, en la fuerza y resolución de nuestros conciudadanos no debemos apelar a otra solución de la crisis que sufrimos más que una vía pacífica, democrática y electoral mediante un referendo consultivo tal como está pautado en el Artículo 71 de la Constitución vigente y por la vía de la iniciativa popular, la cual implica la recolección del 10% de las firmas de los electores inscritos en el registro electoral y civil. 

La pregunta que se le formularía a los ciudadanos, en espera de su respuesta validadora mediante su voto, sin más requisito que la presentación de su documento de identidad, sería: ¿Está de acuerdo con la convocatoria de elecciones generales en la que se escojan la totalidad de las Autoridades Nacionales, regionales y municipales?

Todo ello mediante la premisa que dicho proceso sería organizado, dirigido y supervisado por los órganos especializados en materia electoral de la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, La Unión Europea y con el apoyo logístico y técnico de instituciones nacionales e internacionales de indudable idoneidad e imparcialidad. 

Esta propuesta, que sabemos se ha hecho pública, palabras más y palabras menos, por reconocidas instituciones nacionales y por ciudadanos de reconocida raigambre democrática, la hacemos nuestra con la pretensión de que sea acogida por nuestros conciudadanos como una salida en el marco de paz, bienestar y libertad que todos anhelamos.

Carlos Padilla

@carpa1301

EL PARTIDO SOLUCIONES PARA VENEZUELA (S.P.V.) ANTE LA CRISIS NACIONAL:

Caracas, 28 de febrero de 2019.

El Partido SOLUCIONES PARA VENEZUELA (S.P.V.) ante la crisis nacional:

El modelo político-económico chavista  colapsó. Así queda demostrado en las proyecciones de diversos organismos económicos multinacionales  como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y las de agencias calculadoras de “riesgo país”,  así como en las de otras organizaciones internacionales dedicadas al estudio de los índices de desarrollo y crecimiento nacionales, todas coincidentes en que la hiperinflación venezolana podría superar los diez millones por ciento (10.000.000%) y la recesión llegar al menos a quince por ciento (15%) a finales de 2019. También coinciden en que la caída del producto interno bruto (PIB) en el año 2018 fue del 18,2%.

A todo ello hay que agregar factores agravantes como las sanciones impuestas al gobierno venezolano por el gobierno de los Estados Unidos de América y  por  algunas  naciones de la Unión Europea, consistentes en la congelación de fondos del estado venezolano colocados en entidades financieras de esos países, así como medidas preventivas impuestas por el Departamento del  Tesoro de  los Estados Unidos para evitar operaciones que pongan en riesgo bienes de la República de Venezuela radicados en ese país mediante su retención provisional como ocurrió con la filial petrolera CITGO, al igual que la prohibición de pago directo al gobierno venezolano por concepto de venta de petróleo y otros minerales y la incitación hecha por la administración de los Estados Unidos a la comunidad internacional para que adopte similares medidas, dejándole al régimen de Nicolás Maduro poco margen de maniobra  para romper esta modalidad de embargo económico que se le ha impuesto.

Esa grave realidad económica se evidencia en lo social con  las cifras que aportan la ONG Coalición de Organizaciones por el Derecho de la Salud y la Vida  (CODEVIDA), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, y la Encuesta sobre Condiciones de Vida de los Venezolanos  (ENCOVI) realizada por la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Simón Bolívar (USB) y la Universidad Católica Andrés Bello, según la cual la  pobreza general  afecta a más del ochenta y siete  por ciento (87%) de nuestra población y la pobreza extrema a poco más del sesenta y uno por ciento (61,2%). Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia  (UNICEF) en relación a  los índices de mortalidad infantil y neo-natal Venezuela aparece  en el lugar noventa (90) del ranking mundial y en el puesto quince (15) en la región, lo cual pone al descubierto la grave situación de salud del país, colocándolo en los  niveles de las naciones más pobres y atrasadas del mundo.

A este escenario hay que añadir que por negligencia, ineptitud, corrupción y por falta de nuevas inversiones, se han desmantelado, entre otros,  los servicios públicos de salud, agua, electricidad, transporte, educación, seguridad, telecomunicaciones y gas doméstico, con trágico impacto en el nivel de desarrollo humano y  calidad de vida de la ciudadanía.

