Las últimas manifestaciones del
chavismo para contrariar la voluntad popular manifestada claramente el pasado 6
de diciembre, han servido entre otras cosas, para poner en evidencia la
situación de ilegalidad con la que la actual Asamblea Nacional ha venido actuando y tomando decisiones con
el apoyo del resto de los otros tres poderes públicos. Y cuando nos referimos a poner en evidencia,
queremos decir, simplemente, que hasta el ciudadano común, el de a pie, el que
anda bregándose la vida a diario, eso que se suele llamar pueblo, también se ha
dado cuenta. Una cuenta que da 112 diputados, en el caso de la mayoría
calificada necesaria para que la
Asamblea Nacional, según con la
Constitución vigente de 1999, pueda nombrar a los titulares tanto del Poder
Ciudadano, o sea, Contralor, Fiscal General y Defensor del Pueblo, así como a
los Magistrados del Poder Judicial y a
los Rectores del Consejo Nacional Electoral.
El común de las personas ignoraba, o no
tenía conciencia, hasta ahora, cuando con motivo de los comicios del 6D, la
prensa y los medios resaltan el número, precisamente, de 112 curules obtenidos
por la oposición, que existía y menos lo
que significaba, una mayoría calificada.
Su importancia también se está entendiendo ahora, porqué es ahora que
ese pueblo ingenuo, engañado, pero no tonto, puede hacer comparaciones y
entender lo que ha pasado y como la Asamblea Nacional saliente, la chavista, ha
venido durante estos últimos cinco años,
conculcando la Constitución, la misma de la cual Chávez dijo una vez, ser la
mejor del mundo.
La pregunta está en el aire y se hace
en todas partes ¿Cómo con una mayoría simple de 98 diputados, que son los que
obtuvo la coalición gobernante PSUV-PCV en las elecciones parlamentarias del
2010, esto es, faltándoles 14 votos para tener una mayoría calificada, pudieron
designar a los miembros del Tribunal
supremo de Justicia, a los del CNE y a los tres miembros del Poder
Moral?. La respuesta a dicha paradoja es muy sencilla, haciendo caso omiso de
la letra constitucional y evadiéndola de manera descarada; sin importarle la
opinión de la bancada opositora y sin respeto alguno al poder popular.
Lo mismo ocurre, a raíz del
establecimiento del denominado “parlamento comunal” por la Asamblea Nacional
saliente, en días pasados, con todo lo relativo a las comunas y las juntas o
consejos comunales, formas de autogobierno y autoridad locales, llamadas a
sustituir en esta revolución a los municipios, a las alcaldías y a las
gobernaciones, así como al resto de las
estructuras del Estado liberal-burgués.
Resulta que ante lo evidente del engaño
o mentira que significa tener una asamblea o parlamento comunal, paralelo al
Poder Legislativo de verdad, al único, al legalmente establecido y reconocido
por la Constitución de 1999, hasta quienes creían que todo lo relativo al
régimen comunal dejado por Chávez era legítimo y verdadero, comienzan a
comprender que se trataba de otra mentira más. De un delirio del líder, más
allá de la Constitución que juró respetar, pues si hay algo cierto en todo
esto, es que los decretos leyes promulgados por Chávez en su momento, eran
anticonstitucionales. No importa lo que digan algunos ex constituyentes y
voceros del gobierno.
En efecto, cuando la Asamblea
Constituyente del 99 redactó la actual Constitución, no introdujo el tema
comunal en su texto y la palabra comunal apenas se menciona. Sin embargo, si
incluyeron, expresamente, las parroquias y las asociaciones vecinales como
formas de organización dentro del municipio; definiéndose este último, en su
Artículo 168 como la unidad política primaria de la organización nacional. Ese
mismo Municipio que tuvo un papel protagónico en los movimientos
independentistas hispanoamericanos, incluido por supuesto, el venezolano,
iniciado de algún modo, con la decisión del Cabildo o Ayuntamiento de Caracas,
el 19 de abril de 1810, cuando se manifestó la voluntad popular en contra del
capitán general Emparan. Entonces ¿en
qué quedamos?
Tampoco termina de entender el
ciudadano que ejerció el voto hace un par de semanas atrás, para qué se eligió una nueva Asamblea Nacional, si la
saliente, culminado como ha sido su periodo ordinario de sesiones, se reúne de
manera extraordinaria e irregular, sin que haya alguna materia urgente de
interés nacional, pendiente o emergente que tratar; lo que no debe confundirse
con el interés o urgencia del gobierno por sustituir algunos miembros del
Tribunal Supremo de Justicia e impedir que la nueva Asamblea lo haga en el
futuro.
Es este tipo de maniobras subrepticias,
verdadero sabotaje a la Constitución y las leyes, que atentan contra la
soberanía popular, lo que, en definitiva, el ciudadano común, el propio pueblo,
está descubriendo ahora mismo del gobierno. Un pueblo, dicho sea de paso, que
escuchó a Chávez y le creyó siempre, en vida, cualquier cosa que dijera. El
problema, el verdadero problema para este gobierno, es que Chávez ya no está.
Jose Luis Mendez
Xlmlf1@gmail.com
@Xlmlf1
España
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