En España hay un Gobierno que liquida la libertad de enseñanza, prohibe la lengua común en parte del territorio nacional, desarma las garantías procesales de los jueces, impone la censura y controla las comunicaciones, amenaza abiertamente en el Congreso a la oposición con que jamás volverá al poder y a parte de ella con ilegalizarla.
En España, las amenazas a la oposición en el parlamento tienen tradición. Otro Gobierno compuesto como el actual por socialistas y comunistas cumplió hace más de 80 años sus amenazas de muerte contra la oposición y desencadenó así una guerra civil que duró tres años. En España pasan hoy cosas muy similares a las que pasaron entonces y que en la transición los españoles se prometieron que no volverían a pasar.
En España se cambian las leyes para favorecer retroactivamente a golpistas condenados y se dan facilidades, ventajas y liberaciones prematuras a presos terroristas con condenas de cientos de años por asesinatos aberrantes que no han mostrado arrepentimiento y por el contrario encubren a otros asesinos y hacen apología de sus crímenes. En España no se investigan casi 370 asesinatos terroristas sin aclarar porque se quiere proteger a unas direcciones políticas separatistas entre las que no es difícil adivinar a los autores de muchos de los crímenes.
En España se sienten cómodos los grandes agentes del narcotráfico de las FARC, del Cártel de los Soles venezolano, del ejército de Maduro y los servicios secretos cubanos.
En España, el tercer partido parlamentario, cuyo principal objetivo político es la defensa de España y su Constitución, no puede hacer una campaña electoral normal. Porque es objeto de agresiones prácticamente en todos los actos de campaña en la mayoría de las regiones por parte de partidos cuyo principal objetivo es la destrucción de España como estado y nación y que cuentan con pleno apoyo del Gobierno. En España, la compañía estatal de Correos se niega a distribuir las papeletas de ese partido y una vez obligada por la Junta Electoral a hacerlo y después de cobrar el servicio, retiene y “pierde” el 80% del correo electoral contratado del citado partido.
Todo eso pasa en España. Donde además parte del Gobierno ataca al Jefe del Estado y organiza con partidos enemigos de la Constitución actos en contra de la Constitución y de la monarquía parlamentaria. Donde además tienen ahora la guarida gran parte de los criminales y ladrones que han saqueado países iberoamericanos gracias a dictaduras y regímenes corruptos y delincuentes amigos del actual gobierno español. En España están muchos de los saqueadores venezolanos y españoles de Petroleos de Venezuela (PDVSA) en lo que probablemente ha sido el mayor expolio de la Historia por el tamaño del botín estimado en cientos de miles de millones de dólares.
El problema del Estado de Derecho no lo tiene Europa en una España que cada vez se acerca más al diagnóstico de estado fallido y de hospitalario santuario del crimen internacional.
En España se sienten cómodos los grandes agentes del narcotráfico de las FARC, del Cártel de los Soles venezolano, del ejército de Maduro y los servicios secretos cubanos y de tantos otros cárteles que funcionan en ese triángulo de Colombia, Venezuela y Bolivia y que están bien representados en la política española. Todos cómodos hoy, amparados por ese Foro de Sao Paulo cuyo mando real está en La Habana y que integra al inmenso entramado del “crimen progresista” o la gran mafia roja, de gobiernos de países como Cuba y Venezuela y ya de nuevo Argentina y Bolivia y multinacionales y grandes compañías legales y organismos legales y bandas ilegales, tráficos legales y clandestinos, de oro, piedras preciosas, prostitución, minerales estratégicos… Y sobre todo el inmenso y primer negocio —tras hundirse la producción de petróleo venezolana— que es el tráfico de cocaína a EEUU y a Europa.
Todo eso pasa en España. Pero eso no es un problema para Europa, según la Union Europea. En absoluto. El problema del Estado de Derecho no lo tiene Europa en una España que cada vez se acerca más al diagnóstico de estado fallido y de hospitalario santuario del crimen internacional. El problema no lo tiene con un Gobierno que trabaja todos los días en el desmantelamiento de las defensas de la Nación y el Estado y en la entrega de las armas para su destrucción a todos los enemigos de España.
No. Según la Comisión Europea, el problema para la democracia en Europa son Polonia y Hungría.
También lo dicen todos los partidos mayoritarios de la hegemonía socialdemócrata en el europarlamento y los órganos de la Unión Europea, todos los del abanico que va desde el Partido Popular Europeo (PPE), en plena descomposición, pasando por socialistas y liberalios exquisitos hasta los verdes y comunistas, valga la redundancia. Dicen todos ellos que son los gobiernos nacionales de Hungría y Polonia, con políticas de derechas, con amplias mayorías varias veces renovadas en impecables elecciones generales, son un peligro para el Estado de Derecho. Entre otras cosas porque en Polonia quieren que el parlamento nombre a los jueces. ¿Como en España quizás y tantos otros países? Pues sí, más o menos así. ¿Con la poco sana intención de que los políticos puedan frenar y controlar a los jueces? Pues sí, como pasa en España y tantos otros países. En España eso sucede desde 1985. Un año más tarde, España era aceptada con aplausos en la UE. No hubo pegas. Hoy todos saben en España que los jueces de los órganos superiores de la judicatura son dependientes y obedientes a las presiones de los partidos. Nadie ha molestado a España por eso. En cambio si se lo propone Polonia es poco menos que la declaración de una dictadura.
Budapest y Varsovia han dicho que basta ya. Y hacen un favor histórico a toda Europa. También a España.