Todas las cifras y señalamientos anteriores se hacen evidentes en la tragedia que se observa  en las calles: colas ante los mercados para disputarse los escasos bienes en los estantes; en  los hospitales para ser atendidos ante la escasez de médicos, de insumos para la atención de los pacientes y de medicinas;  y las de varias horas  para tomar el escaso y destartalado transporte público. Indignación y vergüenza mayor las colas de una población famélica y enferma  ante los botes de basura con la ilusión de conseguir algo para comer.

Todo ocurre paradójicamente en el momento histórico cuando los gobiernos chavistas han obtenido los mayores ingresos por concepto de la renta petrolera.

Otro aspecto de la crisis es el desplome político del régimen y diversas manifestaciones de un Estado fallido. El Estado es un caos. Se ha constituido una duplicidad de poderes públicos y cada uno reclama para sí la legalidad y la legitimidad, factura peligrosa en tanto que prefigura violencia e indeseables escenarios bélicos.

La población se está desintegrando vertiginosamente. Algunas proyecciones estiman que para finales de 2019 la diáspora será superior al quince por ciento (15%) de la población total. El territorio  se encuentra amenazado y atenazado por vecinos con  quienes, por una parte, mantenemos litigios territoriales históricos y por otra, nos han penetrado desde el estado Amazonas hasta la Serranía de Perijá en el estado Zulia por grupos armados irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano, la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los paramilitares y el narcotráfico, factores estos que  ejercen control real sobre parte de esos territorios, prevalidos de  complicidad y omisión, tanto de funcionarios civiles y militares, como de los mandos del partido de gobierno.  Esto ocurre  mientras buena parte de la dirección política del país protagoniza  un debate anti-nacional y sumiso en torno a cuales factores exógenos vendrán a liberarnos del régimen o a consolidarlo, cuando lo que se impone ante este conmovedor escenario, como la vía más racional y humana, es un  diálogo franco y sin segundas intenciones, como no ha ocurrido hasta ahora, con el fin de construir consensos y entendimientos que permitan el retorno a la democracia y conjurar el fantasma de una confrontación fratricida.

En el análisis de la crisis no podemos obviar el elemento ético. La profundización de la descomposición moral del país tiene su origen en esa suerte de orgía corruptora que se montó en una multiplicidad de hechos como la designación de funcionarios dóciles al frente de la Contraloría General de República; la inconstitucional anulación del poder legislativo nacional y en consecuencia de su función contralora; la liquidación de la independencia funcional del Banco Central de Venezuela (BCV);  la aprobación y prórroga indefinida, violando el artículo 338 de la Constitución Nacional,  de un estado de emergencia económica, que ha permitido al gobierno actuar discrecionalmente en la celebración de contratos de interés nacional y en operaciones financieras y de crédito público que por su monto y naturaleza afectan gravemente la vida económica del país; el control centralizado de nuestra principal industria, Petróleos de Venezuela (PDVSA),  la desnaturalización de su objeto social y su utilización como caja chica de toda la administración pública y de su aparataje político; la irrupción en el llamado arco minero para entregar y negociar sus riquezas en minerales preciosos y estratégicos sin planificación ni control y sin reparar en los daños ecológicos causados en Guayana y en toda la Amazonía; el otorgamiento de contratos mil millonarios para la ejecución de obras públicas y la prestación de servicios a empresas sin capacidad técnica ni financiera acreditada conforme a la ley, propiedad de amigos y familiares de altos jerarcas del gobierno, lo cual se tradujo en una danza de comisiones y coimas, así como en compromisos contractuales incumplidos y en un cementerio de obras no concluidas; la asignación de millones de divisas preferenciales a empresas de maletín que luego vendían esos dólares en el mercado paralelo en el que obtenían groseras ganancias que permitieron amasar grandes fortunas.

El control de cambio, la emisión de dinero inorgánico sin  ningún orden y manejado discrecionalmente;  el  control de precios y una desatada  política expropiatoria, destinada a asfixiar a empresarios privados cuyos negocios, industrias y fincas les fueron arrebatados y puestos en manos de burócratas corruptos que luego de enriquecerse las quebraron, son acciones que perfeccionan la estrategia que ha destruido la economía, acabado con los servicios públicos y empobrecido a Venezuela hasta hundirla en la ruina.

Nunca antes se habían esquilmado las riquezas de un país como ha ocurrido con las de Venezuela en estos últimos cuatro lustros. Recomponer  los valores éticos de nuestra sociedad y del Estado requerirá grandes e ingeniosos esfuerzos legislativos y pedagógicos para rescatarlos y así reconstruir el talente moral del país.

Parte protuberante de la crisis es el carácter autoritario y represivo del gobierno, la violación sistemática de los derechos humanos, la tortura en sus diversas formas, los tratos crueles y degradantes en la persona de los secuestrados por razones políticas ha sido una práctica recurrente de los organismos de seguridad.  La liquidación de las libertades de expresión y de prensa, también de las  libertades sindicales y gremiales, la ilegalización de  partidos políticos democráticos, la limitación del derecho a la protesta pacífica, la estigmatización y la destrucción moral de la disidencia, el uso de los  recursos jurisdiccionales y de seguridad del Estado para intimidar,  inhibir y anular a la oposición, el asesinato político y la partidización de las Fuerzas Armadas Nacionales, el allanamiento domiciliario, las deportaciones, la intimidación, persecución y agresiones por parte de grupos hamponiles afectos al régimen (colectivos) contra diversos opositores, son prácticas de la cotidianidad.

Los hechos señalados anteriormente son las causas fundamentales de la acelerada deslegitimación del gobierno y de su eventual derrumbamiento, empujado por la indignación popular y explican además el sacudón anímico que ha conducido a las masas empobrecidas a las  multitudinarias manifestaciones de protestas que con violencia, destrucción de pueblos y represión sostenida no serán acalladas.  Según la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad, en los primeros dos meses del año 2019 se elevaron tales protestas a 12.175, lo que nos lleva a afirmar, sin  negar otras contribuciones, que los principales convocantes del pueblo en la calle son el hambre, las  enfermedades y la opresión.

El descontento luce indetenible ante la incapacidad de tomar las urgentes medidas políticas y económicas para conjurar esta crisis que hunde cada vez más a Venezuela en la pobreza, la impotencia, el descontento y la desesperanza.

Todo el país debe hacerse presente en esta hora histórica cuando todos los venezolanos hacemos falta. Los factores en quienes el torbellino polarizador ha puesto la carga del protagonismo no deben sobre-estimarse ni navegar en fantasías y ofertas engañosas. El gobierno debe cesar su frenesí propagandístico y represivo. Debe reconocer la crisis, parar en seco el dogmatismo y la soberbia para mirar a entendimientos nacionales que saquen al país de un absurdo y ya prolongado conflicto político que trata como traidores a la patria a sectores e individualidades que levantan sus voces y acciones para que cese la destrucción nacional. Por otra parte, sectores de oposición que han propuesto ya en otras ocasiones salidas improvisadas, ahogadas en la inmediatez que se ceba en la fuerte presión popular por el cambio, deben abrirse a la realidad y a la conveniencia de Venezuela. No es por acciones de fuerza, no es por la violencia ni por un golpe de estado o por repugnantes intervenciones militares de potencias extranjeras como resolveremos nuestros problemas. Por lo contrario, acciones de esta naturaleza los agravarían en grado sumo. Esa no es la solución.

Vale la pena recordar los hechos de abril del año 2002. Una élite ensoberbecida se apropió de la protesta de un  pueblo que ya sentía los rigores del autoritarismo y de una crisis económica que tres lustros después ha alcanzado niveles trágicos.  Esa jefatura mesiánica surgida  de la antipolítica fundó su acción en un infame decreto que permitió no solo la  auto-juramentación de Pedro Carmona como Presidente de la República, sino hasta el cambio de nombre del país. Horas después retornaba al poder Hugo Chávez y continuaba el desarrollo del modelo que tiene hoy a Venezuela al borde de la destrucción.