También se acosa y amenaza a Polonia y Hungría con sanciones porque los dos países se niegan a abrir sus fronteras a la inmigración musulmana. No la quieren. No la quiere la población que ha votado a los partidos que le han prometido protegerla del terrorismo y de la invasión de una inmigración musulmana. Pues se la quieren imponer desde Bruselas donde hay barrios en los que rige la ley islámica. Se la quieren imponer a países como Hungria y Polonia sin terrorismo gracias a esa política y con un grado de homogeneidad cultural que revierte en seguridad y libertad. Y quienes quieren imponerla son los que han visto destruidas sus sociedades con una inmigración que es enemiga de todos los valores y costumbres que han hecho de Occidente la civilización más compasiva, libre, próspera, abierta y eficaz de la historia.
Hay más causas de la progresía globalista de la UE para llevar a la picota permanentemente a estos dos países. Y para amenazarlos con cortarles ayudas y subvenciones que les corresponden. Por eso han puesto los dos ahora pie en pared y han presentado su veto a los presupuestos y a la ayuda de reconstrucción por el covid, ese dinero que tanto espera el Gobierno de Sánchez para engrasar su proceso de cambio de régimen. Budapest y Varsovia han dicho que basta ya. Y hacen un favor histórico a toda Europa. También a España.
Plena sumisión a los preceptos de la izquierda, vote lo que vote la población. Hasta que la nación no tenga opciones más que una sola política, la socialista, igualitarista, atea, globalista. De eso se trata.
En el aparato de la UE y en la mayoría socialdemócrata bienpensante de los partidos y del aparato de Bruselas, esa que siempre tiene excusas para los abusos en Irán, en Cuba o China, produce furiosa indignación que estos dos países tampoco quieran aplicar políticas de hostilidad al cristianismo y de promoción del homosexualismo y adoctrinamiento LGTB en los colegios para menores. Pues no quieren y lo dicen muy claramente. En ningún tratado de la UE está escrito que los países tienen que aceptar clases LGTB, inmigración musulmana ni otras regulaciones específicas sobre la judicatura. Pero la Comisión y los partidos mayoritarios han creado una causa general contra estos dos países que en realidad es una causa ideológica y sectaria contra todas aquellas naciones que pudieran atreverse a votar a opciones de la derecha conservadora con principios cristianos y convicción y decisión para la firme defensa de la libertad y de los pilares de nación, familia, persona sagrada y vida humana.
De lo que se trata es de utilizar a Bruselas como un comisario político que imponga con todos los mecanismos de chantaje y coacción que blindan las estructuras y el poder económico de la UE. Para que en la UE no haya en el futuro más que gobiernos que obedezcan malamente todos los postulados de la izquierda y sus nuevos mitos del multiculturalismo, feminismo, género, radicalismo ecológico, animalismo, en suma globalismo. Se trata de esto, plena sumisión a los preceptos de la izquierda, vote lo que vote la población. Hasta que la nación no tenga opciones más que una sola política, la socialista, igualitarista, atea, globalista. De eso se trata.
La lucha de Polonia y Hungría, a la que se ha adherido Eslovenia y que goza con muchas simpatías […], es una lucha por la soberanía, la libertad, la democracia y la civilización.
Para ello tienen por supuesto que acabar con las naciones como el continente esencial de la democracia. Para que las sociedades europeas no puedan resistirse a las imposiciones de una burocracia y un poder anónimo no elegido y no recusable que practica una ingeniera social implacable desde las alturas inalcanzables e incontestable. Que para sí habrían querido algunos teóricos comunistas del pasado. El Green Deal (Acuerdo Verde) es un inmenso, colosal proyecto de ingeniería social que gastará ingentes sumas de dinero público y privado en crear una nueva realidad de total dependencia e injerencia del Estado. Cuyos dictados se impondrán hasta el último rincón de la empresa, la familia, la granja, el individuo y la moral y conducta privadas. En realidad, es el paso fundamental para, con el pretexto del mito de la emergencia climática, esa que a diferencia de la emergencia social no existe, imponer en toda Europa un régimen ya puramente globalista en el que las naciones nada puedan decir y las democracias hayan quedado absolutamente vacías de contenido.
Se ven las auténticas intenciones de esa mayoría supremacista izquierdista en que se ha convertido la UE con la entrega total de fuerzas como la CDU alemana de Angela Merkel y esa masa maleable francesa que voto a Emmanuel Macron. Con los postulados ideológicos de la izquierda quieren acabar con la nación, con las democracias y con todo lo que suponga nuestra identidad, desde sus raíces cristianas y la historia real de las naciones occidentales a los valores, los hábitos de las relaciones interpersonales, los derechos de la persona, identidad cultural y demás señas. Nos quieren hacer intercambiables con los chinos. Y hay que temer que a nuestras autoridades también.
De ahí que la lucha de Polonia y Hungría, a la que se ha adherido Eslovenia y que goza con muchas simpatías en todos los países europeos, es una lucha por la soberanía, la libertad, la democracia y la civilización. No es por tanto solo un agravio escandaloso de la obscena diferencia de trato de la UE hacia Budapest y Polonia por un lado y por otro el que otorga a un gobierno abiertamente antidemocrático, abusador y delincuente como el español. Es una batalla de inmensa importancia en la guerra de supervivencia de la Civilización Occidental ante este nuevo proyecto totalitario igualitarista que por vías inicialmente incruentas, pero no menos brutales y coactivas, pretende la socialdemocracia y el globalismo.
Hermann Leopoldo Tertsch del Valle-Lersundi
Periodista, escritor y político español, actual
Europarlamentario por la formación política Vox
Miembro del Consejo Editorial del periódico La Gaceta de la Iberosfera.
@hermanntertsch
https://gaceta.es/opinion/amenazas-a-la-democracia-en-europa-mito-y-realidad-20201119-1929/