Finalmente, advertimos que la fragilidad constitucional del gobierno y su ignorancia de la Constitución y las leyes lo convierte en un poder de facto y el repudio popular, así como la condena y el desconocimiento de buena parte de la comunidad internacional, lo colocan en una situación de inviabilidad. La gobernabilidad se ha perdido. Igualmente ratificamos nuestro reconocimiento a la Asamblea Nacional como  poder constituido dotado de plena legalidad y legitimidad emanadas de la manifestación  de voluntad popular, con motivo del proceso electoral efectuado el 6 de diciembre del año 2015.  De la misma forma reconocemos a su actual Junta Directiva, presidida por el ingeniero Juan Guaidó y electa conforme a lo establecido en su reglamento interno. Pero llamamos la atención sobre una realidad conflictiva y peligrosa que requiere ser abordada con racionalidad y sentido patriótico para evitarle mayores sufrimientos al pueblo venezolano. 

No es con salidas improvisadas ni apelando a transgresiones mayores inaceptables, entre ellas intervenciones militares de potencias extranjeras, como recuperaremos la institucionalidad y la necesaria y deseada convivencia entre los venezolanos. El camino es otro. Consideramos urgente un diálogo plural que atienda el interés nacional y cuyas bases sean: la liberación de los presos por razones políticas; el respeto y la restitución de todos los derechos y garantías conforme lo establecido en el título III del texto constitucional vigente; la aceptación de ayuda humanitaria, la cual, para evitar conflictos internos o internacionales debería estar manejada por la Organización  de Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional, Cáritas y otras instituciones internacionales comprobadamente neutrales; la adopción de urgentes medidas económicas destinadas a combatir los efectos demoledores de la hiperinflación; la designación de un Consejo Nacional Electoral neutral y el establecimiento de una fecha perentoria para la elección de todas las autoridades nacionales, regionales y municipales, en la búsqueda de resolver mediante la voluntad popular graves conflictos institucionales como la dualidad que hoy funciona dada la existencia de la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente, como también el pesado y nublado debate sobre las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. Es la consulta popular, no las armas, ni la violencia, ni el desgaste del contrario que sólo prolongaría sin sentido la tragedia que hoy padecemos, lo que disipará el conflicto que padecemos.

Estamos conscientes que a pesar de la pertinencia del diálogo propuesto, la polarización ha llegado a extremos de intolerancia radical que pueden hacerlo  inviable. Por esta razón, “Soluciones para Venezuela” propone como una alternativa para resolver la crisis pacífica, electoral y constitucionalmente, la convocatoria de un referéndum consultivo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 71 de la Constitución vigente y por la vía de la iniciativa popular, la cual implica la recolección del 10% de las firmas de los electores inscritos en el registro electoral y civil.  La pregunta que se le formularía al pueblo será;  ¿Está de acuerdo con  la convocatoria de elecciones generales en la que se escojan la totalidad de las Autoridades Nacionales, regionales y municipales, proceso que sería organizado, dirigido y supervisado por los órganos especializados en materia electoral de la Organización de las Naciones Unidas, con el apoyo  logístico y técnico de instituciones internacionales de indudable imparcialidad? Por esta vía la decisión estaría fuera tanto del campo oficialista como del opositor ya polarizado,  e igualmente ajeno a factores exógenos distintos de la Organización  de Naciones Unidas  (ONU).  Quedaría así la solución en manos de la ciudadanía, de nosotros los venezolanos. Si el pronunciamiento es favorable a las referidas elecciones generales, se podría comenzar de inmediato con  las mismas organizaciones internacionales neutrales a organizarlas. Elevamos con este documento esta   propuesta, de igual manera, a la comunidad internacional por la vía de la Organización de Naciones Unidas (ONU), al cuerpo diplomático acreditado en el país, a  las instituciones económicas, sociales, académicas y religiosas existentes en el país, a los partidos políticos y tanto al gobierno como a las distintas manifestaciones de la oposición democrática, para su consideración y eventual aceptación. Pero si no llegare a ser aceptada por las partes, procederemos con el concurso de todos los sectores coincidentes a la recolección de firmas requeridas y a la promoción del referéndum en el ánimo  de construir una vía racional y pacífica que dé inicio a un nuevo y promisor tiempo histórico.

Con todo nuestro empeño puesto en aportar a la reconstrucción de la Democracia venezolana y a trabajar por la prosperidad de la nación hacemos votos por la unidad y el entendimiento entre los venezolanos. ¡POR VENEZUELA!

               La Dirección Nacional del Partido “Soluciones para Venezuel

Claudio Fermín 

Presidente

@spvsoluciones

@claudioefermin